DOCUMENTO | Discurso íntegro de Pedro Sánchez en la sesión de investidura

Señora Presidenta, señoras y señores diputados, Buenos días.

No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles.

Comparezco ante este Congreso de los Diputados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, al objeto de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara para ser investido Presidente del Gobierno.

Antes de exponer el programa de gobierno, quiero hacer dos reflexiones de partida. 

Una de carácter personal: el honor que representa para mí, como demócrata, como ciudadano y como español, tener la ocasión de obtener la confianza de la Cámara y de poder dirigirme a la Nación desde esta tribuna.

Otra de carácter político, directamente vinculada a lo que este momento representa: el punto de partida de un nuevo tiempo para España, en el que todos los aquí presentes estamos llamados a participar.

Unidos a estos sentimientos, permítanme transmitir un agradecimiento sincero.

En primer lugar, al conjunto de la ciudadanía, por su paciencia; y por su compromiso con la democracia. Los datos de participación en todas las citas electorales en el año pasado, evidencia la extraordinaria fortaleza de nuestra democracia.

En segundo lugar, un agradecimiento a mi partido, el Partido Socialista Obrero Español. Gracias, compañeros y compañeras, por la enorme confianza que depositáis en mí. Es un honor para mí representar en vuestro nombre a una fuerza política que representa también la historia viva de España.

Señorías, El pasado 10 de noviembre, los españoles fueron de nuevo a las urnas. Y señalaron una preferencia clara: situaron al Partido Socialista como primera fuerza a gran distancia de la siguiente.

No era ni mucho menos la primera vez que los ciudadanos eran convocados a las urnas. Nada menos que cinco veces han votado en el último año, y en las cinco elecciones han dado una mayoría clara al Partido Socialista. 

No solo el PSOE es la fuerza más votada, y por ello quien tiene mayor número de representantes. Con los resultados de las últimas elecciones, y una vez manifestada la posición de cada formación, no cabía otra mayoría como la que hoy vamos a presentar. Aunque ya hemos visto que sí puede haber una mayoría de bloqueo suficiente para impedir que se forme cualquier gobierno.

Pero las elecciones arrojaron también, Señorías, otro resultado sobresaliente: los españoles, al elegir a sus representantes, repartieron sus preferencias entre 19 fuerzas políticas diferentes. El mayor número de partidos representados en la Cámara Baja desde el inicio de nuestra democracia.

Esa es la voluntad de los españoles y nos corresponde a nosotros, a todos nosotros, traducirla en Gobierno. Insisto, no somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Cámara, han sido con su voto los españoles. Y a nosotros nos corresponde traducir su voluntad en Gobierno y no en bloqueo.

Nuestra Constitución atribuye a las Cortes la función de representar a la ciudadanía, porque es en ellas donde reside la soberanía de la Nación. Pero también demanda de ellas algo más: la misión de formar un Gobierno que ejerza la función ejecutiva y dirija la política interior y exterior de nuestra nación.

No hay Gobierno sin Parlamento; pero tampoco puede haber un Parlamento que funcione indefinidamente sin un Gobierno. Para funcionar plenamente, el mecanismo de la democracia necesita de todas sus piezas.

Por esa razón acepté el encargo del Jefe del Estado, y por esa razón comparezco ante ustedes con la esperanza de obtener la confianza mayoritaria de esta Cámara.

Señorías, Represento a un partido que tiene 140 años de vida. Nació cuando en España solo tenía derecho a votar el 3% de la población porque para ejercer el derecho al voto se requería en primer lugar ser hombre y en segundo lugar ser una persona pudiente.

En las elecciones que se celebraron hace 140 años, el PSOE no obtuvo, lógicamente, ningún representante. Ni uno sólo. Y, sin embargo, un siglo después, al restablecerse la democracia, ha gobernado España en más de la mitad de las últimas cuatro décadas.

Cuando un partido, o cualquier otra institución humana, perdura de forma tan prolongada a través del tiempo, suele significar dos cosas: en primer lugar, significa que su existencia hunde sus raíces en sentimientos y aspiraciones profundas de la sociedad; que no es un accidente ni un producto de las circunstancias pasajeras, sino que da voz a los deseos de millones de españoles y españolas.

Pero esta longevidad del PSOE tiene un segundo significado. El Partido en cuyo nombre les hablo es una institución que ha superado desde sus inicios las más diversas situaciones, propicias y también adversas. Nació sin otro apoyo que el impulso de dos docenas de trabajadores y profesionales que aportaban cada mes 50 céntimos de su salario para su sostenimiento. Ha predicado en el desierto hasta extender su organización y su influencia a todos los rincones de España; ha sobrevivido a la persecución y al exilio. Es un partido que no se rinde; que no desfallece. Es un partido que ha conocido todo tipo de situaciones y las ha encarado todas con ánimo de superación.

El PSOE es, como dicen sus siglas y acredita su historia, un partido español, formado por compatriotas, que, con aciertos y errores, ha contribuido y contribuye a mejorar la vida de nuestra sociedad. Se equivocan muy gravemente quienes, desde los bancos de la derecha, ponen en duda el compromiso de la izquierda con España. Por eso les pido a todos desde aquí el mismo respeto que reciban de nosotros, porque el respeto a la pluralidad es también un mecanismo esencial de la democracia. Y el PSOE lo ha representado a lo largo de toda su historia, que es la historia de España.

Señorías, la voluntad soberana de los españoles ha dibujado un mapa político sumamente fragmentado que convierte en un reto la configuración de las mayorías y, por tanto, la constitución del Gobierno, incluso con las zancadillas que estamos viendo en las últimas horas por arte de la bancada de la derecha.

Hay dos formas de encarar esa situación: una es la cómoda, y consiste en refugiarse en la pureza de las creencias propias, en inhibirse, en evitar correr cualquier riesgo y en esperar que sean otros quienes aporten la solución. No es la nuestra, no es la que corresponde a nuestra historia y a nuestra cultura.

Nuestra opción pasa por asumir la realidad parlamentaria salida de las urnas y construir con ella una solución.

Ese ha sido nuestro empeño tras las elecciones del 10 de noviembre: alcanzar la mejor solución que puede darse y lograrse bajo las circunstancias del aquí y el ahora, y de acuerdo con los principios progresistas que caracterizan a una formación progresista como es el PSOE.

Y en ello hemos puesto nuestro empeño: Primero, y en un plazo de 48 horas, alcanzamos un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos, a quienes agradezco su apoyo.

Es cierto que hubiésemos preferido formar un Gobierno socialista integrado por socialistas y enriquecido por independientes de prestigio. Es verdad también que nos abrimos en julio a un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y es cierto, por último, que esa negociación no fructificó, como todo el mundo sabe.

Sirve de poco señalar culpas. Es más útil volver a intentarlo sobre nuevas bases que aseguren las dos condiciones que dificultaron el entendimiento meses atrás: el principio de cohesión y el principio de idoneidad.

Eso hicimos porque eso es lo que nos pidieron los españoles y las españolas el 10 de noviembre. Eso hicimos y acordamos lo que no había sido posible meses antes: unir nuestras fuerzas en un gobierno de coalición progresista que funcionará como un gobierno unido, pues —cito el acuerdo— “se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.

A partir de ahí hemos trabajado para sumar a este acuerdo las fuerzas de otras formaciones hasta alcanzar la cifra crítica que permita la constitución de un Gobierno que eche a andar la legislatura. Y en esa situación comparezco ante ustedes para solicitar su apoyo.

Los españoles han votado en uno u otro sentido; pero han votado Gobierno, no han votado bloqueo ni parálisis. Y nuestra obligación es buscar la mejor solución que pueda lograrse aquí y ahora.

Todas las soluciones son respetables. No lo es la falta de solución.

Por eso quiero dejar constancia de mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España.

Menos aún se entiende que agiten los peores presagios sobre el porvenir de España y a la vez se nieguen a evitarlos. No comparto ni remotamente sus terrores. Pero si son sentidos y no fingidos no alcanzo a entender cómo es posible que no muevan un dedo por evitar que sucedan. Al concluir estas sesiones de investidura se producirá un voto. Y ese voto expresará tres posturas: - De un lado, se perfilará la España que avanza, que trasciende sus diferencias y se une para avanzar formando una coalición de progreso, diálogo y justicia social. - En medio, quienes no quieren sumarse a ese avance, pero al menos no lo impiden con su abstención. - Y de otro lado, una coalición curiosa y variopinta, en la que figuran desde la derecha hasta la ultraderecha hasta quienes se dicen antisistema y también los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es, en definitiva, la España que bloquea sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo ‘no’.

Señora Presidenta, Señorías, En resumen. Del mapa de este Parlamento pueden sacarse varias conclusiones. Primera, que los españoles han señalado al PSOE como primera fuerza, no una sino cinco veces a lo largo de 2019: quieren, por tanto, un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.

Segunda, que los españoles y las españolas han distribuido con equilibrio su voto y han otorgado a las derechas una representación significativa. Por tanto, quieren acuerdos amplios, transversales, que rompan la lógica estéril de los bloques y que ofrezcan el futuro de concordia que necesita y demanda España.

Y tercera, que los españoles han ampliado su representación en un buen número de formaciones de carácter territorial. Por tanto: quieren que superemos las tensiones territoriales que arrastra nuestro país y en particular que superemos el conflicto político que desde hace demasiado tiempo erosiona Cataluña y enturbia las relaciones entre Cataluña y España.

Y justamente esos serán los objetivos de la Coalición Progresista: gobernar con una mirada progresista; alcanzar acuerdos amplios y transversales en los asuntos de Estado; y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial y comenzar a superar el contencioso político catalán.

Me presento ante esta Cámara, por tanto, con un plan de Gobierno progresista que aúna la voluntad de avanzar del PSOE y de Unidas Podemos, pero que está abierto a la colaboración de todas aquellas fuerzas parlamentarias que apuesten por una solución de progreso a los desafíos que tenemos por delante.

Permítanme que describa la Coalición Progresista que me propongo encabezar por sus valores, por su actitud y por su método, para exponer seguidamente su programa de Gobierno. 

Comencemos por sus valores. ¿Cuáles son los valores que sustentarán esta Coalición Progresista?

En primer lugar, la justicia social, el propósito de recortar las desigualdades lacerantes que sufre buena parte de nuestra sociedad. En España hay más de doce millones de personas —es decir, una cuarta parte de nuestros compatriotas— que están en riesgo de pobreza o exclusión social.

La tasa de paro todavía es demasiado elevada (13,92% según la última EPA). Y entre los empleados hay trabajadores que soportan la precariedad laboral –sobre todo la gente joven- e incluso la pobreza: uno de cada 8 trabajadores está en riesgo de pobreza. En su mayoría, mujeres.

La pobreza infantil sigue en España entre las más elevadas de Europa: afecta a casi 3 de cada 10 niños y niñas, es decir, a más de dos millones de menores.

Soportamos uno de los índices de natalidad más bajos de Europa y el más bajo desde que se registran estadísticas en España. Eso refleja varias cosas, pero sobre todo las dificultades de los jóvenes para emanciparse, para encontrar un trabajo no precario y para desarrollar un proyecto de vida personal. Solo 19 de cada 100 jóvenes menores de 29 años se ha emancipado.

La desigualdad extrema es corrosiva para la convivencia y el progreso. Esa reducción de la desigualdad puede alcanzarse a través de la pre-distribución (es decir, mediante una elevación de los ingresos más bajos). Y así lo vamos a hacer. Y puede alcanzarse también mediante la redistribución, es decir a través de una fiscalidad justa y unos servicios sociales consecuentes. Y así lo haremos también desde la Coalición Progresista.

En segundo lugar, un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos de la comunidad. Defendemos y defenderemos la economía social de mercado, tal como lo estipula la Constitución. Creemos que el mercado es esencial para la generación de riqueza social y de prosperidad.

Y entendemos que la persecución del interés personal forma parte de la naturaleza humana y es un estímulo poderoso también ara la prosperidad. Pero existen otros impulsos que también forman parte de la naturaleza humana como la generosidad, la solidaridad y la empatía.

Por eso, creemos en una economía social de mercado; pero no creemos en una sociedad de mercado. Porque no se puede entregar al mercado la salud, la seguridad, el porvenir, la vida de las personas.

Señorías, tanto como creemos en la iniciativa privada, creemos en los servicios públicos universales. Hablo, por ejemplo, de la educación. Hablo de la sanidad. Que han sufrido en la última década recortes que se han traducido en un deterioro que se plasma, por ejemplo, en el aumento de las listas de espera, en copagos o en la externalización de servicios públicos.

Hablo también de los servicios de Dependencia, tras ocho años de entrada en vigor de la Ley que los creaba, y que se resintió durante el gobierno de la anterior Administración conservadora, con un descenso del gasto público de 4.600 millones de euros.

Somos una comunidad, no un grupo de personas. En eso consiste el verdadero patriotismo, en el reconocimiento de un bien común y no solo en la identificación con los símbolos de todos. Es rotundamente falsa la concepción neoliberal para la que la sociedad no existe. Y que solo toma en cuenta a individuos y familias. Existimos como comunidad. Y es lo público lo que nos une, nos vincula y nos representa como sociedad. 

Es verdad que los símbolos son importantes para los seres humanos, pero lo son precisamente por aquello que simbolizan. España es la educación de nuestros hijos, las pensiones públicas de nuestros mayores, el cuidado sanitario público de nuestros familiares; España es el socorro de nuestros vecinos en las catástrofes; la comodidad de nuestros desplazamientos; la seguridad de nuestras calles; España es también los impuestos que pagamos solidariamente para costear todo ello. 

El dinero no está siempre mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna. A menudo el dinero está mejor en las escuelas y en las bibliotecas que nos hacen más sabios, en los hospitales que nos mantienen más sanos, en las vías que nos comunican, en las pensiones que amparan nuestra vejez, en las comisarías y en los juzgados que garantizan los derechos y las libertades. 

Y quienes invocan a cada minuto el patriotismo, deberían prestar más atención a los bienes públicos que nos definen y representan como sociedad.

Eso es patriotismo y ese es el patriotismo social en el que se reconoce la Coalición Progresista que quiero encabezar y que comparte la inmensa mayoría de nuestro país.

En tercer lugar, el proyecto de la Coalición Progresista está indisolublemente unido a la libertad. La libertad frente a la intrusión arbitraria de las instituciones públicas y también frente a la interferencia interesada de quienes tienen más poder. 

La libertad no para hacer nuestro capricho, sino para no estar sometido al capricho de nadie; libertad para disponer plenamente del propio destino. Para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores y creencias.

Una noción de la libertad incompatible con la ley mordaza –por ejemplo- o con el propósito de ilegalizar organizaciones o clausurar medios de comunicación.

Una libertad para vivir plenamente y para administrar con dignidad el fin de la propia vida.

Una libertad para realizarse sin sufrir discriminación y menos aún violencia por el hecho de ser mujer.

Una libertad para no soportar persecución ni postergación por la orientación sexual. 

Una libertad para no ser relegado por la raza o menospreciado por la procedencia.

Una libertad plena, incompatible con el machismo, con la homofobia, con la xenofobia o con el racismo.

Una noción plena y valiente de la libertad porque nunca ha habido nada tan opuesto a la valentía como atacar a las mujeres o a los menores; ni nada menos noble que perseguir a los diferentes.

Una noción de la libertad que se inspira en el humanismo, en la defensa del valor de la vida humana, y que no se detiene en nuestras fronteras, sino que se proyecta en socorro de quienes precisan del auxilio de España y de Europa.

Es cierto que no deberíamos estar dedicando a estos asuntos ni un solo minuto, porque han sido durante décadas bienes sociales conquistados y asumidos colectivamente como sociedad.

Pero por desgracia vivimos un tiempo doloroso en el que se vuelve a cuestionar algo tan elemental como los derechos humanos. Hay que volver a recordar a Bertolt Brecht cuando se preguntaba: “¿Qué tiempos son estos en los que vivimos, que tenemos que defender lo obvio?” Pues seguiremos defendiendo lo obvio todo el tiempo que haga falta, hasta devolver la intolerancia y el fanatismo a la irrelevancia. 

Así mismo, en el régimen político democrático, la libertad supone una implicación activa de la ciudadanía en el gobierno e implica también un control estricto de cualquier abuso por parte de los poderes públicos. Exige transparencia, limpieza y ejemplaridad.

Debemos combatir la desafección política ciudadana con ejercicios claros de transparencia, mecanismos estrictos de control y garantías en la rendición de cuentas. No hay ni habrá ninguna excusa, ninguna justificación, para ningún comportamiento irregular.

En cuarto lugar, Señorías, una Coalición Progresista debe construir la cohesión social a través de la cohesión territorial. Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o de sentir la identidad nacional. Esta circunstancia no es nueva y era conocida por los constituyentes, que la plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza. La clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto.

Hoy existe en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto de las instituciones centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad.

Existe otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado y tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos. Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor racionalidad, pero son innegables, existen.

Y son el resultado de la incapacidad política y el abandono de anteriores Gobiernos de la vía política para resolver un conflicto que es de naturaleza política. No sólo en el acomodo institucional de la diversidad de identidades que tiene nuestro país. Sino de debilidades y desgates acumulados de nuestro sistema autonómico que debemos corregir.

Esta es una crisis heredada, de la que ya advirtió el PSOE estando en la oposición. Y que asumimos con toda la lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional, para devolver a la política un conflicto político. Permitiendo, con ello, dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española.

Hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto. Amparado por nuestra Constitución.

Señorías, llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas que tienen que ver con la vertebración de nuestro modelo de convivencia.

Llevamos demasiado tiempo acumulando agravios. Demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso.

Ahora iniciamos 2020, un tiempo donde los desafíos se han vuelto más globales y las soberanías están más compartidas. La desigualdad, el proyecto común europeo, la lucha contra la emergencia climática, la resolución del problema de las migraciones, el combate contra el dumping y los paraísos fiscales, el combate contra el terrorismo internacional… nos sitúan en la era de la interdependencia.

Una de las secuelas de la pasada crisis económica fue el retorno de fórmulas de otro tiempo que permitieran recobrar la prosperidad perdida y librarse de las amenazas que se ciernen sobre los individuos en un mundo global. 

Pero esas fórmulas ya no son válidas en el mundo interdependiente que vivimos.

Sabemos que los sentimientos no se imponen ni se prohíben. Y que la solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre la otra, sino de un cambio de ambas percepciones.

Así que lo que propongo a esta Cámara es recomenzar. Necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse.

Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto porque es nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros hijos y nietos, que merecen vivir en un país unido en su diversidad. No fracturado y confrontado.

Todos sabemos que es necesario el diálogo. Que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro. De la atención a sus razones. Que no hay otra forma de resolver este contencioso. No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley. La ley por sí sola tampoco basta, y lo hemos visto. La Ley es la condición, el diálogo es el camino.

Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas: abramos un diálogo honesto, amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal.

Tenemos la responsabilidad, todos los partidos presentes en esta Cámara, de arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada durante más de una década. Y hacerlo en torno a una propuesta de España diversa que se enriquece en la pluralidad de sus identidades, lenguas, culturas y personas.

No resolveremos súbitamente un problema largamente larvado durante la última década. Pero podemos comenzar a resolverlo con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad, y con generosidad y empatía. Y yo les garantizo que la Coalición progresista trabajará con eso: con paciencia y constancia, con templanza y responsabilidad, y con generosidad y empatía.

Existe también otro problema territorial acaso menos agudo, pero mucho más extenso que tenemos que afrontar con igual esmero: el del reto demográfico. El de la España que se ha despoblado por la falta de atención. 

Porque cohesión territorial es trabajar por crear empleo para aquellos jóvenes del mundo rural que se vieron obligados a buscarse la vida en grandes ciudades o en el extranjero. Cohesión territorial es tener una política de infraestructuras que conecte oportunidades para que nadie se sienta abandonado por las administraciones públicas.

Nuestra obligación es llenar de soluciones a esa España interior que languidece ante la despoblación, el envejecimiento, el desmantelamiento de sus servicios públicos y el empobrecimiento de sus hogares. Y para ello, el Gobierno que aspiro a formar tomará todas las medidas que sean necesarias, como detallaré más adelante. Medidas que lógicamente contribuirán a perfeccionar el mejor modelo territorial de nuestra historia, que es el Estado autonómico.

Señora Presidenta, Señorías, estos son los 4 valores cardinales que definirán la orientación de la Coalición Progresista: justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad y cohesión y diálogo territorial.

Si estos son los valores de la Coalición Progresista, ¿cuál será su actitud? Respondo sin dudar: pretendemos gobernar para todos los españoles, sean cuales sean sus ideas y fuera cual fuere su voto. Y pretendemos hacerlo además a través del diálogo.

La política no puede ser un tapón de la vitalidad de un país que quiere avanzar. 

Y esa sociedad nos lo reclama a todos. A las fuerzas progresistas, en primer lugar, porque ese ha sido el sentir mayoritario de su voto. Pero también se lo pide a las fuerzas de las derechas, que representan a un número elevado de ciudadanos. Y también a los partidos regionales y nacionalistas.

Sería un gran error ignorar ese mandato. No reconocer el resultado de las elecciones y negarnos unos a otros la legitimidad, como en algunas ocasiones escuchamos a la bancada de la derecha.

Todos tenemos la plena legitimidad democrática. Estamos aquí por eso. Con posiciones diferentes, a veces antagónicas. Pero con posiciones, al fin y al cabo, que representan a una parte de la ciudadanía española.

Esa ciudadanía podría llegar a entender que no alcancemos acuerdos, pero no podría entender jamás que ni siquiera lo intentemos, alegando que los puntos de partida de cada uno son muy distantes.

Justamente porque partimos de puntos distantes necesitamos más que nunca este Parlamento. Necesitamos más que nunca sentarnos a hablar. Precisamos por eso necesitamos más que nunca diálogo.

Nuestras orientaciones difieren, pero los problemas que padecemos son los mismos.

La contaminación y el cambio climático no hacen distinción entre izquierdas y derechas; ni siquiera distingue entre quienes creen o no creen en sus efectos. Por eso, es necesario un Pacto para reducir las emisiones de CO2 y que establezca, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de zonas urbanas libres de emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

De la educación, la cultura, la ciencia y la investigación depende en buena medida el futuro de nuestro país. Y el signo de ese futuro no hará distinciones entre progresistas y conservadores. Por eso, es necesario un pacto que garantice la inversión educativa al final de la legislatura en el 5% del PIB anual.

La vejez es algo que nos alcanzará a todos y no hace distinción tampoco entre izquierda o derecha. Por eso es necesaria una renovación del Pacto de Toledo, por eso es necesaria la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y por eso es necesaria también la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tenemos la oportunidad de probar a los ciudadanos que somos capaces de articular mayorías amplias para resolver problemas capitales. Devolvámosles la fe en la política. Demos prueba de que, por encima de nuestras particularidades y diferencias, hay una voluntad de entendimiento por el bien de España.

Desde el Gobierno no pediremos a nadie que renuncie a sus principios, no lo vamos a hacer. Sólo les vamos a pedir que renuncie a su sectarismo.

En años pasados fue muy criticada por estéril la lógica bipartidista que reducía la vida política a una dialéctica de dos grandes partidos. Aún sería peor que cayéramos en una dialéctica de dos bloques cerrados y herméticos. España necesita que se rompan los bloqueos. España necesita que hagamos cosas que hasta hace poco no éramos capaces de hacer.

Y así trataremos de hacerlo desde el Gobierno. No tenemos enemigos personales en esta Cámara, créanme, y nos esforzaremos por dialogar con todos. Evitaremos el insulto y el exabrupto. Creemos que en democracia la palabra es el instrumento de persuasión más poderoso.

Nuestros enemigos son la injusticia, el odio y el fanatismo.

El único sentido de un cordón sanitario es evitar el acceso de las ideas extremistas a posiciones de poder desde la que puedan dañar la convivencia. Por eso, cualquier cordón sanitario que se establezca no se dirigirá a las personas, se dirigirá a las ideas.

Por tanto, Señora presidenta, Señorías: valores progresistas; y actitud de diálogo; y en cuanto al método, permítanme que lo resuma en pocas palabras: será un Gobierno activo, ejecutivo y, en consecuencia, resuelto.

Necesitamos un Gobierno que dialogue y que decida. Nos han tratado de convencer desde las posturas conservadoras de que el Estado forma parte del problema y no de la solución. Que el mejor Gobierno es aquel que sestea indolente y se inhibe de los problemas del país. Hemos tenido bastante durante estos últimos ocho años.

Ya hemos visto que no es así, en la crisis de Cataluña o en nuestra proyección internacional; en investigación y en pensiones. Ya hemos visto que cuando no se abordan los problemas rara vez mejoran, a menudo empeoran y a veces se emponzoñan.

¡Claro que los Gobiernos a veces cometen errores en sus acciones! También se equivocan las empresas, y tampoco los mercados son infalibles. Pero el peor error que puede cometer un gobierno es no actuar, cruzarse de brazos.

El mundo vive una revolución tecnológica, social, climática, y tenemos que darle respuesta. La revolución que queremos promover no precisa de grandes alardes; se compone de un gran flujo constante de reformas y cambios en la buena dirección. Cambios –por ejemplo- que aumenten la sensación de seguridad de las personas y reduzcan el miedo al futuro; cambios que reduzcan las grandes diferencias de renta que sufren muchísimos españoles y españolas y devuelvan un sentido de comunidad y de confianza; cambios que reduzcan la tensión territorial y alimenten el entendimiento, la comprensión y la concordia entre españoles. 

Así pues, Señora Presidenta, Señorías;

Estas serán las señas de identidad de la Coalición Progresista: Valores, progresistas; Actitud, dialogante; Método, activo, ejecutivo y resuelto.

Permítanme ahora que desgrane con mayor detalle las propuestas concretas y programáticas que transformarán esos valores en hechos y resultados.

Hoy, aquí, nos disponemos a votar la primera propuesta de Gobierno de Coalición de nuestra historia reciente. Pero el programa que ofrecemos a la sociedad no es sólo el sumatorio del programa del Partido Socialista y del de Unidas Podemos, sino un programa que va mucho más allá pues incorpora demandas que emanan de la propia sociedad y de las transformaciones que necesita. Les recuerdo cuáles son:

1º Crecimiento económico, creación de empleo digno y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

2º La digitalización de nuestra economía.

3º La Transición ecológica justa.

4º La Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

5º La Justicia social.

6º El diálogo y el entendimiento de una España unida en su diversidad y comprometida con una Europa fundada en los derechos humanos.

Estas reformas conforman nuestra hoja de ruta para el cambio de década que comienza. Nuestro país debe iniciar una gran transformación que nos lleve a la España que nos merecemos en el año 2030.

El acuerdo de Coalición Progresista distribuye en diez grandes ejes este amplio paquete de medidas.

El programa completo está a su disposición, pero permítanme que esboce aquí algunas —solo algunas— de las medidas concretas más significativas que se incluyen en el mismo.

1. El primer capítulo se refiere a la consolidación del crecimiento y la creación de empleo digno.

España necesita consolidar el crecimiento económico. Seguimos creciendo por encima de la media europea, pero debemos mejorar las condiciones de competitividad, productividad y cohesión para hacer que nuestro crecimiento sea más sostenible.

Esta triada (competitividad, productividad y cohesión) serán los pilares que justifiquen las transformaciones económicas que abordaremos.

De ahí que propugnemos un crecimiento que se traduzca en empleo. De ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad. De ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad.

Este Gobierno cree firmemente en el Diálogo y en el Acuerdo Social. Por eso, proponemos reconstruir consensos rotos y derogar la reforma laboral de 2012.

Y avanzar, junto a los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que tenga en cuenta las nuevas realidades laborales y afronte los retos del empleo del siglo XXI.

Junto a ello, el Diálogo Social deberá abordar muchas tareas, a título de ejemplo, la simplificación y la reordenación del menú de contratos de trabajo, reforzar la causalidad en los despidos… 

La eliminación de los cambios que facilitan el despido por absentismo laboral justificado, la recuperación de derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la revisión de los contratos formativos, incluyendo la aprobación y el desarrollo del Estatuto del Becario.

Vamos a continuar apostando por el programa de retorno de personas emigradas. Al igual que continuaremos los planes de lucha por el empleo digno, la creación de empleo entre los jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración.

El gobierno, señorías, también impulsará una lucha sin cuartel contra el fraude laboral; y hará una apuesta decidida por la mejora de la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo, así como por la simplificación del sistema de protección por desempleo.

Actuaremos en materia de prevención de riesgos laborales, actualizando su legislación.

Señorías,

Hemos dicho antes que uno de los valores que guiarán la acción del Gobierno será la reducción de la desigualdad.

Y ello se acometerá desde la redistribución de la riqueza y las rentas. Pero también mediante la pre-distribución, es decir en base al incremento de las rentas más bajas. Gracias a ese Diálogo Social fijamos el horizonte de alcanzar al final de la legislatura un SMI que represente el 60% del salario medio en nuestro país. 

Abordaremos la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Incentivaremos la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social.

Nos proponemos impulsar un Plan Nacional de Emprendimiento Social y, desde esa misma filosofía, tenemos que hacer frente a uno de los principales desafíos que tenemos como es el de hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional, y en articular por la Formación Profesional Dual.

Impulsaremos el Plan Estratégico de Formación Profesional, incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa.

Hasta el año 2025, España necesita, señorías, crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional, reforzar la formación del profesorado, además de su movilidad y vinculación a los sectores productivos. Hoy en día, ya estamos actualizando el catálogo para incorporar 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización, asociados sobre todo a la digitalización de nuestra economía.

Pero es necesario ir más allá. Vamos a actualizar los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo. Se trata, en definitiva, de adaptar nuestro modelo de formación a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. Y en este sentido, vamos a trabajar en la reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra economía. 

Este gobierno cuenta entre sus valores con la defensa de los servicios públicos, el impulso de los bienes comunes. Para hacerlo con eficacia tenemos retos por delante que es preciso acometer.

Retos como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que exige mejorar los sistemas de acceso a la Función Pública, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño y clasificación profesional.

Es preciso, en este ámbito, revisar también el contrato de interinidad en las Administraciones para evitar su uso abusivo. Y avanzar de forma decidida en la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar cualquier tipo de discriminación de género.

Por último, señorías, en esta legislatura, les adelanto que el gobierno va a continuar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. Una medida justa para reparar una situación que se ha prolongado de forma injusta durante demasiado tiempo.

2. El segundo capítulo es la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario. Dos caras de una misma moneda.

Señorías, partimos de una convicción clara: es esencial combinar cohesión social con equilibrio presupuestario. Llevar adelante este ambicioso programa progresista de reformas; sentar las bases de un desarrollo orientado al cambio tecnológico; y aprovechar las oportunidades de la transición hacia una economía verde, exigen más evaluación de las políticas y más control del gasto público.

Vamos a cumplir nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa. Y lo haremos a la vez con sensatez en el gasto y con justicia fiscal. Una justicia fiscal que va a exigir de progresividad y, en consecuencia, que nos sitúe en la media del resto de países de la zona euro.

Un sistema fiscal justo es un sistema en el que contribuyen en mayor medida quienes más tienen, es decir, un sistema progresivo, y en el que nadie elude sus obligaciones fiscales, porque el fraude es la peor de las injusticias fiscales.

Señorías, Es imprescindible luchar contra el fraude con más y mejores herramientas. Por eso les anuncio que vamos a impulsar una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal y elaboraremos una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Así mismo, vamos a prohibir por ley algo que hizo el anterior gobierno y es que se puedan aprobar en un futuro amnistías fiscales.

Es necesario introducir límites rigurosos a los pagos en efectivo, prohibir el software de doble uso, impulsar la unidad de control de grandes patrimonios y ejercer un mayor control sobre las SICAV.

En materia de Sociedades, elevaremos el tipo efectivo para las grandes corporaciones y lo reduciremos para las PYMES.

También revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

En lo relativo a IRPF, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias que no se verán afectadas. Y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.

Promoveremos la fiscalidad digital, tal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea. E impulsaremos la Tasa Tobin como tienen otros países europeos. 

Es el momento de apostar por un futuro verde y la fiscalidad es un instrumento más para lograrlo. El objetivo último será desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y tendrá una premisa clara: evitar que cualquier cambio normativo impacte sobre las clases medias y trabajadoras. En este ámbito seguiremos promoviendo a nivel europeo el establecimiento de mecanismos de compensación de CO2 en frontera para las importaciones.

Es esencial abordar la modernización de nuestro sistema fiscal con criterios de justicia y eficacia para los ingresos. Yo creo que este es un diagnóstico que podemos compartir la mayoría de la Cámara. Pero si tenemos que ponernos al día y asegurar eficiencia en los ingresos aún debemos mostrarnos más vigilantes en el control de los gastos. En definitiva, ser más eficientes en nuestra gestión para que las transferencias de renta desde lo público cumplan los fines para los que fueron concebidas.

3. El tercer capítulo se refiere al impulso a la Industria, las Pymes, los Autónomos y el Sector Primario para reforzar nuestro tejido productivo en el marco de la Revolución Tecnológica.

Señorías, España tiene la posibilidad real de estar en el grupo de países que lidere la Cuarta Revolución Industrial. Pero para lograrlo debemos acometer reformas y prestar atención especial a algunos de los segmentos que sostienen nuestro tejido productivo, como es la economía social, como son las Pymes y los Autónomos, que representan a más de 3 millones de españoles. Les expongo a continuación algunas de las medidas que queremos impulsar durante los próximos cuatro años.

Continuaremos fomentando el Ecosistema Español de Innovación y apoyaremos decididamente a las PYMES, todo ello dentro de la Estrategia España Nación Emprendedora. 

Para ello, potenciaremos el papel del CDTI como principal agente dinamizador de la innovación en España. Y apoyaremos la transformación digital de las PYMES a través de la aprobación de un Marco Estratégico PYMES 2030.

Una pieza esencial de la política productiva es el impulso a la ciencia y la inversión en I+D+i.

Aumentaremos la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado, avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.

Es preciso facilitar la contratación de personal en los centros de investigación públicos; aumentar becas predoctorales y contratos postdoctorales y mejorar las condiciones del personal investigador predoctoral, equiparándole en derechos y apostando por la estabilización profesional.

Es prioritario desarrollar la Ley de Ciencia que lleva sin desarrollarse desde el año 2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los organismos públicos.

Habrá que aumentar recursos; pero también orientarlos con más eficacia desde una óptica plurianual para aprovechar mejor el talento y la continuidad del personal. España puede y debe ser un país para la ciencia. Y será un país para la ciencia, para la innovación y el conocimiento.

El comercio no debe estar ausente de la ola de modernización que precisa nuestra economía. Presentaremos un Plan de modernización del comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías.

La internacionalización de la economía española es clave para conseguir un crecimiento más sólido y saneado. Y para potenciarla impulsaremos el Plan de Acción para la Internacionalización 2020-2021, que modernizará los instrumentos de apoyo financiero e introducirá también la sostenibilidad como elemento transversal en la política de internacionalización que ponga en marcha el sector público español.

El Gobierno se compromete a mejorar la cobertura y a fijar cuotas más justas para los trabajadores autónomos. Procederemos a una equiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. Se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, con mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

España necesita aumentar el peso de su industria en el conjunto del PIB, y para ello se creará un Plan de Desarrollo Industrial que sirva para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad.

El Gobierno activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas. Es decir, lucharemos de forma decidida –como hemos hecho durante estos meses- contra las deslocalizaciones industriales.

Con la participación de las Comunidades Autónomas y de los principales agentes económicos y sociales del sector, elaboraremos una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, basada en la sostenibilidad y la implementación de la inteligencia turística.

Son muy importantes para este Gobierno las condiciones de vida del mundo rural y del Sector Primario en su conjunto. Por ello, defenderemos una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, que sea capaz de garantizar esa triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante todo el periodo financiero 2021-2027. El campo puede contar con el Gobierno de España.

Y puede contar también con nosotros el sector pesquero. Porque vamos a impulsar una pesca y acuicultura sostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.

Y, por último, Señorías, dentro de este capítulo quiero detenerme en la revolución digital. Pondremos en marcha una serie de medidas encaminadas a completar el despliegue de infraestructuras digitales, con la nueva tecnología móvil 5G, crearemos un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables, impulsaremos la Ley de Derechos Digitales y presentaremos una ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial.

Y en todo ello, por supuesto, la Administración Pública deberá tener una actitud ejemplar, por lo que caminaremos hacia una administración digital, más abierta y eficiente. Quiero destacar, en este ámbito, la extensión de la Carpeta Ciudadana, en la que cualquier ciudadano o ciudadana podrá acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado.

4. El cuarto capítulo se refiere a la lucha contra la emergencia climática.

La reciente Cumbre del Clima COP25 de Chile celebrada en Madrid nos familiarizó aún más con el gran debate que nos atañe como sociedad.

Aquí sufrimos ya las sequías que afectan a campos y embalses, los incendios que asolan nuestros montes y la pérdida de biodiversidad de nuestros ríos y mares.

Solo hay una conclusión posible: nuestro modelo de desarrollo está obsoleto, ha colapsado. Está arruinando el planeta en el que vivimos.

El Gobierno que voy a presidir si la Cámara me otorga su confianza estará en primera línea del compromiso con la transición ecológica, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

Aprobaremos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se fijarán objetivos ambiciosos de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo será alcanzar un reto bien ambicioso en 2050: una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

Aprobaremos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y reformaremos el mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética, siempre dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros, no como en administraciones anteriores.

Cualquier acción emprendida por el Gobierno tendrá como prioridad la transición justa al nuevo modelo energético. No puede quedar nadie atrás, no puede haber perdedores. Para ello, crearemos el Instituto de Transición Justa, evolución del Instituto de las Cuencas Mineras, desarrollaremos planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.

Elaboraremos una Estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el “residuo cero” en el horizonte de 2050. Impulsaremos la aprobación de una Ley de Plásticos de un solo uso. Y abordaremos medidas de eficiencia para sectores clave: construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.

El Gobierno regulará y fomentará el autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin sobrecostes.

En su voluntad de proteger a las familias más vulnerables, el Gobierno reformará el bono social eléctrico, creando un bono general que incluirá también un bono gasista. Además, prohibiremos los cortes de suministros básicos cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares.

Resulta fundamental afrontar la movilidad sostenible, y para ello elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, pondremos en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsaremos un Plan de cercanías 2019-2025, entre muchas otras medidas en este ámbito.

En este capítulo de transición ecológica y medio ambiente, la gestión del agua es capital. Elaboraremos para ello un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, consagrando, entre otras cuestiones, el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

Ampliaremos la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales.

Y, por último, impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, una exigencia cada vez más clamorosa en nuestra sociedad.

5. El quinto capítulo es el reto demográfico.

Como decía antes, la cohesión territorial no se refiere únicamente al conflicto en Cataluña, a la financiación autonómica o al desarrollo competencial de las Comunidades. En nuestra geografía hay amplísimas zonas que se extienden por la mayoría de las CCAA que se han ido vaciando por la falta de oportunidades. Los jóvenes se han ido de los pueblos por falta de oportunidades. Y es urgente, en consecuencia, revertir esa situación…

Para ello, el Gobierno desarrollará la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.

Consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo en las zonas rurales. Nos comprometemos a extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen de su tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población.

Pondremos en marcha medidas transversales y de apoyo a proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico. Desarrollaremos la cobertura de más de 30 Megas y de 3 Gigas para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible.

Priorizaremos la mejora de las infraestructuras existentes y, en particular, todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca.

También se garantizará el acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud.

Garantizaremos la seguridad en nuestros pueblos con la recuperación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para estimular la recuperación económica de las zonas más deprimidas y abandonadas, crearemos oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente. Su función será acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso.

6. El sexto capítulo es el impulso de la Cultura y el Deporte como factores esenciales de vida. 

El Gobierno quiere asentar la cultura como un derecho y el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

Queremos impulsar la actividad cultural y apoyar la creación joven. El presupuesto para la Cultura aumentará de forma progresiva en los Presupuestos Generales del Estado.

Completaremos el desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado en este Parlamento por unanimidad, para mejorar las condiciones de nuestros creadores y creadoras.

Crearemos una Oficina de Derechos de Autoría pública, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual.

Pondremos en marcha un Pacto por la Lectura que revitalice al sector del libro.

Defendemos un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española.

Regularemos las profesiones del deporte con un plan de formación y empleo para los deportistas retirados.

Y dos últimas medidas que me permiten anticipar el siguiente capítulo del programa de Gobierno:

Promoveremos una Ley del Deporte que buscará, entre otras cosas, apoyar especialmente el deporte femenino. También el deporte de base y el universitario.

E impulsaremos un Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminando la brecha de género.

7. Una de las señas de identidad de este Gobierno, Señorías, serán las políticas dirigidas a alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, y a ella está dedicado el séptimo apartado de este programa.

Señorías, la igualdad de género no es una moda pasajera. Nos define como sociedad. El feminismo no va a dar marcha atrás.

Es un movimiento social y político irreversible que defiende la igualdad de forma pacífica y transversal y por eso es imparable.

Y este Gobierno se inscribe, precisamente, en esa filosofía de la igualdad que reivindica el movimiento feminista a nivel global.

Desarrollaremos, en primer lugar, políticas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, mediante una Ley que ampare la igualdad retributiva. Estableciendo medidas que favorezcan la transparencia salarial.

Seguiremos impulsando la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

El avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo. Por ello vamos a impulsar y aprobar un Acuerdo Social por la racionalización de los horarios, que queremos acordar con todos los agentes sociales y políticos.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se potenciarán las inspecciones laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearemos la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación.

El avance de la igualdad supone acabar con aquellas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Así, vamos a abordar a la desactivación de lo que se denomina “tasa rosa”, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”.

Pero si la igualdad es un objetivo irrenunciable, la lucha contra la violencia de género es una verdadera emergencia social. Los datos siguen siendo estremecedores: llevamos ya más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año y las cifras de condenados por delitos sexuales llevan aumentando un 10% al año desde 1998. Para luchar contra eso, debemos recuperar la vigorosidad con un Gobierno en plenas capacidades, y para empezar lo haremos por lo preliminar: regulando en el Código Penal que en el consentimiento sexual solo sí sea sí.

El Gobierno desarrollará todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento todo lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

Reforzaremos el apoyo a las que padecen esta violencia, con la aprobación de un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía. Estableceremos la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia.

Trabajaremos para erradicar la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A este respecto, se aprobará una ley Integral contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual.

También impulsaremos una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo.

Y Señorías, decimos NO a la gestación subrogada. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, y por eso actuaremos frente a las agencias que ofrecen estos servicios a sabiendas de que están prohibidos en nuestro país.

Garantizaremos los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, mediante políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados; mediante la facilitación del acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres; y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud.

Es importante, Señorías, que hagamos un esfuerzo compartido por cerrar la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesitamos a las mujeres en esas áreas, y para ello desarrollaremos diversas medidas dentro de los ámbitos educativo y científico.

8.-El octavo capítulo es la protección y ampliación de los Derechos Sociales y la Regeneración Democrática.

Señorías, El Gobierno para el que solicito la confianza de la Cámara va a trabajar por la protección, la recuperación y la consolidación de los derechos sociales. Lo hará desde una óptica claramente progresista, de defensa de lo público, de la educación, la sanidad y la atención a la dependencia y los servicios sociales.

Uno de los vectores estratégicos que marcarán el futuro de nuestro país es, sin duda, la educación. Se trata de un ámbito en el que un amplio acuerdo no sólo es deseable sino imprescindible.

El gobierno impulsará una Ley Básica que derogue la vigente LOMCE. Una norma que parta de dos consideraciones básicas: blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y la incorporación de los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa.

En dicha norma, es preciso alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, el refuerzo de la formación en valores, así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.

La nueva Ley de Educación debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

Señorías, ningún centro sostenido con fondos públicos puede amparar ninguna forma de segregación.

Tenemos la obligación de actuar ante fenómenos como el fracaso escolar, el abandono temprano o el acoso y la violencia en los centros educativos. Lo haremos a través de planes específicos en cuyo impulso tendrán un papel esencial las comunidades autónomas en virtud del título competencial que ostentan en la materia.

Vamos a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos e hijas.

La asignatura de religión tendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

En ese constante esfuerzo de adaptación, es imprescindible apostar por el profesorado. Vamos a reforzar la formación inicial, promover la estabilidad docente y avanzar en la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector.

Señorías, una educación pública de calidad es la mejor herramienta de igualdad de oportunidades y de movilidad social con que cuenta España. Por ello, vamos a incrementar los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situarnos en ese objetivo ambicioso pero posible de inversión educativa en un 5% del PIB en 2025.

Del mismo modo, esta será la legislatura de la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad. Vamos a trabajar con las comunidades autónomas en el diseño de la oferta para cubrir todas las demandas.

En el ámbito de la educación universitaria me propongo poner en marcha un Pacto por la Universidad de la mano de todos los agentes políticos y sociales. Tenemos que garantizar no sólo la suficiencia de recursos; también la capacidad de atracción y retención del talento a nuestra universidad o la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad.

Es necesario impulsar la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos y afianzar una nueva política de becas y tasas universitarias.

El sistema de becas será revisado para considerarlas como un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. Dicho sistema debe ser, ante todo, ágil. Las becas han de dejar de ser una dádiva y pasar a ser un derecho de las personas que cumplan con ciertos requisitos sociales y académicos.

Además, vamos a facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios. No podemos consentir que nadie sufra discriminación o dificultad añadida porque proceda del medio rural.

En materia sanitaria, el gobierno para cuya investidura solicito la confianza de la Cámara va a avanzar sin demora en la eliminación progresiva de los copagos. Empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

A lo largo de este mandato, vamos a introducir de forma progresiva la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y avanzaremos en el blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa.

Del mismo modo, es preciso reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.

España debe alcanzar una inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro durante esta legislatura, de modo que logremos alcanzar el 7% del PIB en 2023.

El derecho a la protección a la salud implica el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Y por eso vamos a extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, revirtiendo las medidas que, en sentido contrario, fueron implantadas en el año 2012 por la anterior Administración.

Por último, es preciso avanzar en ámbitos como la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.

No quiero concluir este apartado sin una referencia al que considero el mejor capital de nuestro sistema sanitario: sus profesionales. Vamos a mejorar las condiciones del personal, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país, como consecuencia de los recortes que fueron implementados por la anterior Administración.

En materia de servicios sociales, quiero hacer una consideración de partida. Proponemos el blindaje constitucional del sistema público de servicios sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

Es fundamental abordar con decisión la reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia.

Vamos a mejorar además las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.

Por último, vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores: aprobaremos una Estrategia frente a la Soledad no Deseada.

Señorías, Este será el gobierno de la garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público.

Vamos a plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

Actualizaremos mediante ley las pensiones conforme al IPC, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

E impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

A este respecto, me propongo impulsar la reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social. Tenemos que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.

España necesita un gobierno comprometido con las políticas de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema. Y este ejecutivo se va a implicar a fondo. Vamos a aumentar la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. La meta es acabar implantando un Ingreso Mínimo Vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.

En este mismo ámbito, vamos a combatir la pobreza infantil con medidas como el impulso de ayudas para comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y racionalización de horarios.

Proteger la infancia y la adolescencia es invertir en sociedad. Tenemos que proporcionar las herramientas, pero también otorgar la protección necesaria. Por eso les anuncio que es el momento de culminar –y lo vamos a hacer cuanto antes- la Ley para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a todas las formas de violencia.

Señorías, 19 de cada 100 jóvenes se emancipan. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad y uno de los campos en los que el mandato constitucional se ve más insatisfecho. Este gobierno tratará de estar a la altura de lo que ese mandato representa. Y trabajará con una hoja de ruta clara.

No sólo con un incremento en la dotación de recursos presupuestarios, sino con medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado, especialmente en materia de alquiler. Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado. Y reforzaremos el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito.

Impulsaremos medidas de realojo inmediato en situaciones de vulnerabilidad y fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional.

Vamos a impulsar mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

Es preciso estudiar la aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Y en consecuencia, vamos a reformar el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS.

En materia de alquiler turístico, reforzaremos las potestades de las comunidades de propietarios para que puedan condicionar el ejercicio de esa actividad.

Apostaremos con decisión por la rehabilitación. Pondremos en marcha un Plan Estatal que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales.

Señorías, Tenemos que avanzar en el uso social de la vivienda y el parque público con un marco legal claro. No podemos tolerar lo que hemos visto estos últimos años y es la desamortización, es decir, que la vivienda de protección pública pueda ser explotada como ocurre hoy por fondos de inversión y debemos garantizar que su destino es el adecuado, el de las familias que necesitan de ella.

En este ámbito, la SAREB tendrá un papel relevante, garantizando la firma de convenios con administraciones autonómicas y locales que impulsen la utilización de las viviendas para alquileres sociales.

Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar la efectividad del derecho constitucional a la vivienda. Vamos a movilizar suelo público y a estimular la oferta privada de alquiler.

Este gobierno va a actuar con decisión en otro ámbito que genera preocupación creciente, como es el de la prevención de adicciones.

Vamos a regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar.

Impulsaremos criterios homogéneos con las Comunidades Autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir en determinados horarios y que limiten su proximidad a centros escolares, como hoy en día ocurre en muchas ciudades de nuestro país desgraciadamente. Y reorientaremos la tasa de gestión administrativa del juego de los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego.

Las iniciativas hasta ahora expuestas apelan a un cumplimiento de sus obligaciones sociales por parte de las instituciones. No queremos expandir indiscriminadamente la presencia de lo público. Queremos un Gobierno activo y un Estado eficiente. Pretendemos instituciones eficaces y transparentes para combatir la desigualdad y luchar por lo que nos unes que es la equidad.

Este último mandato, el de la transparencia, entronca directamente con la regeneración democrática. Señorías, en esta cuestión tenemos el deber moral de ser ambiciosos porque lo que está en juego, en último término, es la propia confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones.

Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para la elección y renovación de los órganos constitucionales y los organismos independientes y debemos hacerlo, además, primando los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género, y prestigio profesional.

El gobierno elaborará un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Vamos a aprobar una ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante que refuerce esta figura esencial para combatir una lacra como esta, intolerable para la sociedad. 

Del mismo modo, abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su labor y regularemos de forma más efectiva las condiciones de incompatibilidad y desempeño de actividades privadas para los servidores públicos. Y también es preciso reforzar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y aprobar su reglamento para hacerla efectiva sobre la base de la experiencia acumulada. También es necesario iniciar acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, y es fundamental avanzar en la integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial.

Vinculado a estos objetivos en materia de regeneración democrática, la apuesta por una justicia eficaz será una prioridad en esta legislatura. Vamos a promover un Pacto de Estado para la Modernización de la Justicia, que incida sobre la agilidad y el sistema de acceso.

Y vamos a modificar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.

9. El noveno capítulo son los nuevos derechos y la Memoria democrática

Uno de los grandes éxitos de la España Constitucional ha sido la ampliación de derechos, que ha convertido a nuestro país en una sociedad moderna, libre y que sirve de referente internacional. Pero esa tarea no está acabada, Señorías.

El Gobierno que aspiro a formar se compromete a consolidar España como el país de la diversidad que es, recogiendo las peticiones de la sociedad civil y aprobando en esta legislatura cuantos cambios legales resulten necesarios en pro de los derechos de las personas LGTBI, las personas con discapacidad (con la modificación artículo 49 de la Constitución) y la convivencia intercultural.

Aprobaremos, como hemos anunciado una Ley de Regulación de la Eutanasia que reconozca el derecho a la muerte digna. Seguiremos avanzando también en los derechos de las personas con diversidad funcional mediante el desarrollo de normas y leyes inclusivas.

El Gobierno protegerá a las familias. A todo tipo de familias, como demanda la sociedad española. También a las familias monomarentales y monoparentales, las familias numerosas, las de partos múltiples y las familias que acogen. Elaboraremos medidas de apoyo a la adopción por parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.

Y Señorías, el pasado mes de octubre el Estado, con el concurso de sus tres poderes, desplazó del mausoleo del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco, y ese hecho simbólico fortaleció a la democracia española. Abrió una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles. Aunque hubo personas que se sintieron molestas, esa acción no se dirigía contra nadie y se desarrolló dentro del respeto que merece cualquier ser humano, incluso aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Eso distingue precisamente a las democracias de las dictaduras. Vamos a proseguir ese camino de reparación y vamos a mantener esa misma filosofía.

Para ello, desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. Impulsaremos las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y anularemos las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.

Y, por último, auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación lo antes posible del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

El Gobierno aprobará una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que derogue a la “Ley Mordaza”, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Es otro compromiso firme.

El Gobierno tiene la voluntad de avanzar en la justicia del sistema electoral, siempre recabando para ello el mayor apoyo parlamentario posible y, en ese sentido, propondremos la eliminación del voto rogado.

Otro de los fenómenos más dañinos para la confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de las fake news. La mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos. Pero la irrupción de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión. Por eso, y dentro siempre del respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional de lucha contra la desinformación.

Además, aprobaremos un Plan de Ciberseguridad y crearemos un Foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación.

En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad. Por esa razón, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas –ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. 

Igualdad no significa uniformidad. Al contrario, la igualdad para ser plena exige el reconocimiento de iguales derechos para todas las singularidades. Por eso reivindicaremos, en todo momento, el orgullo de la diversidad. El derecho a la diferencia.

Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las mal llamadas terapias de reversión. 

Aprobaremos la primera ley Trans, fomentando la integración sociolaboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural. Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana. E impulsaremos, por último, un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio.

He dicho que este Gobierno no tratará a ninguna persona como enemigo y así será. Pero vamos a ser militantes contra la ideología racista, contra la xenofobia, contra la homofobia y contra el machismo.

Para este Gobierno patriotismo significa amparar por igual a todos los españoles, también a las minorías y a los más vulnerables. Patriotismo significa exhibir con orgullo nuestros logros en derechos sociales; nuestra condición de pioneros que somos en nuestro país –no hay más que ver lo que está debatiendo ahora Francia sobre la ley integral de Violencia de Género- en libertades civiles. Patriotismo significa desplazar del espacio público los símbolos que evocan un periodo de opresión y dictadura ejercida contra españoles por sus ideas, por su cultura y por su lengua.

Y este será un Gobierno que enarbolará y hará honor a nuestra bandera, a nuestras banderas, pero jamás se camuflará tras ellas para herir u oprimir a otros compatriotas.

10.- El décimo y último capítulo del Programa de Gobierno es el reforzamiento de la cohesión territorial, de nuestro Estado Autonómico, el reforzamiento del autogobierno y su desarrollo dentro de una Europa federal en la que se inscribe nuestro futuro. 

Señorías,

El Gobierno va a trabajar para superar el conflicto político en Cataluña. Lo debemos hacer por todos los catalanes y por el conjunto de españoles. Por convicción y por responsabilidad. El diálogo, siempre dentro de la Constitución, será una prioridad absoluta para alcanzar fórmulas de entendimiento y encuentro. No podemos asumir la herida territorial como una dolencia crónica destinada a pasar de generación en generación.

La España de las Autonomías, la España del autogobierno, es una realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás.

Una realidad que ha corrido en paralelo en las últimas décadas con la plena implicación de nuestro país en el desarrollo del proyecto europeo.

El marco de organización territorial previsto en nuestra Constitución en su título VIII ha permitido que territorios silenciados durante décadas tuvieran al fin una voz clara. Ha permitido el libre desarrollo de las identidades nacionales dentro de nuestro marco constitucional. Ha perfilado España tal y como es, plural, diversa y democrática, completa de matices que nos enriquecen a todos.

España tal y como es, ese va a ser nuestro proyecto político. Y como ha señalado la Autoridad Fiscal Independiente, contrariamente a ciertas creencias, que se están poniendo en cuestión por parte de la bancada de la derecha, el modelo autonómico ha supuesto una mejora de la distribución territorial de la renta superior a los países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, con un Estado centralista.

El camino, por tanto, no puede ser el de la involución –como plantean algunos-, sino el de la mejora, la reforma y la actualización de nuestro sistema. Siempre garantizando lógicamente la igualdad entre españoles.

El nuestro es un modelo complejo, eso es evidente. Pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad de nuestro país y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa clara: y es que se exige voluntad de compartir el poder, no de limitar el poder; o mejor dicho, no de asumirlo solamente una institución.

Por eso, vamos a mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. Lo hemos hecho durante estos últimos meses, hemos puesto en marcha todas las comisiones bilaterales que están recogidas en muchos Estatutos de autonomía para reforzar la cooperación interinstitucional entre Gobierno central y gobiernos autonómicos.

Y también, como consecuencia de que existe un conflicto político que tenemos que resolver, les anuncio que vamos a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo vamos a crear, vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial.

Colaboraremos también con el Gobierno vasco en el cumplimiento de las transferencias pendientes del actual Estatuto, y en la renovación del mismo que quiera hacer el Parlamento vasco, siempre dentro lógicamente de nuestro marco constitucional.

Es imprescindible clarificar el reparto competencial entre Estado y poder autonómico –también mucho de lo que estamos viviendo, de los agravios territoriales, tiene que ver con el desgaste de nuestro Estado Autonómico, que tenemos que renovar y clarificar-. Al hacerlo, estaremos combatiendo uno de los efectos más perversos del actual sistema: el de la incertidumbre normativa que producen conflictos competenciales. Es verdad que el anterior gobierno ha reducido y mucho este nivel de conflictividad interinstitucional que ha existido entre Estad y CCAA; pero es evidente que tenemos que seguir clarificando competencias para evitar este nivel de conflictos. Más eficiencia, más claridad, más concreción en el reparto competencial tiene retornos para la sociedad y para los actores económicos. Significa menos conflicto y más claridad.

Del mismo modo, vamos a promover la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general. Y propiciar un intercambio de información real para favorecer una auténtica integración entre ambos poderes. Esta que se inicia debe ser la legislatura del diálogo, en general, y del diálogo territorial en particular. Y promoveremos para ello la constitución formal de las Conferencias de Presidentes con carácter anual.

Esta será además en coherencia la legislatura de la financiación autonómica. Es evidente que no podemos hacerlo solos, que vamos a necesitar también a la bancada conservadora. Pero creo que las CCAA que son gestoras del Estado del bienestar necesitan una actualización de la financiación autonómica. Esta es una reclamación, un diagnóstico no solamente hecho por presidentes y presidentas de gobierno socialistas, sino también de otros signos políticos y, en consecuencia, creo que tenemos que abordarla sin dilación.

Señorías, Tenemos que garantizar la mejora de la financiación autonómica y local desde el respeto de sus elementos nucleares. Entre otras razones porque de ella depende el gasto en materias sociales que son esenciales para este gobierno, como educación, sanidad, servicios sociales o dependencia.

El proceso de descentralización en España es inseparable, incluso en términos históricos, del proyecto de construcción europea.

Quiero vincular ambas corrientes, que transitan en paralelo: la descentralización del poder territorial en nuestro país y también la construcción europea. Y transitan en paralelo como la manifestación de un gran éxito que es patrimonio de toda la sociedad española: una España autonómica, una España descentralizada, una España federal, en una Europa federal y unida. España seguirá teniendo una voz firme en la redefinición del proyecto de integración europea. Vamos a reforzar nuestro compromiso y orientarlo desde un principio: la reducción de la desigualdad, la precariedad y la pobreza.

Seguiremos defendiendo el establecimiento de un Salario Mínimo Europeo, un Seguro de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la Unión. El proyecto europeo tiene que ensanchar sus bases de apoyo, relegitimarse como un instrumento útil para las personas.

En definitiva, como una unión en valores que ensalza la diversidad de nuestro continente y nuestras sociedades, y ofrece una plataforma única para influir en un mundo globalizado.

La Unión Europea tiene que ser un referente global en la lucha contra cualquier forma de discriminación. Por ello, impulsaremos la creación de un Alto Comisionado Europeo para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato que armonice y supervise la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados.

Europa es mucho más que un mercado: es una auténtica comunidad de valores humanistas y si abdica de la defensa de estos valores pierde su razón de ser. Esa es la visión con la que España sigue abrazando el ideal europeo.

Con esto concluyo la recapitulación de algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo de Coalición Progresista. Son todas ellas medida alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con la que este Gobierno se compromete, y pretende precisamente alumbrar la España que queremos para la próxima década. 

He comenzado exponiendo los valores que sustentas la orientación progresista de la Coalición Progresista para la que les pido el apoyo; he continuado describiendo la actitud integradora y dialogante que vamos a mantener con todos y cada uno de los gruis políticos. He definido su método de trabajo como activo y he enumerado por fin su programa.

Señorías, Hace justo dos décadas, Europa adoptó la moneda única. Nada parecía detener el afán de la Unión de expandir sus límites y su modelo de economía social de mercado, primacía del Estado de Derecho y valores democráticos.

Hace justo una década una devastadora crisis económica nos golpeó y nos obligó a frenar en seco. Esa misma Europa no supo responder con eficacia ni con equidad y descubrió de repente sus limitaciones.

En este tiempo, España ha tenido que curar sus heridas sin casi poder pensar en todo lo que se ha dejado por el camino. Y en el precio a pagar, que se ha pagado, en términos de desigualdad y precariedad.

Ante este cambio de década, es hora de reparar las secuelas que aún permanecen en la sociedad española y sentar las bases, en definitiva, para la tercera gran transformación de nuestro país.

La primera transformación nos devolvió a Europa y nos alineó con un sistema de libertades y de derechos sociales. La segunda transformación nos convirtió en referente de igualdad y de oportunidades en Europa y en el mundo.

Y la tercera nos emplaza a encarar los grandes retos de nuestro tiempo: a encarar la transición ecológica y la revolución digital, a encarar el debate y el desafío de la desigualdad, a saber entendernos y saber conocer y respetar y reconocernos en la diversidad de identidades que tiene nuestra nación; y a la vez que alcanzamos la plena igualdad de género y una mayor justicia social que nos haga sentir a todos integrantes de una misma comunidad.

Hay grupos de esta Cámara no comparten las ideas que les he expuesto. Soy consciente de ello. Lo mismo sucede en nuestros centros de trabajo, en nuestras familias, en nuestro vecindario. Y eso no impide dialogar, alcanzar acuerdos y convivir a diario entre todas y todos. Por eso, insisto en el compromiso de hacer del diálogo una herramienta que vuelva a reconciliar a la política con la calle. Con una sociedad que ansía de nosotros grandes acuerdos, grandes pactos y grandes consensos. Que vuelva la cultura del acuerdo y se aleje la del enfrentamiento.

En unos minutos abandonaré esta tribuna y después escucharé con atención sus intervenciones. Cada portavoz empleará su tiempo como estime oportuno.

Lo único que les pido, humildemente, es que piensen en la gente que nos ve desde sus hogares.

Suban a esta tribuna y expongan una visión alternativa al programa que he expuesto. Defiéndanla con la pasión y la convicción que les dicte su conciencia. Y voten según su criterio. Porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes.

Lo único que les pido es que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. 

Eso, Señorías, también es patriotismo.

Gracias.