Los fiscales lanzan un órdago a los jueces del Tribunal Supremo con su alegato final

Tres meses y medio y 422 testigos después, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha vuelto a su punto de partida. A pesar de todos los testimonios presentados por ambas partes, la acusación pública mantiene intactas su petición de penas para los acusados del juicio del procés y, lo que es más significativo, no ha alterado ni lo más mínimo sus argumentos.

Esta semana, los cuatro fiscales presentarán el martes sus conclusiones definitivas en lo que es el comienzo del desenlace del juicio. Las defensas lo harán una semana después, los días 11 y 12, cuando también se escuchará la última palabra de los acusados.

El escrito de conclusiones conocido la semana pasada confirma que el juicio ha sido un tanto redundante para los fiscales. Podían haberlo seguido desde casa, pero estaban obligados a asistir para interrogar a los testigos. Siguen pensando lo mismo que anunciaron el primer día de la vista: nueve de los doce acusados son culpables de los delitos de rebelión y malversación. El proceso de secesión de Catalunya, dicen en el escrito, se valió de “la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones –como así sucedió– y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales”.

“Como así sucedió” es una de las expresiones con las que los fiscales dan por confirmado lo que ya dijeron el primer día con independencia de lo que se escuchó después en la vista. Las declaraciones del mayor Josep Lluís Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos no les han alterado en lo más mínimo, aunque sí han aprovechado la oportunidad de utilizar una parte de su declaración, aquella en que los mandos policiales anunciaron que habían advertido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos el 1-O. “Habría dos millones de personas con intención de hacer algo y 15.000 policías con orden de hacer lo contrario, y eso podría provocar problemas de orden público”, dijo Trapero en la sala. Sus comisarios confirmaron este aviso en los mismos términos o similares.

Como quien va a al 'self-service' y se atiborra de carne sin tocar las verduras, los fiscales han incluido esta información en su escrito final, y la reiterarán el martes, pero han ignorado el resto de la declaración de los mandos de la policía autonómica. No se han molestado en mencionar todo lo demás que dijeron el mayor y los comisarios, por ejemplo, que ellos estaban en contra de la convocatoria del referéndum y que cumplirían las órdenes de los tribunales.

Fue uno de los momentos más dramáticos del juicio y tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación –porque además suponía un fuerte revés político para Puigdemont y Junqueras y la confirmación de que estos no contaron toda la verdad a los catalanes antes del 1-O–, pero a los fiscales si acaso sólo les ha provocado un bostezo.

Este es un truco que estamos habituados a ver en los debates en el Congreso y las televisiones. No se acepta ni el más mínimo aspecto de la realidad que pueda poner en duda tu premisa. Está por ver si un tribunal lo aceptará en un juicio en que se solicitan largas penas de prisión para los acusados.

En sus interrogatorios, los fiscales han dejado claro que el despliegue ordenado por Trapero no sirvió de nada porque estaba diseñado para permitir las votaciones. De ahí que utilicen la palabra “pasividad” para definir su actuación, que es la versión que ofrecieron los jefes de la Policía y la Guardia Civil. Enviar dos mossos a cada uno de los más de dos mil colegios no sirvió para interrumpir las votaciones.

Los fiscales sostienen en su escrito que la violencia de los votantes reunidos ante los colegios “fue determinante para que las Unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía no pudieran desempeñar su cometido, y de ese modo pudiera celebrarse –aunque sin garantía legal alguna– la jornada de votación como paso previo a declarar posteriormente la independencia”.

Policías y guardias civiles sí pudieron impedir las votaciones en algunos centros haciendo uso de sus porras y escudos y causando incidentes que el tribunal ha presenciado con el visionado de vídeos aportados por las defensas. Sólo pudieron cerrar poco más de un centenar de colegios, lo que plantea dudas sobre lo que podría haber hecho un número similar de mossos, incluso si hubieran tenido la misma actitud.

Hay una diferencia entre mostrar pasividad y colaborar activamente en la comisión de un delito, sin que eso quiera decir que la primera actividad no sea punible. Eso ha sido irrelevante para los fiscales. Las palabras “como así sucedió” les sirven para afirmar que los 17.000 miembros de los Mossos formaron parte de la rebelión como fuerza armada sin que hayan presentado ninguna prueba de que hubo instrucciones específicas directas desde el Govern a la cúpula policial para que colaboraran en la celebración del referéndum.

Sólo hay unas declaraciones del entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, que prometió que los mossos trabajarían para que la consulta se hiciera con total normalidad. Esas palabras provocaron un gran malestar en la cúpula policial y en algunos sindicatos de los Mossos, y así se lo dejaron claro. Una reunión del Consejo de la Policía de Catalunya, donde están representados los sindicatos, comenzó con una intervención de Forn en la que dijo que una cosa era su función política y otra la “responsabilidad policial de los Mossos” para dar a entender que lo primero no interferiría en lo segundo. Los sindicatos dieron por buena la respuesta y no protestaron.

En el juicio, el comisario Ferran López no ocultó el rechazo que causó en la cúpula policial las declaraciones anteriores de Forn, pero destacó, al igual que los otros comisarios, que no recibieron órdenes de él para favorecer al proceso independentista: “Nunca dio una indicación de lo que tenían que hacer los Mossos”.

Si el fiscal da por hecho que el referéndum se celebró en las condiciones que deseaban sus promotores, cabe preguntarse por qué no se declaró la independencia a todos los efectos con el aparato legal aprobado por el Parlament y la ayuda de esa fuerza armada que eran los Mossos. Pero entrar por ese camino pondría en peligro la acusación de rebelión, así que ese es otro punto que conviene ignorar.

La dificultad de convertir los incidentes producidos en los colegios el 1-O en la pieza básica de un golpe de Estado podría haber hecho que los fiscales aparcaran la acusación de rebelión y se centraran en la de sedición, como hace la Abogacía del Estado, donde tienen muchas más posibilidades de conseguir una condena de no menos de diez años para los que ostentan cargos de autoridad.

Sin embargo, la rebelión se ha convertido en el tótem enarbolado en el debate político por PP y Ciudadanos para exigir el máximo castigo penal para los responsables políticos del procés. Los fiscales no se han bajado ni un centímetro de esa posición. Y al igual que en el escrito de acusación anterior al juicio, los fiscales han acabado el segundo escrito con una referencia al discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en concreto a la parte en que instó “a los poderes del Estado al cumplimiento de sus responsabilidades y a garantizar la convivencia democrática”, como si esas palabras fueran un mandato que ni siquiera el Tribunal Supremo puede dejar de obedecer.

Es una forma de lanzar un órdago a los magistrados del Tribunal Supremo para ver si se atreven a no cumplir las órdenes del jefe del Estado, tal y como desea la Fiscalía.