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El juez sienta en el banquillo a Rato por blanqueo y fraude fiscal en la gestión de su patrimonio

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. EFE/ J.J.Guillen/Archivo

Elena Herrera


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Rodrigo Rato se sentará de nuevo en el banquillo. Seis años después de aquella fotografía siendo introducido en un coche de los agentes de Aduanas que fue portada en toda la prensa, el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha abierto juicio oral al que fuera vicepresidente económico y director del FMI por presunta corrupción, blanqueo y fraude fiscal en el marco de la macrocausa abierta en 2015 sobre el origen de su enorme fortuna. El magistrado le exige el depósito de 65 millones de euros en concepto de fianza y advierte que si no consigna ese montante se procedería al “embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid rechaza la pretensión de la Fiscalía de que Rato fuera juzgado también por los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible. En la resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

Rato se sentará en el banquillo por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de campañas de publicidad de Bankia —entidad que presidió entre 2010 y 2012— y por la creación de una estructura societaria para supuestamente repatriar dinero a España y eludir el pago de impuestos. La Fiscalía solicita para él más de 80 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros. El juez también ha abierto juicio oral contra otras 13 personas —entre ellas, el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella— y tres personas jurídicas: las empresas de publicidad Publicis Comunicación y Zenith Media y el bufete Plazas Abogados.

Esta causa ha indagado en el entramado societario de Rato radicado en parte en paraísos fiscales como como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda. Según el juez Serrano Arnal, el que fuera ministro de Economía tendría montado desde 2006 un entramado de empresas en el extranjero con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España más de 7,8 millones de euros, según acreditó un informe de la UCO que consta en el sumario. 

La segunda pata de la investigación es la relativa al fraude fiscal, que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio de manera oculta para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como conferencias. 

Esta investigación se inició precisamente después de conocerse que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía recuerda que entonces omitió “cualquier referencia” a una serie de sociedades y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Así, también será juzgado por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de campañas de publicidad de la entidad que, según la Fiscalía, se derivaron a diversas sociedades logrando “difuminar el origen del dinero”.

En total, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.

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