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A por Pedro Sánchez por lo civil o por lo penal: tras el procés, Vox judicializa ahora la pandemia

El partido de Abascal ha interpuesto numerosas querellas, denuncias y recursos ante los tribunales contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria

El PP se suma a Vox y y denuncia al Gobierno por la compra de mascarillas 

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Vox irá a la comisión del Congreso a exigir dimisiones y no aceptará un "circo" para "repartir culpas"

Santiago Abascal, líder de Vox, junto a Javier Ortega Smith y el portavoz, Jorge Buxadé

Vox, la formación de extrema derecha que dirige Santiago Abascal, no se conforma con ejercer su línea de oposición contra Pedro Sánchez por la vía política y parlamentaria, pronunciando discursos incendiarios en el Congreso o lanzando duros mensajes en las ruedas de prensa. Desde que estalló la pandemia, Vox le ha cogido el gusto a judicializar casi todo lo que hace el Ejecutivo en su batalla contra la COVID-19 y, siguiendo la misma estrategia que ya utilizó durante el 'procés' contra los independentistas catalanes, no ha parado de presentar querellas, denuncias y recursos de todo tipo en los tribunales.

Antes siquiera de que estallara oficialmente la crisis, cuando el Gobierno estaba valorando las primeras medidas para decretar el confinamiento, la formación de extrema derecha empezó a acusar a Sánchez de mentir y ocultar la verdad a los españoles, culpándole de no haber suspendido la manifestación del 8M y la asamblea del propio partido en Vistalegre.

Después, a medida que se iba agravando la situación, Vox no tardó mucho en amagar con pedir responsabilidades "penales" al Ejecutivo, como finalmente ha hecho. A principios de abril, la dirección nacional dio la orden a sus grupos parlamentarios de que reclamaran a los tribunales el número "real" de fallecimientos que había habido desde febrero y sus causas. Posteriormente, el grupo en el Congreso pidió por carta a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que coordinara la elaboración de un informe para investigar las cifras reales de fallecidos por coronavirus "frente a los datos irreales que está proporcionando el Gobierno de España".

La primera denuncia que formalizó Vox contra el Gobierno fue por la decisión de Sánchez de incluir el 18 de marzo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión gubernamental que controla el CNI a través de un decreto ley de medidas económicas sobre el coronavirus. La extrema derecha presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y acusó al presidente de utilizar un "truco" para "colmar la aspiración de poder" del líder de Unidas Podemos.

En el Congreso, la formación de Abascal también emprendió una ofensiva contra los socialistas con la ayuda del PP. Primero fue por la decisión adoptada el 20 de marzo por la Mesa del Congreso de dejar en suspenso los plazos que rigen para la tramitación de iniciativas parlamentarias mientras durara el Estado de Alarma por el coronavirus. Y luego por la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de no convocar plenos, por lo que Vox presentó un recurso de amparo ante el Constitucional asegurando que se estaba vulnerando el artículo 23 de la Carta Magna.

Los fallecimientos en residencias, a la Fiscalía

El partido de extrema derecha ha abierto otro frente judicial por los fallecimientos en las residencia de mayores. El 17 de abril Vox pidió a las fiscalías provinciales que investigasen lo ocurrido en ellas así como los protocolos de actuación y que se tomaran medidas urgentes.

En una de sus duras intervenciones en el Congreso, Abascal llegó a asegurar que el Gobierno había convertido estos centros en "auténticos gulag", mientras la diputada regional de Madrid de Vox, Rocío Monasterio, hablaba de "geriatricidio".

El 20 de abril, el partido de extrema derecha volvió a anunciar la presentación de dos querellas, una contra el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno "liberticida" por los delitos de "imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad". Y otra ante Juzgados de instrucción "para que se esclarezca, investigue y condene a quien haya dado órdenes para destinar recursos de la Guardia Civil a minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno, y a quien las haya cumplido".

Esa denuncia se refería, en concreto, a las declaraciones del Jefe de Estado mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, que había dicho en rueda de prensa que su equipo trabajaba para "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". Posteriormente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó a un 'lapsus' este comentario, pero eso no evitó la avalancha de críticas de las derechas.

La presentación de ambas denuncias fue publicitada por el propio Abascal en su cuenta de Twitter:

Días antes, la formación ya había denunciado por idénticos delitos al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La querella criminal la extendió a la consejera de Sanidad, Alba Vergés; el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, y el secretario de Salud Pública, Joan Guix Oliver.

Recurso contra las prórrogas del Estado de Alarma

Vox también ha presentado sendos recursos ante el Constitucional contra los últimos decretos de prórroga del Estado de Alarma, para que se determine si las acciones del Gobierno constituyen "una flagrante violación" de la Constitución al utilizar este precepto de forma "abusiva e injustificada" y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, argumentó entonces que el Estado de Alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento.

El martes pasado, Vox anunciaba la presentación de una nueva querella ante un juzgado de instrucción de Madrid contra el Gobierno por los presuntos delitos de "prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude", según anunció Macarena Olona, al considerar que detrás de las compras de material sanitario hay indicios de "corrupción".

"Estos contratos se han adjudicado a comisionistas sin experiencia previa, a empresas sin empleados y con sobrecostes extraordinarios", afirmó Olona en una comparecencia en el Congreso que coprotagonizó junto a Abascal.

La formación ultraderechista quiere que declaren todos los responsables de las contrataciones y que entreguen en el jugado todas la documentación que tengan, desde albaranes, recibos y facturas de los pagos, hasta las rutas de los vuelo de Aena que transportaron material sanitario desde otros países a España.

El PP, a su vez, anunció este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía "por haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios".

Lo cierto es que Vox, como en un principio Ciudadanos, y en su día UPyD, es uno de los partidos que más tiempo y dinero invierte en procedimientos judiciales. En las cuentas anuales de 2019, la formación detalla que destinó "150.900,03 euros en fianzas constituidas por procedimientos judiciales que se encuentran abiertos a fecha de cierre de ejercicio [31 de diciembre]". La formación ultraderechista se personó como acusación particular en el juicio de procés y ha tenido que depositar numerosas fianzas para activar las querellas presentadas contra dirigentes políticos a lo largo de 2019. Entre ellas, la que presentaron contra el Torra.

El miércoles pasado, la formación de extrema derecha se apuntaba dos pequeñas victorias, aunque por ahora solo simbólicas. El Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso que interpuso la formación contra el Estado de Alarma sin entrar a valorar el fondo de la cuestión.

De igual modo, los magistrados del Constitucional también han admitido a trámite sendos recursos de PP y Vox contra la modificación de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para permitir que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el director del Gabinete del presidente, Iván Redondo, puedan sentarse en la comisión delegada para Asuntos de Inteligencia.

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