La financiación en negro del PP alcanza los parquímetros del feudo de Granados
La trama Púnica financió con una cantidad cercana a los 100.000 euros una campaña electoral en 2011 del Partido Popular en Valdemoro, la localidad en la que Franscisco Granados arrancó su carrera política y también la presuntamente delictiva. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario del caso Púnica, sobre la adjudicación del servicio de parquímetros del citado municipio madrileño.
El empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama de corrupción, confesó al juez Eloy Velasco la existencia de una mordida de 300.000 euros para el PP, el alcalde José Carlos Boza y colaboradores de éste, a cambio de que el servicio de parquímetros fuera adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Seys Medioambiente S.L y Valoriza.
Valoriza es filial de Sacyr, una habitual en las investigaciones por financiación irregular al PP. Su antiguo presidente, Luis del Rivero, está imputado en el caso de la mordida al PP de María Dolores de Cospedal por la adjudicación de un contrato de basuras en Toledo.
“David Marjaliza habría adelantado en torno a la cantidad de 90.000 ó 100.000 euros al Partido Popular de Valdemoro para sufragar los gastos de la campaña electoral para las elecciones municipales en las que ganó dicho partido político, representado por José Carlos Boza Lechuga”, concluye el informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Según relatan los investigadores en su informe, una vez adjudicada la concesión a la UTE, “se empezaron a abonar en varias veces los pagos de la comisión acordada”, y Marjaliza recuperó la cantidad que había adelantado. Hasta completar los 300.000 euros se produjeron otros pagos que recibió el propio Marjaliza en sus oficinas de manos de Jesús del Castillo, administrador único de la empresa Seys, estando presente Alfredo Ovejero, jefe de gabinete del alcalde Boza.
El informe de la Guardia Civil ratifica la confesión de Marjaliza, quien colabora con la justicia a cambio de mejorar su situación procesal. El empresario imputado de varios delitos había contado al juez Velasco que repartió el dinero con el exalcalde Boza. De acuerdo a la forma de actuar de Marjaliza, las mordidas se pactaron en comidas en las que el conseguidor congregó al alcalde y los representantes de las empresas.
Para apuntalar la versión de Marjaliza, la Guardia Civil se ha hecho con las facturas de Seys Valoriza a dos empresas de Marjaliza (Valescar Parking y Construcciones y Reformas De la Peña), otros documentos en papel y correos eletrónicos en las sedes de las sociedades del empresario, referentes a la adjudicación de los parquímetros a la citada UTE.
Se trata, añade la UCO, de “la forma de proceder que se asemeja a otros ámbitos de la investigación en los que ha quedado probado que David Marjaliza empleaba empresas de su entorno para generar facturación falsa que justifique los movimientos de efectivo para el pago de comisiones”.
Solo esta trama de los parquímetros complica la situación judicial del exalcalde Boza, Marjaliza y otros que no estaban imputados. La Guardia Civil aprecia cohecho, tráfico de influencias y fraude en contratación pública en el conseguidor Marjaliza, el alcalde Boza y el jefe de gabinete Ovejero. El empresario Del Castillo sería responsable de cohecho y fraude en contratación pública y Juan Luis Aguilera, jefe del servicio de contratación del Ayuntamiento de Valdemoro, debe responder, según la UCO, de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.
