Granados intenta zafarse de Púnica salpicando a sus enemigos en el PP

Segunda comparecencia de Francisco Granados en la Audiencia Nacional con el mismo guión. El exsecretario general del PP de Madrid ha vuelto a salpicar este martes a sus enemigos internos en el PP -en este caso, a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal- pero ha respondido con negativas a todas las preguntas que podrían incriminarle. Su publicitada confesión no ha pasado, hasta el momento, de acusaciones difusas que no han ido acompañadas de la asunción un ápice de responsabilidad en la trama Púnica.

Este martes estaba citado en la Audiencia Nacional para responder a las preguntas de la Fiscalía. El pasado 12 de febrero se sentó por primera vez ante el juez Manuel García Castellón para responder a cientos de preguntas de su abogado, en lo que se esperaba que fuese una confesión detallada sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. La sospecha de que iba a sumarse a la vía abierta por David Marjaliza -colaborar a la espera de un trato favorable por parte de la Fiscalía- se desvaneció al poco de que comenzase a hablar.

Granados solo ha aportado como novedad la presunta contabilidad paralela que manejó Ignacio González en las elecciones de 2011 para reforzar la imagen de Aguirre. Aún así, es una línea de investigación en la que ya había profundizado el juez y la Fiscalía. Los nombres de las empresas que dio, todo con suposiciones y sin concreción, ya figuran en informes de la Guardia Civil. De hecho, poco antes de su declaración el juez había incorporado a Púnica la investigación contra González por la caja B del PP de Madrid que se había iniciado en Lezo.

En aquella ocasión salpicó a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien incluyó en el núcleo que controlaba la caja B, aunque sin una acusación concreta. No hubo documentos ni vías por las continuar en esa implicación. Granados puso el ventilador, pero no admitió una mínima implicación en un caso que le tiene como protagonista. La campaña que él controló se pagó en A, y la que llevó González con ayuda de Cifuentes en B, aunque sin que él estuviese metido en esa cúpula de poder.

Cospedal acababa de ser nombrada

Este martes se ha repetido ese esquema, aunque en esta ocasión ha sido Cospedal la señalada. La actual ministra de Defensa era la secretaria general del PP de Madrid cuando Granados fue relevado al ostracismo del Senado, envuelto ya en algunas sospechas sobre su dinero fuera de España y sus tratos con empresarios de Valdemoro, la localidad de la que fue alcalde.

La Fiscalía ha aprovechado su turno de preguntas para ahondar en las revelaciones de Marjaliza, que hace unas semanas entregó en la Audiencia Nacional facturas con el detalle de reparto de comisiones entre él, Granados y Javier López Madrid. El dinero que ingresaron, 1,6 millones cada uno, procedía del amaño de obras de Metro de Madrid en la etapa en que Granados era consejero de Transportes.

La estrategia de Granados para zafarse de esas acusaciones ha sido disparar hacia arriba. Ha asegurado, como ya hizo en un escrito enviado hace unas semanas al juez, que cuando se firmaron esas adjudicaciones la actual ministra de Defensa le había sustituido al frente de esa cartera. El punto flaco de ese relato es que Cospedal tomó posesión del cargo el 21 de diciembre de 2004 y la adjudicación de las obras de metro aludida es del 3 de enero, trece días después.

El método de amaño descrito por Marjaliza y al que la Fiscalía da credibilidad apunta a una operación preparada con meses de antelación, lo que entraría de lleno en el periodo de Granados. Ambos se coordinaron para presentar al concurso una empresa que les vendió López Madrid, que se llevó una parte del pastel gracias a esa gestión, sostiene la Fiscalía, que en el escrito por el que citó a Juan Miguel Villar Mir por estos hechos no hizo alusión a Cospedal.

Así, tras dos jornadas de declaraciones, Granados ha rechazado las acusaciones contra él sin moverse un ápice de lo que ha defendido desde que fue detenido en 2014: que él no ha mediado en ningún amaño de un contrato público, que nunca ha cobrado comisiones por ello y que mucho menos ha manejado una caja B con reflejo en su agenda personal.

Rifirrafe con la Fiscalía

Durante este martes, incluso, se ha vivido momento de tensión durante el interrogatorio de la Fiscalía, que algunas fuentes definen como “bronco”. Según explican, Granados ha tratado de embarrar la comparecencia con constantes interrupciones, tanto, que las fiscales del caso no han tenido tiempo de entrar a preguntarle por la caja B del PP.

Tan solo han alcanzado a cuestionarle sobre las siglas de su agenda asociadas a cifras que, según los investigadores, suponen entradas de donaciones irregulares. Granados lo ha negado y ha dado significado distinto a cada sigla. Así, LD no es el empresario Luis Delso, sino “Lista de Diputados”, y JEC no es José Manuel Entrecanales -presidente de Acciona-, como sostiene la Fiscalía, sino “Jornadas de Educación Concertada”. Las cifras, dice, son asistentes a los actos.

En impresión de un abogado que ha asistido a la declaración, Granados ha ido inventándose a qué se referían las siglas para que cuadrasen. Sus respuestas han rozado la tomadura de pelo, ha dicho, cuando ha respondido a la Fiscalía que el Mini Cooper que conducía y que estaba a nombre de un constructor solo lo tuvo un par de días, con la mala suerte de que al segundo día se incendió y se descubrió que no era suyo.

También ha habido espacio, como en la anterior declaración, para anécdotas sin relevancia penal pero con las que Granados salpica su relato. En esta ocasión ha sido que Aguirre pidió en un Consejo de Gobierno que La Pantoja actuase en una de las inauguraciones de la ampliación de Metro. Sobre el amaño de esas fiestas, dice, no sabe nada.

Granados tendrá una nueva oportunidad de declarar el próximo 15 de marzo. La Fiscalía comenzará preguntándole sobre la caja B, aunque ya con pocas esperanzas de que tire de una manta que hasta ahora solo ha utilizado para esconderse.