Correa pide comparecer por videoconferencia en la reapertura del caso de la caja B del PP
La cita judicial de la próxima semana está en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Francisco Correa debe acudir a declarar el jueves para corroborar y ampliar su afirmación de que el PP recibía dinero negro a cambio de adjudicaciones de gran obra pública durante el Gobierno de Aznar, que realizó en el juicio de Gürtel.
El presunto cabecilla de la red de corrupción ha solicitado, sin embargo, no ser trasladado hasta la sede judicial de la calle Génova y declarar por videoconferencia. Correa sufre claustrofobia y quiere evitar el que sería para él otro angustioso traslado en un furgón de la Guardia Civil.
El propio tribunal del caso Gürtel había eximido a Correa de asistir al juicio por este motivo. El 24 de febrero pasado, el presunto cabecilla de la trama de corrupción fue trasladado en ambulancia desde la prisión de Valdemoro, en la que permanece tras la condena del caso Fitur, hasta la sede de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio, en San Fernando de Henares. Su defensa presentó una queja por el hecho de que Instituciones Penitenciarias se empeñara en trasladar al preso a pesar de que el tribunal había resuelto que no era necesaria su presencia por el problema de salud alegado.
En cualquier caso, el juez que deberá interrogarlo el jueves, José de la Mata, ha solicitado por exhorto urgente al Juzgado de Valdemoro que envíe un médico forense a la cárcel para que compruebe si existe “algún impedimento médico” para trasladar a Correa desde el centro penitenciario hasta la Audiencia Nacional en el furgón de la Guardia Civil. Contesta así, en una providencia, a la petición que había realizado la defensa de Correa para que se procediera a ratificar un informe médico previo, de 2012, que aconseja sus traslados en ambulancia y en el que solicita, para evitarlo en este caso, que pueda declarar por videoconferencia.
Ya sea a través del plasma o en persona, Correa despejará la duda de si sigue adelante con las afirmaciones vertidas durante su declaración en el juicio de Gürtel o se acoge a su derecho a no declarar, que le asiste como imputado. En la vista de Gürtel, Correa ratificó el pasado octubre la confesión publicada por eldiario.es un año antes, según la cual él buscaba empresarios dispuestos a donar dinero negro al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. Según su relato, lo hacía en colaboración con Luis Bárcenas, que niega los hechos, y a cambio de un 2% o un 3% de la partida destinada a la gran obra pública que se aprobaba en el Consejo de Ministros que presidía José María Aznar.
Francisco Correa mencionó los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y a las constructoras OHL, Dragados y ACS, que desmintieron la acusación y anunciaron querellas. El tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó llamar a declarar durante la vista a los señalados, pero las acusaciones populares del caso de la caja B del PP Izquierda Unida y Adade presentaron una batería de diligencias en la Audiencia Nacional para reabrir el caso, ya en fase de juicio oral. Entre ellas, la declaración de Correa. La Fiscalía Anticorrupción apoyó su declaración y otras diligencias y el juez José de la Mata acordó llamar a declarar al presunto cabecilla de Gürtel.
En la cárcel por el 'caso Fitur'
Entre la petición de las acusaciones populares y la decisión de De la Mata se conoció la sentencia del caso Fitur, una pieza separada de Gürtel que ha costado a Correa una condena de 13 años. El fallo hace trizas las aspiraciones de la defensa del empresario, quien fue enviado a prisión de inmediato por el tribunal sentenciador, junto a sus colaboradores Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Los tres tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo.
El mismo jueves, 23 de marzo, está citado a declarar Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios que entregó dinero negro al PP y que ha alcanzado un pacto con Anticorrupción en el juicio de Gürtel para que rebaje su petición de condena a dos años. Al día siguiente, el viernes, declarará Plácido Vázquez, a quien Correa situó durante el juicio en el centro de la trama de comisiones con destino final en el Partido Popular.
