La irrupción del Ejército en las calles provoca un choque soterrado entre los Ministerios de Interior y Defensa

Los ministerios de Interior y Defensa protagonizan un choque soterrado desde el mismo momento en que se declaró el estado de alarma. La situación de excepcionalidad parecía un escenario óptimo para exhibir el trabajo de las Fuerzas Armadas, una institución alejada del día a día de los ciudadanos en tiempos de paz. Pero el Real Decreto establece un margen estrecho para la actuación del Ejército donde sería más visible, en la calle. Los militares tienen que actuar a requerimiento del Ministerio del Interior y bajo su mando en labores de seguridad ciudadana, una prerrogativa que se está quebrando a diario fuera del foco de las grandes ciudades.

Canarias, Asturias, La Rioja, Galicia, Andalucía y Extremadura están entre las comunidades autóno mas desde las que llegan a Madrid partes diarios de la Guardia Civil advirtiendo de que las Fuerzas Armadas han realizado ;“apoyos no solicitados”. Los militares realizan tareas que Defensa denomina de “reconocimiento” o “presencia” para evitar referirse a la “seguridad ciudadana”, como se califica cualquier actuación preventiva de uniformados en la calle, y que es competencia exclusiva de los cuerpos policiales, también durante el estado de alarma.

El portavoz de la Guardia Civil en la rueda de prensa diaria, general de brigada José Manuel Santiago Martín, jefe del Estado Mayor, ha intentado desmentir la información de eldiario.es. “Desde la Guardia Civil no se ha dado ningún parte a ningún sitio, antes al contrario estamos trabajando de manera coordinada”, ha dicho el general de brigada desde el atril de Moncloa. El documento que aquí abajo se reproduce es uno de las decenas de partes que a diario redacta el instituto armado. En él se aprecia que va dirigido, entre otros organismos internos, al Estado Mayor que dirige el general José Manuel Santiago Martín.

El artículo 4.6 del Real Decreto de estado de alarma considera a cuatro ministros “autoridades competentes” (Defensa, Interior, Transportes y Sanidad), especificando que cada uno lo es en la “esfera específica de su actuación”. La seguridad ciudadana sigue recayendo, por tanto, en el titular de Interior. El Real Decreto también señala que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska tendrá la facultad de requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas si así lo considera preciso (artículo 5.6). Las tareas de “reconocimiento” o “presencia” del Ejército se están produciendo en la mayoría de los casos sin ser puestas en conocimiento previo de los cuerpos policiales y sin coordinarse con ellos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas tampoco pueden multar ni detener y tienen que requerir a las policías para que lo hagan, según la instrucción que partió de la Secretaría de Estado de Seguridad el 27 de marzo. Con estas limitaciones para el Ejército, un alto mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en seguridad ciudadana se pregunta qué necesidad hay de que los militares estén en la calle si la delincuencia está registrando “un mínimo histórico” coincidiendo con el confinamiento.

La comunicación entre ambos ministerios se ha reducido en los últimos días a un mero formalismo pese a la gravedad de la crisis que vive el país. Todos los días se celebran dos reuniones de coordinación en materia de seguridad en la sede del Ministerio, presididas por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. El oficial que Defensa enviaba a esas reuniones del Centro de Coordinación dejó de acudir el pasado 3 de abril a las mismas y no ha regresado.

Cuando se pregunta a Defensa por el cauce de coordinación que se ha aplicado en situaciones como la visita de la Brigada Paracaidista a Aldea en Cabo (Toledo), a raíz de una pregunta de un periodista local en el chat de Moncloa, el Ministerio de Margarita Robles responde que todas sus intervenciones “están coordinadas por un mando único que dirige el teniente general comandante del mando de operaciones”. La única coordinación que contempla, por tanto, es la de las Fuerzas Armadas consigo mismas.

El proyecto abortado de las patrullas mixtas

eldiario.es adelantó el pasado 2 de abril que las patrullas conjuntas de seguridad ciudadana que iban a realizar la Policía y la Guardia Civil con el Ejército quedaban suspendidas porque Defensa había comunicado que no prestaría sus efectivos. El Ministerio de Margarita Robles había trasladado su disconformidad con que los militares tuvieran un papel secundario en esas patrullas, pero tres días antes tanto ella como Grande-Marlaska anunciaron que su puesta en funcionamiento era inmediata.

Desde Santa Lucía de Tirajana y Mogán (Las Palmas) a Langreo y Pola de Lena (Asturias); de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra (La Rioja) a Colmenar Viejo y Pinto (Madrid); desde Vélez Rubio y Vera (Almería) a Torrelavega (Cantabria), incluso en ciudades como Cáceres, Badajoz, Santander y Pamplona se ha dado presencia militar no comunicada a Interior, tal y como establece el Decreto del estado de alarma, con militares realizando patrullaje y controles sin que lo haya requerido la “autoridad competente” del Ministerio del Interior, ni se le haya avisado previamente.

Al preguntar al departamento de Grande-Marlaska por la descoordinación con Defensa, un portavoz se limita a constatar la colaboración en patrullaje de infraestructuras críticas y fronteras y a afirmar que no se ha cerrado la posibilidad de los equipos mixtos.

Desde los gabinetes de prensa de cada Ejército, de la UME o del propio Ministerio de Defensa se difunde a diario la labor de las “8.000 operaciones” en las que aseguran han participado las Fuerzas Armadas desde que se instauró el estado de alarma. También se envía a los periodistas algunas fotografías en las que aparecen militares con policías en supuestas actuaciones conjuntas, de carácter puntual. Pero al ser preguntados, tanto Defensa como Interior desmienten que se trate de las patrullas mixtas de seguridad ciudadana de las que hablaron ambos ministros.

La participación de los militares además en tareas policiales conlleva el problema de la falta de formación para las mismas, que se está solventando con charlas previas al patrullaje en algunos acuartelamientos, según fuentes militares. En las últimas horas se reproducen situaciones como la ocurrida el pasado viernes en la localidad madrileña de Pinto: un cabo y cuatro soldados del Acuartelamiento Aéreo de Getafe colocaron un control en la calle y estuvieron identificando personas y vehículos de las 10 de la mañana a las siete de la tarde. En ningún momento se comunicó su tarea a las Fuerzas de Seguridad.

“Los soldados van por libre y crean tensión”

Al menos tres delegados del Gobierno de comunidades autónomas han trasladado a Interior los problemas causados por la presencia no comunicada del Ejército en sus demarcaciones, según ha podido saber eldiario.es. A continuación se reproduce un correo electrónico del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, en este sentido, una situación que el general José Santiago Martín ha negado este domingo que se esté produciendo.

“Las actuaciones que llevan a cabo las unidades de las Fuerzas Armadas no se nos comunican con antelación, sino que nos enteramos que vienen una vez que prácticamente ya están aquí”, escribe Tierraseca el 3 de abril. Y añade: “En cuanto a la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas para apoyo a Policía Nacional y Guardia Civil, los soldados les comentan que ellos van por libre y que no quieren estar acompañados por FFCCS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), creando tensión entre los cuerpos policiales”.

En Pamplona, los militares fueron recibidos con el estruendo de las cacerolas por parte de los vecinos del Casco Viejo mientras patrullaban con la policía municipal, en una decisión adoptada de forma unilateral por el jefe del cuerpo local, Javier Goya Espronceda, nombrado por la nueva corporación de Unión del Pueblo Navarro.

La relación entre Grande-Marlaska y Robles comenzó a enrarecerse en enero, cuando el ministro del Interior decidió prescindir del director de la Guardia Civil, Félix Azón, a quien la titular de Defensa había aupado al cargo. Como otros cargos de Interior durante los primeros 18 meses de mandato, Azón fue un nombramiento ajeno al ministro, quien se había encontrado de un día para otro con la tarea de dar forma a un departamento ajeno al ámbito del que procede, el de la justicia. Descontento con la gestión de varios de sus colaboradores, Grande-Marlaska cesó a Azón y a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez.

La situación actual ha tensado aun más el choque entre dos ministerios 'de Estado’, encabezados por personas elegidas por Pedro Sánchez, por tanto del área del PSOE en el Consejo de Ministros, si bien ni Grande-Marlaska ni Margarita Robles son afiliados al partido.

La polémica de los cadáveres en residencias

La especialización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tareas tan aplaudidas como la desinfección de instalaciones públicas y privadas derivó puntualmente en otra controversia. El Ministerio de Margarita Robles confirmó las informaciones acerca del hallazgo de cadáveres abandonados en residencias de ancianos. La alarma social creada y la idea de que fuese una práctica extendida en los geriátricos motivó a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación que luego archivó para derivar los casos puntuales a las fiscalías de cada provincia.

Cuando el Ministerio de Defensa lanzó la denuncia de los cadáveres abandonados, sin especificar cuántos ni dónde, la Policía y la Guardia Civil no habían detectado casos así. Después se ha conocido que en un escenario de altísima mortalidad a causa del Covid-19, hasta el 50% en las residencias de la Comunidad de Madrid, los servicios funerarios quedaban desbordados y se demoraban más de un día en ir a recoger los cadáveres. Las residencias recurrían entonces a la Unidad Militar de Emergencias.

En un sector del Gobierno causó contrariedad que, a causa de la confusa información procedente del Ministerio de Defensa y a la intervención del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunciando que indicaría a la UME a qué residencias tenía que acudir, la polémica sobre la gestión de los geriátricos se dirigiera también contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a que la gestión de los geriátricos es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.