Un despacho de abogados, la tercera empresa imputada en el caso Villarejo tras el BBVA y una naviera
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha imputado al despacho de abogados Herrero y Asociados en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción de los negocios.
La citación se produce en el marco de la pieza Iron, en la que el magistrado indaga la contratación por parte de este bufete de los servicios del policía jubilado para desprestigiar a un despacho de abogados de la competencia. Los hechos investigados se remontan a 2013, cuando Villarejo estaba en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. Es decir, mientras era policía en activo.
Herrero y Asociados se convierte, de esta forma, en la tercera empresa investigada en esta causa. Por el mismo motivo -la contratación de los servicios de Villarejo- hay también abiertas sendas investigaciones contra el BBVA y contra la naviera de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura.
En el auto al que ha tenido acceso el diario.es, fechado el 2 de septiembre, el juez apunta que los responsables del bufete encargaron a Villarejo que averiguara si exempleados que se habían marchado al despacho rival Balder IP Law les habían robado una base de datos y la estaban usando para quitarles clientes. Por ese trabajo, que también incluía un ataque informático, habrían pagado a empresas de la órbita del policía 302.500 euros.
García-Castellón mantiene que los administradores del despacho llevaron a cabo este encargo siendo “conocedores” de que Villarejo era policía y podía acceder a información confidencial incluso actuando de forma ilícita y sobornando a terceras personas.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la apertura de una investigación contra el bufete como “persona jurídica”, mantiene que la documentación analizada acredita que el despacho utilizó estas facturas para deducir la base imponible del impuesto de sociedades y pagar menos impuestos.
La reforma del Código Penal del año 2010 introdujo la posibilidad de imputar a las empresas y otras organizaciones como personas jurídicas. Las penas que prevé la ley van desde sanciones económicas a la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para contratar con el sector público, pasando por el cierre de locales o la suspensión de actividad por un tiempo. La más grave es la disolución de la persona jurídica y la prohibición para que realice cualquier actividad, aunque esta sea legal.
Villarejo permanece recluido en la cárcel madrileña de Estremera acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo utilizando las ventajas de su condición de funcionario público (placa, pistola...).
