El PP deslegitima el Congreso desde el primer día de la legislatura

“La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos, desde la opacidad de la disputa, solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones”. Estas dos frases pronunciadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la apertura solemne de la legislatura y en presencia del jefe del Estado han soliviantado al PP, que no ha dudado en poner en duda la integridad de la tercera institución del Estado, lo que pone a la Cámara Baja al final de una larga lista de organismos atacados por Alberto Núñez Feijóo en su año y medio en Madrid.

La reacción del PP fue la de no aplaudir la intervención de la tercera institución del Estado. “Es lamentable”, espetó Feijóo a los periodistas al finalizar la sesión. “No nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos, y se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso”, añadió. “Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece inadecuado”, dijo. 

Feijóo concluyó: “Es el peor discurso de un presidente del Congreso que he escuchado en mi vida”. Y se marchó sin responder a los periodistas que le preguntaron expresamente qué parte del discurso no les había gustado.

El líder de la oposición se fue contrariado con unas palabras que bien podrían ir dirigidas a él mismo. Durante el debate de investidura de Pedro Sánchez acusó al candidato de “corrupción política”. “Esta investidura nace de un fraude”, añadió. “Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas”, apuntó. “No tiene derecho a humillar a los españoles”, le dijo. Y anticipó una oposición en la que el PP no ayudará al Gobierno en ninguna circunstancia. Será una oposición “en bloque” con Vox.

Tras esas palabras, al final de su intervención, Feijóo hizo un alegato expreso sobre la “legitimidad” de la mayoría parlamentaria que ha permitido el nuevo Gobierno. Fue un gesto leve. A partir de ahí, el líder del PP ha entrado en un torbellino de insultos en los que ha llegado a señalar un “tic patológico” en las risas de Sánchez durante la investidura al recordar que el líder del PP dijo que él había “renunciado” a ser presidente. 

Feijóo da un paso más en la estrategia de deslegitimar las instituciones del Estado que no están al servicio del PP. Lo ha hecho desde que llegara al liderazgo de la derecha en abril de 2022, y todas (incluso simples organismos que no lo son) han entrado en su lista negra en algún momento que otro. 

El último en ser anotado, el Tribunal Constitucional, que el PP considera “de parte” después de ver cómo ha tumbado sus recursos contra la reforma del aborto o la ley de eutanasia. También ha arremetido contra el CNI, ha insinuado que Sánchez ha intentado controlar el CIS, el INE e Indra para intentar amañar las elecciones. La derecha bloquea la renovación del CGPJ desde hace un lustro.

De Sánchez, y de sus ministros y ministras actuales y pasados, se ha dicho casi de todo. Desde que es “el presidente más autoritario” a que quiere instaurar “una dictadura por la puerta de atrás”. En la propia tribuna del Congreso se señaló a la exministra de Igualdad Irene Montero por su relación con Pablo Iglesias. El nuevo portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se estrenó esta misma semana con un tsunami de insultos entre los que dijo que en el actual Gobierno hay ministros “que no condenan el terrorismo”.

En la agenda de Feijóo hay un nuevo objetivo: el Congreso y su presidenta, Francina Armengol.

Leyes del PSOE, pero también del PP

Las opiniones del PP a la salida del Pleno conjunto de Congreso y Senado fueron coincidentes. El nuevo viceconsejero de Políticas Autonómicas y Análisis Electoral, Elías Bendodo, aseguró que el discurso de Armengol fue “muy mejorable”. “Hay discursos que hay que saber estar a la altura y hoy no era el día para este discurso”, zanjó en unas breves e inconcretas declaraciones tras haber sido rebajado en su responsabilidad en la dirección de Feijóo.

La que sí afinó más fue la recientemente ratificada como secretaria general, Cuca Gamarra. “Lo que no puede hacerse por parte de quien es tercera autoridad y es representante de todos los grupos parlamentarios, es excluir [leyes que] no han sido impulsadas por el PSOE”, afirmó, para zanjar: “Es sectario, excluyente, sigue el mandamiento de Pedro Sánchez de levantar muros”.

Gamarra se refirió así a un párrafo en el que Armengol señaló que el Congreso “ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas” con las leyes aprobadas. La presidenta de la Cámara citó algunas concretas: “Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos: la Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la ley del divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La Ley de Pensiones no Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la ley de eutanasia”.

Los murmullos en los escaños de las derechas fueron muy elocuentes en este párrafo. Algunas de las normas citadas contaron en su momento, efectivamente, con el rechazo del PP (o de su predecesora, la Alianza Popular de Manuel Fraga). Es el caso del divorcio o de las distintas evoluciones del aborto. La primera nunca fue impugnada por la derecha cuando gobernó. La segunda, levemente. Y Feijóo ha asumido para su partido que el aborto es un derecho. 

Pero es que además Armengol citó expresamente el final del servicio militar obligatorio, que se hizo por impulso y obra del primer Gobierno de José María Aznar. O leyes como la General de Sanidad o de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, que contaron con el respaldo total o parcial del AP o del PP en su momento.

Sémper y la “porquería de la política española”

Quien también terció fue el oficializado portavoz nacional del PP, Borja Sémper, obligado contrapeso orgánico ante el protagonismo de Tellado.

“Ha actuado más como portavoz del Gobierno que conforme a su responsabilidad”, dijo el irunés, quien aseguró que Armengol “debe tener un discurso puramente institucional” y el de este miércoles transitó “por caminos políticos”. El de la presidenta fue un “muy mal discurso”, que estuvo “fuera de lugar” y que “no se corresponde con la responsabilidad” de la balear.

Tras justificar la ausencia de aplauso por parte de los diputados del PP, Sémper alertó: “Si perdemos el respeto institucional nos va a quedar muy poco. Es por donde va la política española, es una auténtica porquería dónde está la política española”.

Unas palabras similares a las pronunciadas por Armengol en su discurso cuando dijo: “La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que, en ocasiones, adolece el actual parlamentarismo, y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo, desde la transparencia y el respeto”. Y continuó, antes de glosar el puñado de leyes anteriormente mencionado: “Debate, diálogo, escucha activa y respeto: estas son nuestras herramientas y este es el lugar idóneo para usarlas. Hagamos buen uso de ellas, desde la lealtad y el compromiso, porque siguen siendo artífices de la esperanza y la libertad de nuestras sociedades”.

En sus declaraciones a los medios, Sémper dijo que “se está resquebrajando la institucionalidad en España”. Y concluyó con una premonición: “Yo intuyo también que la legislatura va a ser dura. Vamos a hacer todo lo posible para que dentro de la dureza, y la democracia pluralista nos invita a todos a confrontar ideas, sea una confrontación respetuosa con la Cámara, entre los políticos y, por lo tanto, hacia los ciudadanos. Esto es lo que debemos de preservar. Pero le confieso que tengo serias dudas de que eso vaya a ser así”.

Todo, en el arranque de una legislatura en la que algo menos de la mitad del Congreso pone en duda al actual Gobierno y a las principales instituciones del Estado.