Urnas misteriosas y declaraciones de independencia inexistente en un juicio con penas de prisión de verdad

Dolors Bassa se colocó en la pequeña mesa donde se sientan los acusados para prestar declaración en el juicio del procés dispuesta a no dejarse enredar por el fiscal ni por los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en 2017. “No se hizo nada”, dijo sobre la presunta declaración de independencia. No se aplicó la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament. No se pusieron en marcha las “estructuras de Estado” que los independentistas prometieron a los ciudadanos que estaban diseñando desde mucho antes del referéndum. Nada.

De hecho, para Bassa, exconsellera de ERC, la U (unilateral) de DUI no existía. El referéndum nunca se llevó a cabo “como un acto concluyente para la independencia”, sino como palanca para conseguir una negociación con el Gobierno central. Un órdago en una partida política que acabó con el 155.

“Nunca pensamos que lo que hicimos tendría consecuencias penales”, explicó en su testimonio Santi Vila, exconseller de Empresa, el político menos independentista del Govern de Carles Puigdemont y la única vía de comunicación entre los dos gobiernos. 

Ha pasado algún tiempo y nueve miembros de ese Govern –junto a la expresidenta del Parlament y los dos responsables de ANC y Òmnium– se sientan ahora en cuatro filas en la sala de juicios del Tribunal Supremo después de haber reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo han podido acabar ahí. La cárcel deja mucho tiempo para pensar.

Algunos de esos consellers no pensaban que terminarían con una petición de pena de 16 años de prisión por parte de la Fiscalía. Creían que sólo se estaban arriesgando a sufrir una pena de inhabilitación, como Artur Mas tras el 9N.

Consellers de más peso en el campo independentista, como Jordi Turull o Josep Rull, realizaron en su declaración una defensa firme del proceso político emprendido y de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil (ANC y Òmnium). Pero sin perder la cabeza. Sin olvidar que pueden pasar en la cárcel mucho más tiempo que el cerca de año y medio que han estado en prisión preventiva. 

Turull dijo que la votación con que se certificó el resultado de la consulta fue “la expresión de una voluntad política que reflejaba el sentir mayoritario del pueblo de Catalunya”. El fiscal le puso delante la palabra “formal” para ver si picaba, pero el exconseller se limitó a repetir la misma frase.

Los votantes nacionalistas se movilizaron el 1 de octubre de 2017 con la esperanza de que serviría para la proclamación de la república independiente de Catalunya. Para sus líderes de entonces, era sólo la expresión de una voluntad, una descripción que vale para cualquier cita en las urnas.

Ningún acusado tiene la obligación de hacer la vida fácil al fiscal. Serán las acusaciones las que tengan que intentar demostrar que los acusados son culpables, no al revés. La declaración de los testigos solicitados por ambas partes será el núcleo del juicio, y hasta entonces pocas conclusiones se pueden sacar. 

Antes de eso, los acusados han mantenido una posición común a la hora de negar cualquier apoyo directo del Govern en forma de financiación a la realización del referéndum. Sería como admitir el delito de malversación. 

“No hay ningún elemento fáctico que desarrolle” el decreto de convocatoria del referéndum, insistió Turull. “No se gastó ni un euro público para celebrar el referéndum”, dijo Rull. “Las finanzas de la Generalitat estaban absolutamente controladas por el Estado”. Bassa afirmó rotunda: “No se hizo ningún gasto, no se hace absolutamente nada, no se hace ninguna acción por parte del Gobierno de la Generalitat”. El referéndum se hizo solo. 

“Mecenas catalanistas”

¿De dónde salieron urnas, papeletas, envíos de material electoral a votantes, uso de lugares para la votación? Es un misterio. “Estaba convencido de que habría urnas porque la fuerza de la esperanza es increíble”, explicó Rull. “Tenía la convicción, la esperanza íntima, de que las urnas aparecerían, y aparecieron”. Sus deseos se cumplieron. “Mi impresión intuitiva era que se había financiado todo con mecenazgo, por mecenas catalanistas. Pero sólo es una especulación”, opinó Vila.

En ese momento, una persona que acompañaba al president Quim Torra se giró para lanzar una gran sonrisa a otro invitado presente en la sala, diputado de uno de los partidos del Govern. Lo mismo fue una casualidad.

Junqueras había sostenido antes un argumento que es poco probable que el tribunal acepte. Como los centros escolares no se pueden arrendar por ley, no hubo lucro cesante por su uso en el referéndum. Los fiscales podrán decir que fue una aportación material básica para que la consulta pudiera producirse.

Laia Vicens y Xavi Tedó, del diario ARA, contaron en un libro que fue un empresario del que no se conoce el nombre el que compró en China más de 6.000 urnas con 100.000 euros de su bolsillo. Sobre el resto de la logística, la explicación de los acusados es que procedió de la “sociedad civil”. Los consellers no sabían nada. Turull presentó una urna en rueda de prensa sin saber cómo había llegado hasta allí, dijo. 

¿Quién pagó a los observadores internacionales? Quien recibió esa pregunta recordó que eso era responsabilidad del departamento que dirigía Raül Romeva. Fue muy conveniente para todos ellos que Romeva decidiera no responder a las preguntas del fiscal y de la abogada del Estado, tal y como había hecho Oriol Junqueras en la semana anterior.

Puigdemont se hizo una foto en abril de 2017 con cinco notificaciones no acatadas del Tribunal Constitucional para publicarla en Twitter. Fue una imagen muy comentada por ser un desafío a los tribunales y a todos los documentos que se les ocurriera enviar. “No dejaremos de avanzar”, decía en el tuit, se supone que hacia la independencia.

En el juicio, la exconsellera Meritxell Borràs declaró que la declaración de independencia “no obligaba a nada” porque estaba en un preámbulo. Los acusados quisieron que calara la idea de que después del 1-O el Govern –es decir, ellos– frenó en seco. Todo cambia cuando te llevan en un furgón cada día desde una prisión para ser juzgado en el Tribunal Supremo.