La crisis de la Casa Real distancia al PSOE de sus aliados en el arranque de la negociación de los Presupuestos

La fecha elegida por la Casa Real para anunciar la decisión de Juan Carlos de Borbón de irse de España ha permitido que el Gobierno contenga la incipiente crisis en su seno provocada por las enormes y públicas diferencias que hay entre los dos aliados de la coalición acerca de cómo ha gestionado el Ejecutivo la salida de España del rey emérito a un destino desconocido y por un tiempo indefinido. Pedro Sánchez dio el martes explicaciones a sus socios de Unidas Podemos, auspiciado por el secreto que rige en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pero estas llegaron tarde, en un gesto calificado de “deslealtad” en las filas confederales y que ha provocado una dura reacción tanto contra el presidente del Gobierno como contra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por parte de figuras tan destacadas del espacio político como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los problemas en el seno del Ejecutivo de coalición llegaron 24 horas antes de que los ministros se marcharan de vacaciones, lo que ha permitido suavizar el conflicto. Pero este se reactivará en septiembre, ya se verá con qué intensidad, cuando Unidas Podemos, con los comunes a la cabeza, lleven al Congreso una batería de medidas legislativas destinadas a aumentar el control parlamentario sobre la Casa Real, toda vez que el presidente del Gobierno ha zanjado las aspiraciones de un referéndum consultivo sobre la Jefatura del Estado. En una carta a la militancia del PSOE, Pedro Sánchez remarcó la “lealtad” del partido que lidera a la monarquía parlamentaria.

El mismo martes por la tarde, el vicepresidente segundo acudía a Telecinco para una breve entrevista en la que quiso dejar dos cosas claras. Primero, que el Gobierno de coalición no va a caer por que existan posiciones diferentes sobre el modelo de Estado o sobre la gestión pactada entre la Casa Real y Carmen Calvo. Segundo, que la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo es la garantía, en su opinión, de que hay sensibilidad social. “Pensamos distinto, es normalidad democrática”, dijo sobre la Monarquía, para mostrarse “muy satisfecho del trabajo en el Gobierno”. “Se notó con la subida del SMI, con el ingreso mínimo vital y con la construcción de un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país para proteger a los más vulnerables”, dijo, para concluir: “Nos toca hablar de reconstrucción, de los fondos que van a llegar de la UE. Eso lo va a hacer el Gobierno de coalición, que tiene muchos años por delante”.

Estas discrepancias acerca de la Jefatura del Estado no son nuevas y, hasta ahora, no han provocado fricciones serias en el Ejecutivo ni en la colaboración parlamentaria entre las formaciones que lo componen. En Unidas Podemos señalan, por ejemplo, que antes de las elecciones generales de abril de 2019 se ocultó que Felipe VI sabía que su nombre figuraba como beneficiario en una de las fundaciones a través de las que, supuestamente, su padre escondió de Hacienda millones de euros. El rey lo reconoció un año después, pocos días después de que se decretara el confinamiento general de los españoles. Y eso no evitó el futuro Gobierno de coalición.

Pero en la misiva que remitió Sánchez a sus bases, el presidente aprovechaba la referencia al “pacto constitucional” del 78 para apostar por sumar el máximo de partidos posible a los Presupuestos Generales del año que viene, cuya tramitación está prevista para este otoño y en cuya preparación en el Ministerio de Hacienda ya deberían estar trabajando, una vez que la Unión Europea ha aprobado el Fondo de Reconstrucción.

Y la negociación de los apoyos para sacar las cuentas públicas del año que viene en los términos esgrimidos por el presidente, unas cuentas fundamentales para asegurar la continuidad del Gobierno y que se cumpla el vaticinio de Sánchez e Iglesias de que la legislatura va a ser larga, sí pueden ocasionar un problema dentro del Ejecutivo de coalición. PSOE y Unidas Podemos coinciden de partida en reeditar la alianza parlamentaria que dio la investidura al líder socialista el pasado mes de enero. Pero los socialistas no han abandonado la idea de sumar a Ciudadanos, que podría además sustituir a ERC en caso de que los 13 diputados que comanda Gabriel Rufián rechazaran el acuerdo, como ya ocurriera en 2019.

La vía Ciudadanos levanta ampollas en Unidas Podemos. Si, durante el estado de alarma, el grupo confederal acogió el apoyo de los 10 diputados de Inés Arrimadas cuando peligraban las prórrogas de la excepcionalidad que permitía el confiamiento, el paso de las semanas ha vuelto algo más que incómoda la creciente relación entre la parte socialista del Gobierno y Ciudadanos. Hasta el punto de que la última reunión que mantuvo la vicepresidenta Carmen Calvo con el portavoz adjunto de Arrimadas en el Congreso, Edmundo Bal, motivó una queja pública de Irene Montero por la exclusión de Unidas Podemos de una cita a la que habían pedido asistir expresamente.

PSOE y Ciudadanos se apresuraron a asegurar que en la reunión no se habían tratado asuntos presupuestarios. Y Carmen Calvo señaló que donde está ella, en tanto que vicepresidenta, está representado el Gobierno en su conjunto.

Los socios parlamentarios también avisan

Calvo se ha convertido, precisamente, en el centro de las críticas de los aliados de la investidura por su gestión del destierro de Juan Carlos de Borbón. Desde Unidas Podemos ya se ha anunciado que pedirán su comparecencia para que dé explicaciones. Pero no solo. ERC y EH Bildu ya lo han solicitado. Las advertencias al Gobierno desde las filas catalanas por su aproximación a Ciudadanos han ido en aumento, sobre todo con la últimas encuestas que reflejan un empate entre ERC y Junts per Catalunya ante unas elecciones que todavía no tienen fecha.

El portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha advertido a los suyos de que su capacidad de presión ha decaído mucho desde que el Gobierno encontrara en Ciudadanos un apoyo con el que salvar los ultimátums de los republicanos catalanes. Eso sí, advertía a Pedro Sánchez de que sus 13 votos son incompatibles con los 10 de Ciudadanos.

Y el PNV, que no ha anunciado ninguna iniciativa parlamentaria sobre la salida del rey emérito, ha lamentado “la poca claridad con la que se enfrenta esta situación en el Estado español”.

Los nacionalistas vascos, con todo, cerraron la semana pasada con el Gobierno uno de los principales escollos para la negociación parlamentaria. El lehendakari Iñigo Urkullu presionó al máximo, amenazando con no ir a la Conferencia de Presidentes, hasta que logró cerrar con Hacienda la senda presupuestaria para la Comunidad Autónoma Vasca. Un elemento fundamental para que el Ejecutivo vasco pueda preparar sus propias cuentas para 2021.

El PNV ya permitió en 2018 que el PP aprobara con Ciudadanos los Presupuestos que siguen hoy vigentes. Si sus seis diputados no bloquean la negociación presupuestaria por la presencia de Ciudadanos, el Ejecutivo podría prescindir de ERC y Bildu si suma a Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Coalición Canaria.

Para Unidas Podemos este escenario no es el más deseable. Temen que la presencia de Ciudadanos rebaje su impacto en los Presupuestos, que los gire hacia la derecha, aunque de momento el compromiso por parte del presidente del Gobierno es el de cumplir el acuerdo de coalición. Hace pocos días, el Congreso aprobó la creación de dos nuevos impuestos, el de transacciones financieras (tasa Tobin) y el de servicios digitales (tasa Google).

El partido de Pablo Iglesias puede asumir no hacer de la república una causa en el corto plazo. De hecho, Podemos rechazaba expresamente ese debate en sus orígenes por entender que no traccionaba con un electorado transversal. Unidas Podemos es más laxo en este sentido y sus dirigentes sí hablan abiertamente de un proceso hacia una república, aunque lo fían más al largo plazo, a algo que traerán las próximas generaciones. No está tan claro que pueda, además, asumir rebajas en los acuerdos firmados con Pedro Sánchez. “Pacta sunt servanda”, ha dejado dicho el hoy vicepresidente del Gobierno en la tribuna del Congreso.