Las defensas del Guateque critican que el fiscal base su acusación en “indicios”

Las defensas de cuatro de los acusados en el caso Guateque, considerada la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, han recriminado hoy al fiscal que haya realizado una interpretación “intencionada” de las pruebas y que base su acusación en “indicios” en vez de en “certezas”.

Lo han indicado en una nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que los abogados de los 26 acusados, para los que el representante del Ministerio Fiscal solicita penas de entre 10 meses y 31 años de prisión, han continuado presentando sus conclusiones definitivas.

Según el Ministerio Público, hasta siete “tramas de tráfico de sobornos y favores” se urdieron en el entorno del Ayuntamiento de Madrid para agilizar expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que “utilizaban sus cargo técnicos como medio para lucrarse”.

Hoy han seguido informando las defensas, entre ellas la de Carmen Ibáñez, exfuncionaria de la Gerencia Urbanismo, quien ha indicado que la acusación contra su defendida se basa la interpretación “interesada” que hace el fiscal de una de las conversaciones intervenidas entre Victoriano Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, y otro acusado.

Ibáñez, que se enfrenta a una pena de nueves años de prisión, está acusada de colaborar con Ceballos para adelantar la tramitación de licencias a promotores a cambio del pago de sobornos, que luego se repartían.

En dichas conversaciones, ha explicado su defensa, no se hace referencia a ningún pago, únicamente a la labor de asesoría jurídica que Ibáñez realizaba para el Ayuntamiento, que se basaba en la valoración de si era necesario realizar un informe de Evaluación Ambiental para determinadas actividades sujetas a licencia.

El letrado ha criticado la “voluntad acusatoria” del fiscal ya que, bajo su criterio, no existe “ninguna prueba” contra su cliente, más allá de los posibles “indicios” que dieron pie a la apertura del caso, que en ningún caso son “suficientes para condenar por la vía penal a una persona”.

El segundo en intervenir ha sido el abogado de David Jiménez, exfuncionario de la Gerencia de Urbanismo, que se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel.

Jiménez, ha recordado su letrado, está imputado por una conversación intervenida que mantuvo con Ceballos en la que hizo referencia a que ya tenía el “las pelas” que le había entregado uno de los promotores.

A pesar de esto, ha continuado, en la misma llamada se pone de relieve que “Ceballos no sabe de qué local habla, de la ubicación del mismo o, tan siquiera, del tipo de licencia que necesita”, lo que demuestra que se trataba de una “simple broma” y no de la “certeza” de que estaban cometiendo un delito.

El ultimo en intervenir ha sido el abogado de Mario Mínguez, exfuncionario de Disciplina Urbanística en la Junta Centro, que se enfrenta a una pena de 1 año de prisión.

La defensa Olave ha indicado que su cliente nunca contactó con Santiago Castillo, empresario ligado a la firma AC93 Proyectos y Obras S.L., para solicitarle que utilizara sus contactos en el Ayuntamiento para adelantar la concesión de una licencia para la Clínica Ruber.

Si llegó a contactarle, ha continuado, para preguntarle acerca del precio que tendría la actualización de la licencia de los cuatro edificios de la clínica, pero la cantidad que Castillo le indicó era “demasiado”, así que le “dio largas”.

Además ha indicado que la Clínica Ruber realizaba los pagos directamente a la empresa AC93 cuando contrataba sus servicios, con lo que no existe “ninguna posibilidad” de que Olave interviniese en el proceso y demuestra que el delito únicamente está “en la mente del representante del Ministerio Fiscal”.