El fiasco en el Poder Judicial perpetúa a Lesmes al frente del Supremo
La espantada de Manuel Marchena para no asumir la jefatura del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Supremo tiene efectos secundarios: perpetuará al frente de la judicatura al controvertido Carlos Lesmes, a pesar de que su mandato está agotado.
El fiasco de las negociaciones frustradas después de que PP y PSOE pactasen una nueva configuración del órgano de gobierno de los jueces amenaza la renovación en un momento muy sensible para la Justicia, a las puertas del juicio al procés que sentará en el banquillo a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum del 1-O. Todo está roto. El PP improvisó a última hora del martes una enmienda para tratar de que sean los jueces los que elijan a sus representantes. De entrada, no piensa votar la lista acordada con el PSOE en el Congreso y que contiene nombres de juristas elegidos por el propio partido. El PP retiró también ayer su firma de la candidatura conjunta pero no tiene en su mano evitar que esa votación se produzca, si no convence a los socialistas de que hagan lo propio.
Los mensajes de WhatsApp enviados por Ignacio Cosidó a más de un centenar de Senadores del grupo que preside han desatado una tormenta que amenaza con dejar las cosas como están: con el discutido Carlos Lesmes renovado de manera automática e indefinida al frente de la cúpula judicial.
La ley no es específica sobre las consecuencias de no alcanzar la renovación de la cúpula judicial en los plazos marcados: simplemente establece una prórroga del equipo anterior hasta que se produzca un nuevo acuerdo.
La sustitución de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y del Supremo era la gran coincidencia de inicio con la que PSOE y PP iniciaron las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Tras el escándalo provocado por los WhatsApp de Cosidó, su continuidad se presenta como indefinida, a la espera de un acuerdo que parece imposible vistas las declaraciones de las últimas horas que han hecho los dirigentes socialistas y populares. Lesmes estaba de salida en la élite de los jueces, muy afectado por la crítica pública a su papel tras haber forzado el Supremo un cambio de opinión sobre una sentencia que marcaba quién debía abonar el impuesto de las hipotecas.
Al final la resolución cayó del lado de la banca y el propio Lesmes tuvo que salir a pedir perdón en nombre del Supremo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció un cambio legal para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo abonasen los bancos pidió al tribunal que reflexionase.
La relación de Lesmes con el PP ya era fría y pese a sus pretensiones de renovar un mandato más, la dirección de Casado decidió sustituirlo por Marchena. Ahora ese plan se han truncado y Lesmes vuelve a estar al frente sin un horizonte claro de salida. Con él se mantendrán en sus puestos los vocales que ya estaban de salida y que se confiesan indignados por el tratamiento que Cosidó ha dado con su mensaje al Tribunal Supremo.
El cambio de posición del PP sobre el pacto alcanzado con los socialistas pone de relieve su concepción del acuerdo: primero el presidente y luego los vocales. Sin Marchena en la carrera, los conservadores ya no quieren un acuerdo ni les vale el reparto de vocales que habían pactado. El acuerdo fraguado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, había generado una cierta contestación interna. Sectores a la derecha del partido acusaban a Casado de haberse plegado al PSOE, que cedía la presidencia a Marchena a cambio de tener un miembro más en el consejo: 11 frente a 10.
En el Gobierno de Sánchez, desean lo contrario: que la caída de Marchena de la candidatura no debe afectar a los nombres de expertos juristas sobre los que hace tan solo una semana había pleno consenso.
Los bloqueos en la renovación de la cúpula judicial no son una novedad en la historia del bipartidismo (Ciudadanos se negó a participar en el cambio de cromos y Podemos se limitó a proponer a una candidata que no fue aceptada), pero nunca se había producido después de un acuerdo cerrado y comunicado a la opinión pública. En 2006, durante el Gobierno de Zapatero, el PP se negó a renovar el organismo y alargó durante dos años su Consejo con mayoría conservadora y presidencia del mismo signo ideológico. Fueron dos años de bloqueo.
A día de hoy la reconstrucción del acuerdo se presenta muy complicada. Los dos principales negociadores, Catalá y Delgado, han desaparecido de la escena: “No hay negociación ni interlocución”, aseguran fuentes del grupo parlamentario popular. En el Gobierno, mientras tanto, no salen de su asombro. “Delgado era una negociadora válida hasta hoy a las ocho y media de la mañana (por el martes) y de repente lo único que vale para desbloquear el acuerdo es que presente la dimisión”, aseguran fuentes de Moncloa.
El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere dar por perdida la posibilidad de acuerdo e insiste en que seguirán buscando la negociación para reconducir la situación. Los socialistas no aclaran cuál será su movimiento de cara al Pleno del jueves en el que se puede dar la paradoja de ver a los diputados de Sánchez votando a favor de los candidatos propuestos por el PP -dentro de la lista única acordada- y a los que la formación conservadora ya ha renunciado.
En Moncloa no se fían de las intenciones de Casado y su equipo: “Al final hay un sector del PP que era crítico con el acuerdo y han conseguido romperlo”, aseguran fuentes del ejecutivo. “Muy probablemente van a convertir a la Justicia en otro frente de oposición más. Si esto fuera al inicio de legislatura lo tendrían muy difícil. Deben pensar que se pueden permitir otro frente ”, aseguran las mismas fuentes. Pese a este razonamiento, la consigna a esta hora pasa por seguir realizando llamadas al entendimiento como las que el propio Sánchez lanzó este martes desde la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también pidió la dimisión de Cosidó.
Marchena, recusado
En el equipo de Sánchez aseguran que las imprudentes comunicaciones de Cosidó “han causado un grave daño a la judicatura”, que podría tener consecuencias directas en el desarrollo del juicio del Procés. Varias defensas de los exconsellers y la del propio Oriol Junqueras se han apresurado a anunciar que pedirán la recusación de Marchena al frente del tribunal que los juzgará alegando que según él PP él era el que iba a garantizar el control del tribunal “desde atrás”. Usarán como argumento los mensajes de Cosidó para intentar demostrar que el magistrado carece de la debida imparcialidad y que está dirigido políticamente.
En ámbitos judiciales hay opiniones en sentidos contrarios: entre los que creen que Marchena podrá seguir al frente del juicio del Procés y quien asegura con rotundidad que deberá apartarse. En el primer grupo se posiciona uno de los ministros de Sánchez convencido de que “esa recusación no será aceptada”, cuando la Sala del 61 del Supremo tenga que abordarla.
