La acusación pide que el BBVA y Francisco González paguen una fianza de 2 millones

Madrid, 26 ene (EFE).- Una acusación de la causa que investiga los presuntos servicios de espionaje que el BBVA habría encargado a la empresa del excomisario José Villarejo, ha pedido al juez que imponga una fianza de dos millones a abonar de forma solidaria por la entidad y su expresidente, Francisco González.

En su escrito dirigido al juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el abogado Felipe Izquierdo pide que el exdirector del gabinete de presidencia del BBVA y jefe de auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, también responda de dicha cantidad.

En su opinión, se trata de una fianza “muy moderada y proporcionada ponderando por una parte las elevadas y millonarias remuneraciones anuales” de González y Gortari, y que la reparación del daño “ya no es posible”.

El pasado septiembre, el juez Manuel García Castellón admitió la querella del letrado, quien aseguraba “haber tenido conocimiento de que la entidad dio órdenes de 'espiarle' con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente, de Francisco González y Joaquín Gortari”.

Ahora Izquierdo insta al magistrado a acordar una fianza, a abonar de forma conjunta y solidaria por BBVA, González y Gortari, de modo que aseguren su posible responsabilidad en los hechos denunciados.

A la hora de calcular el importe, el abogado toma como base la cuota mensual de 2.000 euros, multiplicada por sus más de cuarenta años de ejercicio profesional, hasta un total que supera los 1,5 millones de euros.

A esta cuantía se le habrían de sumar otros casi 500.000 euros, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Se trata de una petición “muy moderada y proporcionada ponderando por una parte las elevadas y millonarias remuneraciones anuales de los querellados”, añade Izquierdo, que señala que en 2017 y 2018, Francisco González percibió 5,79 millones y 5,14 millones, respectivamente.

Además, la reparación del daño “ya no es posible” al haberse consumado “la desacreditación del querellante”, un “gratuito, repudiable y execrable destrozo de la persona” que “no se va a reparar jamás”.

“Son cuarenta y dos años de intachable ejercicio de la profesión, sin mácula alguna, destruidos por personas sin escrúpulos, vulnerando la intimidad, revelando datos de todo tipo de carácter personal, amparándose en su dinero y sus cargos de poder, que tan deshonradamente han ejercido?”, insiste Izquierdo.

Y lamenta: “¡y pensar que deciden sobre los ahorros de cientos de miles de personas!”.

Finalmente el abogado solicita la declaración como investigado de Gortari.

La “operación Trampa”, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una “reiterada injerencia” en los derechos de las personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria”.