El Gobierno teme que el PSOE se desmarque del apoyo contra el independentismo tras el 1-O

El Gobierno teme que las medidas necesarias para restablecer el marco legal tras una declaración unilateral de independencia de los partidos secesionistas catalanes a partir del 1 de octubre provoque una ruptura del bloque constitucionalista con el descuelgue de los socialistas.

El PSOE ha pasado de dar un “respaldo total” al Gobierno cuando el desafío soberanista dio los primeros pasos con la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad en el Parlament a un segundo plano. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mide sus apariciones públicas y ha reducido su presencia mediática (la última fue una entrevista en La Vanguardia el pasado domingo y la anterior, doce días antes, un foro de El Periódico).

El escenario de una declaración de independencia aunque no haya referéndum este domingo ha tomado peso en Moncloa, que tiene preparada una batería de medidas más duras de las hasta ahora adoptadas para responder a cada retos que plateen los independentistas catalanes.

En este sentido, el Ejecutivo ha dado un paso más al declarar este viernes que tanto el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, como el vicepresidente, Oriol Junqueras, están “descalificados democráticamente” por su “deslealtad institucional” con lo que se cerraba toda posibilidad de diálogo. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, añadió este viernes que “los dirigentes de la Generalitat y sus socios de la CUP responderán ante los tribunales, como sucede en cualquier democracia europea” por la convocatoria de un “referéndum ilegal y sin garantías”.

“No es momento de exclusiones”

Desde un perfil más bajo, los socialistas han comenzado a demostrar sus discrepancias con la línea de actuación de Moncloa. La dirección critica la última posición del Gobierno, que ha cerrado la puerta a dialogar con Puigdemont y Junqueras tras el 1-O. “No es momento de exclusiones. Hay que tender puentes”, señalan fuentes de la dirección parlamentaria. Margarita Robles asegura, además, que no habrá “líneas rojas para dialogar con los independentistas” en el marco de la comisión de estudio del modelo territorial que se pondrá en marcha en el Congreso en las próximas semanas.

Aunque el Gobierno no ha querido adelantar qué movimientos va a dar ante una declaración de independencia en el Parlament, se baraja poner en marcha el artículo 155 de la Constitución que permite la intervención total de la autonomía o que la Fiscalía General del Estado vaya más allá del aviso de una posible detención del Puigdemont. “Veremos a ver la posición del PSOE a partir de 2 de octubre cuando vengan momentos más duros, nos tememos que se van a descolgar”, aseguró un diputado del PP.

Ferraz trata de no anticipar ninguna posición sobre los futuros pasos que pueda dar el Gobierno ante el 1-O o los días siguientes. “No hablamos sobre hipótesis”, es la consigna que reiteran en la cúpula socialista, a pesar de que Sánchez está permanentemente informado por Rajoy de lo que sucede. “Habrá que ver qué va pasando”, se limitan a decir. Así no entran en discusiones como la provocada por la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, a la que Margarita Robles se opuso y luego tuvieron que matizar desde Ferraz lanzando balones fuera.

“El Gobierno no puede tener queja”

“El Gobierno no puede tener queja”, señala un dirigente del PSOE sobre la actitud que han mantenido ante la crisis del 1-O. Ese mismo dirigente reconoce que la posición a partir del domingo dependerá de lo que pase precisamente a lo largo de esa jornada. “La semana que viene va a ser más difícil que esta”, reconoce.

En Ferraz creen que el PP ha echado leña al fuego con determinadas actuaciones. “Nuestro respaldo es al Gobierno, no al PP”, se quejaba un destacado dirigente socialista tras la denuncia de los conservadores que provocó la suspensión de un acto sobre el derecho a decidir en Madrid. “Hay elementos que empiezan a chirriar”, señalan fuentes socialistas.

Pero más allá de esos “símbolos” que atribuyen al partido de Rajoy, también cuestionan discretamente algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno y la Fiscalía, aunque han evitado elevar la voz. En Ferraz ven cierta “ostentación” con el despliegue en Catalunya. “El estado de derecho tiene que actuar siempre de manera equilibrada entre la libertad y la seguridad. No se pueden cargar las tintas en la seguridad contra la libertad pero tampoco a la inversa. Por eso cuando hablamos de proporcionalidad estamos hablando también de que no podemos abandonar el espacio de la política”, señaló la exministra Carmen Calvo.

También cuestionan la maniobra de la Fiscalía para citar a declarar a 700 alcaldes pro-referéndum o las detenciones de altos cargos de la Generalitat. Tampoco sentó bien la intervención de las cuentas de Catalunya. Pero todas esas críticas se han producido en privado.

Sánchez y Miquel Iceta subieron el tono hace una semana al advertir a Rajoy de que “no puede recortar derechos”. El dardo iba dirigido al presidente tras la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de señalar a los líderes de Ómnium y la Asamblea Nacional Catalana por sedición por las protestas en Catalunya a raíz del despliegue policial. No podemos aparecer al lado de los que quieren limitar los derechos de la gente“, avisó el primer secretario del PSC.

Unión del bloque constitucionalista

La unión del bloque constitucionalista es fundamental en la estrategia del Gobierno. En Moncloa han asumido desde el principio que tenían que mostrar que la postura frente el independentismo no era solo una posición del partido del Gobierno, sino que tiene el apoyo del principal partidos de la oposición, el PSOE, además del respaldo de los socios de investidura de Rajoy, Ciudadanos.

Esta estrategia es importante en España, para evitar posturas partidistas y conseguir el apoyo donde el bipartidismo ha tejido el entramado institucional durante lustros, y, especialmente, en el exterior, donde el Ejecutivo de Rajoy tiene una guerra descarnada con la Generalitat para ganar el relato ante los gobernantes de los principales países y le viene bien aportar como prueba que las acciones del Ejecutivo cuenta con el apoyo de tres partidos diferentes.

Por este motivo, el Gobierno se ha esforzado en mantener la unidad del bloque constitucionalista. Rajoy señaló en una declaración institucional: “Quiero agradecer también la colaboración y apoyo de las fuerzas políticas que saben que este es el momento de proteger a la Nación y no de ponerla en duda. No entiendo su actitud como un apoyo al Gobierno, sino como un compromiso con España, con su democracia y con el conjunto de los españoles. Esa unidad es imprescindible y es el mejor respaldo que podemos brindar a los alcaldes, concejales, funcionarios y policías locales de Cataluña que están siendo amenazados, insultados y acosados por el simple hecho de negarse a incumplir la Ley”.

En el mismo sentido, María dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del PP, declaró que “la unidad de los demócratas frente al incumplimiento de la ley es lo que nos dará la razón y la victoria”.

En el PSOE se mueven en un terreno incómodo entre mantenerse al lado del Gobierno de Rajoy por “responsabilidad de Estado” y a la vez no ir de su mano. No obstante, en Ferraz esperan no recibir castigo por su actitud: “Es un partido que aguanta el corsé de partido de Estado”, aseguran fuentes socialistas. A partir del 1 de octubre, si se cumplen los pronósticos del Gobierno y los independentistas declaran la independencia de Catalunya se comprobará dónde está el límite del apoyo de los socialistas.