La jueza archiva la causa contra el receptor ayuda que confió en Guerrero como un dios

La instructora del caso ERE, María Núñez, ha archivado una pieza sobre una ayuda de un millón de euros al Centro de Limpieza Industrial Huévar, al considerar que el empresario que la recibió no es responsable de cómo la tramitó el director de Trabajo Javier Guerrero, que para él era “un dios en el que confiaba”.

En un auto del 8 de marzo, al que ha tenido acceso Efe, la jueza archiva la pieza completa ya que en la misma sólo quedaba como investigado el empresario José Román Sánchez, después de que Guerrero y el exdirector de IDEA (organismo pagador de las ayudas) Miguel Ángel Serrano fueron excluidos por ser ya enjuiciados en la pieza política del caso ERE.

Como ya ocurrió con la investigación al Obispado de Cádiz para un centro geriátrico y a Azucareras Jaén, la jueza argumenta que los beneficiarios de las ayudas de los ERE no son responsables de la gestión “caótica” de la tramitación de las mismas que realizaba Guerrero y que “se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones”.

El auto recoge las declaraciones del empresario en las que señaló que tras la concesión de esa ayuda “Guerrero para mí era un dios” aunque no hizo los trámites con él y sólo le vio “un minuto”.

La jueza parafrasea su expresión para señalar que “ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano” que actúa “bajo el principio de confianza en nuestras instituciones”, en este caso la Dirección General de Trabajo cuyo director era para el empresario “un dios en el que, por supuesto, confiaba y confiaba en los funcionarios y en su administración”.

“No es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración. Si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación”, señala, salvo que actúe a sabiendas de irregularidad y “en connivencia con el concedente para obtener una ayuda” a la que no tiene derecho.

En el caso del millón de euros otorgado en el 2005 al Centro de Limpieza Industrial Huévar (y pagado entre el 2006 y el 2007), para la jueza “nada de esto queda acreditado sino todo lo contrario” pues el empresario solicitó la misma con la documentación que la administración le requirió y el dinero se utilizó para el destino fijado pues “se realiza una inversión que generó puestos de trabajo”.

En su declaración, Román declaró que en IDEA le pidieron “toda la documentación”, que “justificó todo” y “todo era bastante serio” pues “no vio nada extraño en el proceso”.

Por ello cuando años después la Junta le abrió un expediente de reintegro de las ayudas percibidas “me sonó como un error” porque “no había nada de la documentación, tuve que aportarlo todo otra vez”, un reflejo para Núñez de la “caótica” tramitación del director general de Trabajo.