El Gobierno duplica con 100 millones los fondos para reforzar los servicios sociales municipales

El Consejo de Ministros aprueba este martes la dotación y reparto del Plan Concertado de Servicios Sociales. Un salvavidas de los servicios sociales municipales que alcanza este año una cifra récord: 98,9 millones de euros. Una cantidad récord en las dos décadas de existencia de este mecanismo de financiación de los ayuntamientos y de las prestaciones básicas para los ciudadanos que cubren, desde la la orientación y la formación; la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia; o el alojamiento alternativo y la prevención e inserción social. La cantidad supone más que duplicar lo consignado para el mismo fin en 2020 (con 40 millones) y vuelve a la senda de los años anteriores a la crisis de hace una década, cuando los recortes devolvieron el fondo a niveles de los años 80.

El Gobierno autorizará así al Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra a repartir esos 100 millones entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) en función de criterios como la población, que supone el 90,0% del total; la superficie (5%), la población dependiente (2,3%), la dispersión (1,5%) las grandes urbes (0,7%) o la insularidad (0,5%). El Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, que da cabida a todos los gobiernos autonómicos, debe dar su visto bueno definitivo a este reparto.

Andalucía, Catalunya y Madrid serán las regiones que más fondos reciban: 17,8, 15,9, y 13,6 millones, respectivamente. La Comunidad Valenciana, con 10,4 millones; Galicia, con 6,5; Castilla y León (5,9) y Castilla-La Mancha (5) les siguen en los primeros puestos de la lista que se reparten la mayoría del dinero.

El Gobierno devuelve así los fondos de este plan a la situación que tenían antes de la crisis de la década pasada. En 2010 se consignaron en los Presupuestos 97,1 millones. En mayo de ese año llegaron los duros recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ya en 2011 la cantidad cayó por debajo de los 90 millones. Pero fue a partir de 2012, con el PP en el Ejecutivo, cuando llegaron los tijeretazos: 46 millones ese año y 27 los siguientes. En 2017 se recuperó ligeramente, hasta los 40 millones, cantidad que se ha mantenido hasta los Presupuestos de 2021.

Los 100 millones que aprueba el Gobierno este martes suponen no solo recuperar los datos de hace 10 años, sino el récord de aportaciones que el Estado hace a los ayuntamientos para este fin desde que en 1988 se puso en marcha este plan.

El Ministerio de Ione Belarra ha planteado además a las comunidades autónomas la inclusión de una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a reforzar el personal de los servicios sociales, cuando esta plantilla todavía se está recuperando del shock producido por el duro impacto de la pandemia.

El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos mantiene así la tendencia de revertir los recortes en derechos sociales puestos en marcha por el PP. El Ejecutivo ya aumentó un 60% los fondos para la protección a la familia y contra la pobreza infantil, por ejemplo.

Pero el grueso de la inversión en los próximos años se lo llevará el sistema de dependencia, herido de muerte durante los gobiernos de Rajoy y que en los próximos años verá cómo se insuflan hasta 6.000 millones de euros. Los primeros 600 ya figuraban en el Presupuesto de 2021 y su reparto fue aprobado por el Consejo de Ministros en una de las últimas actuaciones de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo.