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La Comisión Europea censura que Borrell tuiteara información confidencial sobre el expediente policial británico de Ponsatí

Pantallazo del tuit de Borrell, posteriormente borrado, en el que reproduce un fragmento del documento SIRENE británico.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

“Hay reglas muy claras para el sistema de información Schengen. Y esperamos que todos los miembros observen su letra y espíritu”. Así ha respondido la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, a la filtración por parte de Josep Borrell, ministro en funciones de Exteriores y jefe de la diplomacia europea electo. Un toque de atención inusual en una sala de prensa en la que los portavoces comunitarios se desenvuelven con extraordinaria diplomacia en lo que respecta a los gobiernos y gobernantes de los Estados miembros.

“El tuit fue puesto como ministro en funciones”, ha proseguido Andreeva, quien no ha dicho si la presidenta electa, Ursula von der Leyen, o alguien de su gabinete se ha dirigido a Borrell: “Ahora es cosa de las autoridades españolas hacer seguimiento del caso”.

Tras la reactivación de la euroorden contra Ponsatí por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las autoridades británicas la tacharon de “desproporcionada” y solicitaron más información sobre el caso a sus interlocutores españoles, a través del sistema SIRENE de cooperación policial europea para el intercambio de información sobre personas dentro del espacio Schengen.

Más tarde, las mismas autoridades británicas afirmaron que fue un “error” la descalificación para referirse a la petición de entrega de Ponsatí, si bien insistieron en que necesitaban más información de las autoridades españolas antes de decidir darle curso o no.

Y es ese segundo documento el que el ministro Borrell hizo público en Twitter, borrado más tarde, en el que decía que Reino Unido había enviado un “documento de rectificación”.

A consecuencia de ello, la eurodiputada Diana Riba (ERC/Greens/EFA), ha escrito una carta al Ejecutivo comunitario en la que le pide que tome cartas en el asunto y en la que sostiene que el comportamiento de Borrell vulnera las normas europeas, en tanto que ninguna autoridad política debería tener acceso –y menos aún publicar– a los datos restringidos del sistema SIRENE destinado a la cooperación policial.

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