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Destrucción Mutua Asegurada, una estrategia suicida en la crisis del coronavirus

Prueba nuclear francesa en Polinesia en 1971.

Iñigo Sáenz de Ugarte

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Pablo Casado enarbolaba la palabra 'lealtad' con una mano mientras con la otra sacudía con un martillo al Gobierno. El lunes, lanzó la amenaza definitiva con el anuncio de que el PP tiene decidido en estos momentos no apoyar las medidas excepcionales que han paralizado aún más la actividad económica en la lucha contra el coronavirus. Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid poco menos que acusaba al PSOE y Podemos de matar a la gente.

La Destrucción Mutua Asegurada fue la doctrina estratégica imperante durante buena parte de la Guerra Fría. A partir de un discurso de McNamara en 1962, EEUU incrementó su arsenal nuclear hasta tal punto que suponía que parte de él sobreviviría a un primer ataque soviético. La respuesta sería masiva, con lo que el rival se vería disuadido de dar ese paso. Las iniciales en inglés de la doctrina (la palabra 'mad' significa loco) representaba bastante bien la locura de la mentalidad de la era nuclear. La idea dependía de que el otro no estuviera lo bastante loco como para provocar la destrucción del planeta. Los ciudadanos quedaban en manos de esa premisa, escasamente alentadora.

Después de haber probado todas las respuestas posibles y multiplicado su actividad para intentar aparentar que está a la altura del presidente del Gobierno, reuniones por videoconferencia incluidas, Casado parece haber elegido la definitiva. Si el Gobierno no nos hace caso, se hunde el barco. Con nosotros dentro, pero eso no importa. Lo relevante es que cuando nos ahoguemos podremos decir que es culpa de Pedro Sánchez.

Los decretos leyes del Gobierno deben ser ratificados por el Congreso dentro de las próximas dos semanas. Hay tiempo para negociar, aunque Casado ya ha dejado claro que está lo bastante loco como para bloquear las ayudas económicas previstas en esas medidas. Provocar que el hundimiento económico se convierta en un holocausto parece ser un precio razonable.

Casado intenta definir su estrategia como una respuesta racional: “No es posible remar en la misma dirección si nos llevan a un precipicio”. Eso obvia que la semana pasada exigió al Gobierno medidas más duras para extremar el confinamiento, a las que Moncloa se estaba resistiendo por su impacto económico. Cuando se adoptaron, Casado dio media vuelta y ordenó avanzar hacia adelante sin mirar lo que dejaba detrás. Con tanto giro, habrá perdido de vista dónde está el precipicio.

El líder del PP también dijo que el peso de esta crisis debe recaer sobre el Estado, no sobre las empresas, como si fuera posible impedir lo segundo cuando no tienen ingresos ni clientes. En el comienzo de esta emergencia, lo primero que Casado puso sobre la mesa fue una reducción generalizada de impuestos, que habría dejado al Estado sin posibilidad de contrarrestar los efectos del desastre económico. Habrá que buscar en la papelera los restos de la servilleta de la curva de Laffer para entender la lógica de esa propuesta.

Otros dirigentes del PP no están para tantas sutilezas. Como es habitual, destaca entre ellos Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a los asistentes a las manifestaciones del 8M de ser como un virus. “Miles de personas de las marchas del 8M han contagiado a otras durante semanas”, dijo en una entrevista. Saber cómo la doctora Ayuso está tan segura de ese diagnóstico es tan complicado como enterarse del paradero de los aviones con ayuda procedentes de China que ella dijo que estaban a punto de aterrizar hace nueve días.

De momento, no quiere hablar de ese retraso ni de si ella ha sido estafada en eso que llama “mercado persa” (en esa clase de sitios son los tontos los que primero caen). Tampoco le apetecerá comentar el estado del hospital improvisado en Ifema, del que estaba tan orgulloso el Gobierno madrileño que hasta presumió de ser más rápido que los chinos. Desde el fin de semana, a algunos equipos médicos que allí trabajan se les han ofrecido como protección bolsas de basura para pies y cabeza y mascarillas que no protegen. “Nos están obligando a ir al matadero”, dice un médico. “Cualquier parecido con un hospital es pura casualidad”, protesta otro.

Como no se ha hecho ya suficientes enemigos, el Gobierno de Ayuso también se ha lanzado contra el Colegio de Médicos de Madrid por criticar que todo se centre en el hospital de Ifema perjudicando a los hospitales existentes y la atención primaria. Pobres médicos. No saben que Ifema es un imán informativo del que el Gobierno no va a prescindir. No se puede decir lo mismo de las residencias de ancianos, responsabilidad de la Administración autonómica, y que han sufrido un colapso general, tanto en Madrid como en otros sitios. Ha habido que esperar a este martes para que se intervengan ocho de ellas.

Todos los gobiernos están desbordados por una epidemia que ha arrasado con los que creíamos que eran los mejores sistemas sanitarios que un país rico se puede permitir. Todos reaccionan ante los acontecimientos, porque hay demasiados fuegos que apagar. Sería conveniente que las distintas administraciones supieran que tienen que trabajar juntos, que nadie se va a salvar solo. El Gobierno central cuenta ahora con un poder inmenso gracias al estado de alarma, pero sigue siendo un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso y le perjudica dar la impresión de que está aplicando su propia doctrina MAD. Yo decido y si no me apoyas, el barco se hunde.

Después de las carreras del domingo a última hora y del BOE nocturno, el martes se apreció un ejemplo de la flexibilidad que se podía haber demostrado el fin de semana. Los nuevos criterios del Gobierno permiten un nivel de actividad bajo o similar al periodo de más baja producción en algunas industrias, así como excepciones para el sector exportador. Lo suficiente como para que el Gobierno vasco y el PNV estén más tranquilos y no se pasen a las filas de la oposición.

En el singular mundo de las ruedas de prensa de los ministros en las que el Gobierno selecciona las preguntas que los periodistas hacen al Gobierno después de que cada ministro dé un largo discurso contando muchas veces lo que ya sabemos, hemos escuchado a la portavoz, María Jesús Montero, afirmar que “el Gobierno no ha paralizado la actividad económica”, lo que se encuentra bastante lejos de la realidad. Lo han llamado “hibernación”, lo que es un punto de vista demasiado optimista a menos que seas un oso.

Lo que está claro es que todo empieza y termina en el Gobierno, o sólo en Moncloa. Por momentos, ha parecido en esta crisis que Pedro Sánchez ha asumido todas las carteras. Es presidente, ministro de Sanidad, Economía y Relaciones con las Cortes y CCAA. Está claro que en las dos últimas funciones todo es muy mejorable. No hemos dejado de ser una democracia parlamentaria, ni siquiera con estado de alarma.

“Se hablará con otros partidos por si es necesario incluir otros puntos” en los decretos que deben ser sometidos a votación en el Congreso, dijo Montero en la rueda de prensa como de pasada. Veremos en los próximos días si se toman en serio esa actitud.

La comparecencia televisiva de expertos de la mañana tuvo como estrella invitada a Fernando Simón en una conexión desde su casa, donde está aislado después de que diera positivo. Es imposible subestimar la aportación del doctor Simón y lo mucho que lo necesita el Gobierno (como en su momento el Gobierno de Rajoy lo necesitó en la crisis del ébola). También lo necesita la sociedad, que no quiere verse cada día ante ningún precipicio ni verse abocada a ser la espectadora de una doctrina MAD que la puede llevar a la tumba. Quiere medidas enérgicas de apoyo al personal sanitario y otras que mitiguen las consecuencias económicas, y reclama portavoces que inspiren confianza y algo de optimismo.

Este fue el mensaje de Simón en su intervención del martes: “Lo que no se puede pretender es plantear medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de todas las que vamos implementando. Esto no es una carrera hacia arriba. No es a ver a quién se le ocurre una medida nueva. Esto es tratar de aplicar las medidas más coherentes posibles, las medidas que podemos valorar si han tenido un impacto o no”.

La doctrina Simón resulta más alentadora para la opinión pública que la doctrina MAD.

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