El Constitucional almacena ocho leyes estrella de la legislatura de Rajoy

La política de Mariano Rajoy de recurrir al Tribunal Constitucional en la oposición las normas aprobadas en el Parlamento con las que no estaba de acuerdo se le ha vuelto en contra. La oposición actual ha utilizado su misma estrategia a lo largo de la legislatura con una única diferencia: le acusan de utilizar el rodillo de la mayoría absoluta mientras que las leyes que recurrió el PP se sacaron adelante con el acuerdo de varios grupos parlamentarios. En lo que va de legislatura, se han presentado más de una treintena de recursos ante el alto tribunal para que se pronuncie sobre las medidas del PP. Algunas de ellas son las de mayor calado del Gobierno de Rajoy.

Las últimas iniciativas que llegarán al Constitucional serán la reforma del Código Penal y la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Las normativas, que se aprobaron definitivamente en el Congreso, serán recurridas por el PSOE. El partido de Pedro Sánchez considera que el PP apuesta por el castigo como “uso preferente” y que se encamina hacia un Estado policial.

Los socialistas, que se han comprometido a derogar la llamada 'ley mordaza' si gobierna, tienen más complicado explicar su oposición vía alto tribunal a la prisión permanente revisable. El pacto antiyihadista que Sánchez y Rajoy firmaron con toda la solemnidad de los actos oficiales en La Moncloa incluye que los terroristas serán condenados a la máxima pena. Esa es desde ahora la cadena perpetua revisable. El PSOE sostiene que el pacto con Rajoy no la incluye de forma explícita y que la derogará si llega al poder. Por el momento, apela al alto tribunal por su dudosa constitucionalidad.

Los votos del PP sacaron adelante la LOMCE, pese a los votos en contra de la oposición y a que no contaba con el respaldo de la comunidad educativa. El Constitucional ha admitido a trámite los seis recursos presentados en su contra (PSOE, Gobierno y Parlamento catalán, y los gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias). Los escritos de las autonomías denuncian, en general, la invasión de competencias o las trabas lingüísticas. Cataluña recurrió, en concreto, la disposición que obliga al Gobierno a asumir el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos, de acuerdo con la ley de José Ignacio Wert, se repercutirán después a la comunidad autónoma.

El PSOE y los gobiernos socialistas están en contra de la segregación de los estudiantes en itinerarios académicos, así como la financiación de los colegios que separan por sexos. Andalucía considera que se vulnera la Carta Magna al hacer obligatoria la asignatura de religión, y Asturias, que se deja fuera a un gran número de alumnos al imponer “reválidas o los ranking de centros”.

La Izquierda Plural, UPyD y el PSOE también recurrieron al Constitucional el 'decretazo' que aprobó el Gobierno en julio de 2014 y que afectaba a un total de nueve ministerios. El paquete de medidas incluía desde medidas económicas a cambios en la carrera militar. La oposición tachó de “atropello” al Congreso que la treintena de normas se modificara a través de un decreto ley para evitar así el debate parlamentario.

Un total de 3.000 municipios -a los que se sumaron varios parlamentos regionales- elevaron sus quejas al Constitucional por la reforma de la Administración Local. Según el recurso, que admitió a trámite el tribunal, la ley impulsada por Cristóbal Montoro crea “dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados a convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios”.

En los despachos de la institución también está el recurso de la amnistía fiscal de Montoro, que permitió tributar al 10% el dinero no declarado. 50 diputados socialistas firmaron el texto que se ha admitido a trámite y que recordaba que los ciudadanos cumplidores tributaron al 43% esas rentas y que, por tanto, la medida es “contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad” que fija la Carta Magna.

El Gobierno se adelanta al Constitucional

El control político de RTVE es otro de los asuntos sobre los que deben pronunciarse los magistrados después del cambio que, otra vez, el Gobierno aprobó por la vía del decreto ley para la elección del presidente del organismo. Los socialistas cargaron contra el Ejecutivo por rebajar a mayoría absoluta esa designación frente a los tres quintos de la Cámara que necesitaba anteriormente.

También está admitido a trámite el estudio de la constitucionalidad de tres aspectos de la ley de propiedad intelectual: la compensación por copia privada, cuya cuantía el Gobierno dejó abierta en función de los Presupuestos Generales del Estado; la ventanilla única para el pago de los derechos de autor, que según el PSOE vulnera la libertad de asociación; y el arbitraje para los conflictos de las tarifas entre entidades de gestión y usuarios, que puede suponer una transgresión de la tutela judicial efectiva.

La lentitud del Constitucional en pronunciarse -puede tardar años en modificar una legislación- ha llevado en este caso a que el Gobierno se le haya adelantado. Aunque tiene recursos en espera, el Ejecutivo de Rajoy ha dado marcha atrás en algunos proyectos antes de la decisión de los magistrados.

El caso más llamativo fue el de la ley de tasas que defendió con ahínco Alberto Ruiz Gallardón. El pago por acceder a determinadas instancias judiciales iba en contra de la tutela judicial efectiva, según el recurso que llegó al tribunal. La llegada de Rafael Catalá al Ministerio provocó un cambio en esta política al derogar de manera inmediata las tasas, a las que se oponían tanto jueces, fiscales y abogados como los demás partidos.

Tampoco tuvo que pronunciarse sobre la devolución de la paga extra a los funcionarios, que Rajoy suprimió en su primer año de mandato. El Gobierno decidió dársela en el siguiente ejercicio.

Sin pronunciarse sobre la anterior legislatura

Mientras que el Constitucional ha avalado la reforma laboral de Fátima Báñez así como la no revalorización de las pensiones de acuerdo al incremento del IPC, aún quedan pendientes recursos de la anterior legisltatura. No ha habido aún pronunciamiento sobre la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún así, el Gobierno modificará en abril la legislación para que las menores de 16 años no puedan abortar sin permiso paterno. Rajoy ha desistido de su propósito de aprobar una ley del aborto mucho más restrictiva en vista de la gran contestación social y de que había conseguido dividir a su propio partido. La renuncia a sacarla adelante costó el puesto de ministro a Alberto Ruiz-Gallardón.