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El comisionado de la CICIG viaja a Washington para cumplir una agenda de trabajo

El comisionado de la CICIG viaja a Washington para cumplir una agenda de trabajo

EFE

Guatemala —

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El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez, salió hoy del país rumbo a Washington.

El portavoz del ente de las Naciones Unidas, Matías Ponce, explicó en un audio y vídeo, que el viaje de Velásquez es para cumplir una agenda de trabajo que tenía prevista desde hace varias semanas.

“Se espera que el comisionado retorne en los próximos días”, dijo, sin entrar en detalle de las reuniones que mantendrá el jefe de la Cicig en la capital estadounidense.

El viaje se realiza después de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunciara el pasado viernes que no renovará el mandato de la Cicig, que vence dentro de un año.

Morales denunció ese día que la Comisión Internacional sembró “el terror judicial” y que esos señalamientos por la vía diplomática, conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente.

“Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios y reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la Cicig”, expresó.

La decisión del mandatario de no renovar el mandato del ente de las Naciones Unidas que se instaló en Guatemala en 2007 es rechazado por varios sectores de la sociedad y la comunidad internacional, porque representa un retroceso en el combate a la corrupción y la impunidad.

Desde 2015, la Cicig y el Ministerio Público (MP) han desmantelado varias estructuras criminales que tiene en prisión y procesados, entre otros, al expresidente de Guatemala, Otto Pérez, supuesto líder de “La Línea” dedicada a la defraudación aduanera.

Las investigaciones también han salpicado al actual jefe de Estado, Jimmy Morales, quien enfrenta un proceso de antejuicio que se encuentra en manos del Congreso, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a la petición.

Morales es señalado del delito de financiación electoral ilícita por más de un millón de dólares en la campaña electoral del 2015.

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