Los camareros de siempre vuelven a Moncloa

Reapertura de la cafetería en el edificio Portavoz de Moncloa donde se celebran las ruedas de prensa del consejo de ministros.

Irene Castro


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10 de diciembre de 2019. El Ministerio de la Presidencia comunica a la treintena de camareros que presta sus servicios para los cerca de 2.000 empleados del complejo de la Moncloa que se van a la calle tras varios meses sin cobrar. El Gobierno decidió romper su relación con la empresa Dulcinea Nutrición, participada en un 16% por otra firma de la que la administradora era María de la O Martínez Bordiú, la nieta de Francisco Franco. La rescisión se produjo por los impagos a los trabajadores y también las deudas contraídas con la Seguridad Social. Ahí comienza una odisea para esos trabajadores, que se quedaron en un limbo legal durante meses, y que terminó este lunes con la vuelta de 14 de ellos a sus puestos. 

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Más de dos años después de que empezara el conflicto, el Gobierno ha adjudicado a la empresa Serunion el contrato para los servicios de restauración del complejo de La Moncloa, que incluye la cantina para los empleados, el bar que atiende a los periodistas que acuden a las ruedas de prensa de los consejos de ministros o las máquinas de vending. El Ministerio de Presidencia incluyó en los pliegos “incentivos para que la empresa adjudicataria contara con los trabajadores que en su día prestaron el servicio”. 

“Como resultado, la inmensa mayoría de trabajadores que ha querido incorporarse a la plantilla de la empresa adjudicataria ha podido hacerlo”, señalan fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños. En total, se ha recuperado a 14 de la treintena de camareros que fueron despedidos, según explica uno de los que ha vuelto. “Han rescatado a la mitad”, dice una de las antiguas trabajadoras, que ha optado por no regresar. “Me han llamado, pero mi vida ha cambiado y no he vuelto. Han cambiado el convenio, nos quitaban el plus para transporte y se pierde la antigüedad, es como si empezaras de cero”, explica a elDiario.es.

La situación de esa treintena de trabajadores ha sido complicada durante este tiempo. Cuando se fueron a la calle tras varios meses sin cobrar, encontraron dificultades para recibir la prestación por desempleo porque la Administración les consideraba trabajadores subrogados, es decir, que la nueva empresa que se quedara con el contrato tendría que quedarse con ellos. El problema es que a ninguna compañía le interesaba hacerse cargo de la adjudicación, porque tenía que asumir las deudas de Dulcinea. 

Un grupo de ellos decidió demandar al Ministerio de Presidencia para que se declarara improcedente el despido, se les readmitiera en la empresa y les pagaran los cerca de 96.000 euros que reclamaban. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio inicialmente la razón y obligó al Ministerio de Presidencia a readmitirlos en julio de 2020. Volvieron en octubre de ese año, según relata uno de ellos; pero el Gobierno recurrió la sentencia y en junio de 2021 el Tribunal Supremo absolvió al ministerio y los camareros se fueron de nuevo a la calle. 

Entre tanto, los servicios de restauración del complejo de la Moncloa han estado en manos de una empresa de catering con tres trabajadores. Los camareros despedidos fueron indemnizados a través del Fogasa dado que la empresa fue declarada en concurso de acreedores. No era la primera vez. Ya habían estado en huelga porque la anterior adjudicataria, Ramiro Jaquete, también dejó de pagarles algunos meses que terminaron cobrando del fondo público. 

La nueva adjudicataria comenzó sus servicios el pasado lunes con los catorce empleados que ya tenían experiencia en Moncloa y otros nuevos hasta completar los 35 que exigían los pliegos. El contrato, con un valor estimado de 3,9 millones de euros por dos años y tres prórrogas anuales previstas, abarca el servicio de restauración del comedor autoservicio, dos cafeterías (una en el edificio INIA y otra en el de seguridad) y una tercera que abre solo de forma ocasional anexa a la sala de prensa, así como para salas de reuniones o comedores institucionales y espacios en los que “de forma puntual puedan realizarse eventos de carácter protocolario”. Y también incluye las máquinas dispensadoras de snacks y bebidas.

Moncloa establece los precios máximos de venta: 7,50 euros por un menú completo; 2,30 por un primer plato y 3,60 por un segundo con guarnición; 2 por el desayuno y 3,5 si tiene zumo de naranja natural; la ración de croquetas de doce unidades a 4,75; el pincho de tortilla a 1,20; y la caña a 1,1. Y también dio puntos en el concurso por la inclusión de descuentos en bonos de comidas o la garantía de ciertas calidades: la oferta de pescado fresco al menos una vez a la semana suponía tres puntos; la de carne fileteada de vacuno y ternera, otros tres; o el aceite de oliva virgen extra en el uso de mesa, un punto.

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