El día que Aznar tocó la corneta

Tocó José María Aznar la corneta a principios de noviembre y, desde entonces, todos firmes. Como un solo hombre. “El que pueda hacer, que haga”, afirmó el ex presidente del Gobierno ante lo que consideró “una crisis constitucional sin precedentes” tras el acuerdo del PSOE y Junts sobre la ley de amnistía. Lo dijo, con Alberto Núñez Feijóo de cuerpo presente, silente y justo al lado: que si Pedro Sánchez era un peligro para la democracia; que ante semejante amenaza no cabía la inhibición; que había que movilizarse; que el que pudiera aportar que aportara; que el que pudiera hacer, que hiciera y que el que pudiera moverse, se moviera.

Desde entonces, se movió el PP hacia una estrategia más reaccionaria y más inflamada. Se movieron las asociaciones de jueces y fiscales con inusitados comunicados sobre una ley aún inexistente. Se manifestaron los togados ante las puertas de los tribunales. Se movió la patronal. Se movieron algunos colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se movieron los notarios. Se movió algún que otro despacho de abogados. Se movieron altos funcionarios del Estado. Y se movió, por supuesto, la trompetería mediática que acompaña habitualmente a la derecha.  

Ya saben: en España todo lo que no sea un gobierno del PP o es ilegítimo, o rompe la Constitución o dinamita España. La misma retahíla de siempre, pero con señales más preocupantes por haberse cruzado algunas líneas no traspasadas antes en democracia. 

Lo más inusitado es la cruzada política que el Poder Judicial ha emprendido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y que persigue, según fuentes socialistas, el colapso de las instituciones, “que no se pueda gobernar hasta que se repitan las elecciones cuántas veces sea necesario hasta que la derecha llegue a La Moncloa”. Todo, aderezado, con la bronca política y con las protestas en la calle que avivan la derecha del PP y la ultraderecha de Vox. Ya hubo, en el anterior mandato de Sánchez, decisiones escandalosas en el ámbito de la Justicia. 

Estado de alarma

La primera y más explosiva fue en julio de 2021 cuando un Tribunal Constitucional dividido y pendiente de renovación declaró inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno durante la pandemia por imponer el confinamiento domiciliario entre marzo y junio de 2020 como consecuencia de la muerte diaria de más de 1.000 personas. Aquella decisión salvó vidas en España y en el mundo, donde todos los gobiernos decretaron medidas idénticas por considerarlas necesarias e imprescindibles. Tres meses después, anularía también el segundo estado de alarma que estuvo vigente entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 para hacer frente a la emergencia sanitaria. Nada igual pasó en ninguna otra democracia.

Medidas cautelares en el Legislativo

El Constitucional iría aún más lejos con otra decisión sin precedentes en diciembre de 2022 al decretar medidas cautelares para paralizar la tramitación parlamentaria de una reforma que pretendía acelerar la propia renovación del tribunal. El máximo garante de la Carta Magna avaló una petición del PP por seis votos (los magistrados del sector conservador) frente a cinco (los progresistas) y suspendió la tramitación, solo tres días antes de que se votase definitivamente en el Senado la reforma del Código Penal en la que el Gobierno había incluido sendas enmiendas para poder renovar el tribunal de garantías. La izquierda parlamentaria y sus aliados descalificaron sin matices una decisión que temían pero que nunca esperaron que llegara a producirse porque conducía a una profunda crisis de confianza entre instituciones del Estado.

Recursos de Puigdemont y Comín contra Llarena

No menos alborotadora fue la decisión del Constitucional sobre los recursos de amparo de Carlos Puigdemont y Toni Comín contra el auto del juez Pablo Llarena que dictaba una orden nacional de detención, ya que la “sala de vacaciones” –que en principio solo toma decisiones urgentes– aprovechó su mayoría conservadora para inadmitirlos a trámite, en vez de esperar a la reanudación del periodo ordinario de actividad del tribunal. La doctrina del TC para el resto de recursos del procés consistió en admitirlos y resolverlos por amplio consenso. Todo ello se produjo en agosto de este año mientras avanzaban las negociaciones para la investidura de Sánchez, tras las elecciones del 23J.

La responsabilidad 'in vigilando' de Griñán, pero no de Aguirre

El Supremo tampoco ha ido a la zaga del Constitucional si se recuerda que en su condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE les atribuyó una cuando menos discutible responsabilidad in vigilando, que habría llevado también a condenar a Esperanza Aguirre y a María Dolores de Cospedal por los casos de corrupción que afectan al PP y nunca fueron condenadas. Nunca hubo prueba alguna de que los políticos andaluces conocieran los delitos ni se apropiaran de dinero público. A Griñán, en concreto, se le condenó por un delito de malversación cometido durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda, cuando la Junta repartió sin control 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la paz social, no por lo que hizo o supo, sino por no haber desplegado con suficiente diligencia su deber de vigilar. El Supremo anunció la condena, pero tardó semanas en publicar su sentencia, causando indefensión a los afectados. 

Cambio de criterio ante los desórdenes públicos

El mismo tribunal, en respuesta a la reforma del Código Penal de los delitos de malversación y sedición, cambió los criterios sobre los que había asentado la sentencia del procés y decidió no aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos, tras apelar que los acusados no participaron personalmente en los disturbios (pese a que eso resultó irrelevante para condenarlos por sedición, otro delito contra el orden público). Decidió también no alterar, en la mayoría de los casos, los años de inhabilitación a los condenados por sedición (ya derogada) y malversación, pese a haberse suprimido uno de los tipos penales.

Un dudoso delito de terrorismo para Puigdemont

El juez Manuel García Castellón firmó el 7 de noviembre, una semana antes de la investidura de Sánchez y tras cuatro años de investigación, un auto donde imputaba al expresidente Carles Puigdemont un supuesto delito de terrorismo con posible muerte, la de un ciudadano francés que falleció tras sufrir un ataque al corazón en El Prat, de donde fue evacuado en helicóptero, durante las horas de la protesta de Tsunami Democràtic. Tomó la decisión sin esperar a recibir el informe solicitado por la Fiscalía para conocer su criterio sobre los pasos a seguir en la investigación.

García Castellón es el mismo juez que ha rechazado imputar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el caso del espionaje al ex tesorero, Luís Bárcenas, el que archivó la pieza que implicaba a casi 40 cargos del PP por contratos de publicidad con Alejandro de Pedro que se pagaron con dinero público y el que cerró la causa por financiación irregular del PP madrileño de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González.

Un CGPJ caducado contra el Fiscal General

La ofensiva contra el Gobierno llega desde distintos frentes judiciales. También desde un CGPJ con mandato caducado hace 5 años por el bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya mayoría conservadora ha considerado esta semana “no idóneo” a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. El informe no tiene precedentes en democracia y además contradice el propio criterio de hace un año del mismo Consejo, cuando consideró “idóneo” a García Ortiz para el mismo cargo.

El Supremo contra la presidenta del Consejo de Estado

También esta semana el Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por carecer, a su entender, del suficiente prestigio jurídico. Una sentencia que da respuesta a un recurso de la Fundación Hay Derecho y que, a juicio de los socialistas, “es corporativa, clasista y de derechas” porque “niega que se pueda adquirir experiencia y prestigio jurídico en el ejercicio de la actividad política o en la actividad funcionarial en un ámbito como el de la Seguridad Social”. 

En la izquierda parlamentaria sospechan que tras todo ello subyace una operación concertada que lleva al colapso de las instituciones, ya que “lo que pretende la derecha judicial, azuzada por la política y la mediática es el fracaso simultáneo de un conjunto de funciones vitales que haga inviable la gobernabilidad”. Y esto, auguran los mismos interlocutores, “no ha hecho más que empezar”.

Desde el Gobierno guardan silencio, no obstante. Y aunque dicen respetar las decisiones judiciales, es obvio que no las comparten. Aún así en el Ministerio de Justicia aún confían en que haya margen para renovar el CGPJ y en que el PP salga de esta espiral de consecuencias incalculables para el sistema democrático. “Con 'lawfare' o sin 'lawfare', hay decisiones judiciales que difícilmente se sostienen si no es con una motivación política y eso a estas alturas ya nadie lo puede negar”, defienden en la sede socialista.