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Terror en Via Laietana, horror en el Tribunal Supremo

Incidentes producidos ante la Conselleria de Exteriores de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 al terminar los guardias civiles el registro.

Iñigo Sáenz de Ugarte

Más tarde o más temprano, en un juicio llega el momento de internarse en la jungla. El protagonismo pasa a la guerra de guerrillas, las pequeñas escaramuzas con el enemigo que no tienen como objetivo la victoria total e inmediata, sino provocar un cierto número de bajas con las que minar al rival. Es una guerra de desgaste.

Veamos un ejemplo en el inicio de la declaración del guardia civil K47019K (es su número de identificación, ya que el nombre de los agentes no se revela en la vista). Participó en el registro del domicilio de Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat. El teléfono de Salvadó estaba intervenido. Con los agentes en la puerta, llamó a su secretaria para pedirle que se deshiciera de algunos documentos comprometedores: “Coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralos al patio”.

Hubiera sido una buena escena para la serie que haga Netflix sobre el juicio, al menos para comenzar un capítulo. Esos papeles volando mientras los agentes golpean la puerta del despacho. La Guardia Civil ya estaba encima y no hubo tal lluvia de papeles. Alguien sí rompió algunos documentos que se encontraron en la papelera. La papelera es uno de los sitios donde siempre mira la policía. Eran unos ocho folios sobre “escenarios posteriores al referéndum”, el ejercicio de ensoñación independentista que nunca se convirtió en realidad, porque nunca hubo independencia.

La frase 'coge la pila de papeles' no condujo a nada, no sirvió para ocultar pruebas. Pero era una oportunidad que el agente K47019K no iba a desaprovechar. Los malos son los que intentan destruir pruebas tirándolas por la ventana o el inodoro, o comiéndoselas si están muy desesperados. Los testigos profesionales también actúan ante un tribunal. O lo intentan para desgastar al enemigo.

Los cuatro guardias civiles que declararon el martes en el juicio formaron parte de la investigación realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona, que surtió de materia prima a la instrucción hecha en el Tribunal Supremo. Gracias a la verborrea del juez y senador de ERC Santiago Vidal, esa investigación se inició mucho antes del referéndum y es fuente de muchos problemas para los acusados.

Suyos fueron los registros llevados a cabo en departamentos del Govern el 20 de septiembre de 2017 y en despachos y domicilios de los detenidos ese día. También las investigaciones sobre las investigaciones relacionadas con el referéndum con las que la Fiscalía quiere sustentar el delito de malversación.

Los sucesos ante la Conselleria de Exteriores

El tercer guardia civil, P35979V, introdujo en la sesión el elemento más terrorífico, eso para el caso de que Netflix quiera hacer una versión gore. Sabíamos de los incidentes ocurridos ese día ante la Conselleria de Economía con decenas de miles de personas protestando contra las detenciones. Resulta que todo eso no fue nada comparado con el registro de la Conselleria de Acción Exterior, donde estaba P35979V. Allí unas 200 personas se manifestaron ante el edificio situado en Via Laietana, en Barcelona.

Por lo que contó el guardia civil, parecían 200 espartanos muy enfurecidos. “Si todo este tumulto asalta el departamento, los efectos habrían sido devastadores”, dijo al principio. Tumulto, esa palabra que aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía. Después tuvo que sacar del edificio a la secretaria judicial cuando “las amenazas de muerte ya eran algo suave comparado con lo que estaba ocurriendo”. Es difícil pensar en un contexto en el que haya algo peor que amenazas de muerte, excepto la muerte o daños físicos muy graves.

Cuando metió a la secretaria en un coche, los manifestantes zarandearon el vehículo y ella se echó a llorar, según el agente. Luego sacó al detenido y algunos de ellos quisieron llevárselo, se supone que para liberarlo. El detenido también tuvo derecho a frase en el relato: “El detenido no daba crédito a lo que estaba viviendo. Sólo decía: sáquenme de aquí”. Había entre cinco y diez metros entre la puerta del edificio y el coche, según el agente. Las fotos indican que la distancia era muy inferior.

¿Qué hacían los mossos que estaban en la zona?, preguntó el fiscal. “Miraban”, respondió el testigo. Es como decir que no hacían nada.

Las imágenes de ese día demuestran que eso no es cierto. Los mossos intentaron proteger a los guardias civiles y desalojar a los manifestantes que estaban tirados en el suelo. Las fotos confirman que hubo momentos de auténtica tensión con manifestantes, guardias civiles y mossos, casi juntos cuando los segundos dejaron el edificio. Un grupo de personas se tiró a la calzada para impedir que los guardias civiles abandonaran la zona con sus vehículos hasta que los mossos los levantaron del suelo.

Pero no era suficiente con revelar unos hechos muy poco conocidos hasta ahora, a diferencia de los de la Conselleria de Economía. P35979V dio a entender que nunca antes había pasado por una situación tan violenta y eso que había tenido una experiencia de 25 años en un grupo policial antidroga, en la investigación de grandes narcotraficantes y en registros en “barrios muy conflictivos”.

Ninguno de los protagonistas de los incidentes de Via Laietana sufrió lesiones. Ni guardias civiles, ni mossos, ni manifestantes.

Aún hay más. P35979V alegó que pasó por la calle en un coche oficial la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hoy en el banquillo de los acusados. La acusó de “agitar a la masa” desde el vehículo. El coche no paró, pero él dice que reconoció a Forcadell. Fue una revelación sobrevenida. En el atestado policial no dijo que la había visto. Tampoco al juzgado. La abogada de Forcadell le preguntó por qué no lo contó entonces. “Pues me ha salido ahora”, respondió.

La letrada pidió al tribunal que lo considerara como un posible delito de falso testimonio. Era la forma elegante de decir: no me creo nada de lo que ha dicho.

Duelo con Marchena

El magistrado Marchena no dejó que en ese momento se vieran los vídeos para contrastar esta declaración con la realidad de lo ocurrido ese día. Como en otras ocasiones, ha decidido que ahora sólo toca hacer preguntas a los testigos y más adelante será el momento de la prueba pericial en la que ambas partes ofrecerán numerosos vídeos y documentos.

Las defensas discrepan por completo y creen que se les debería permitir ofrecer vídeos que constan en la causa para comprobar si los testimonios de los testigos “se contradicen con las imágenes”; en otras palabras, si alguien se monta una película. Es su forma de desgastar la credibilidad de los testigos que acusan a sus clientes.

Marchena no cedió en este punto, como no lo hizo en otras ocasiones similares, aunque el testimonio de P35979V no le pone precisamente las cosas fáciles. El magistrado intenta acelerar el juicio en la medida de lo posible, lo que es difícil cuando la Fiscalía hace interrogatorios interminables a los testigos. El martes estaba señalado para la declaración de siete guardias civiles. Seis horas y media de sesión sólo dieron para cuatro. La guerra de desgaste exige su tiempo.

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