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María Jesús Montero, de la sanidad andaluza a número dos del Gobierno para abordar la financiación autonómica

La nueva vicepresidenta primera, María Jesús Montero, promete su cargo ante el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela.

Aitor Riveiro / Javier Ramajo

Madrid / Sevilla —

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La salida de Nadia Calviño del Gobierno camino del Banco Europeo de Inversiones ha abierto el camino para que María Jesús Montero (Sevilla, 1966) ascienda a número dos de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda será vicepresidenta primera aunque con competencias distintas a las de su antecesora. Montero ya no tendrá como principal misión entenderse con los organismos europeos ni coordinar la política económica, sino los Presupuestos y abordar la reforma de la financiación autonómica, uno de los principales retos de la legislatura.

La nueva vicepresidenta primera sabe del asunto. No solo porque ha sido la responsable de los Presupuestos de Pedro Sánchez desde 2018, sino porque antes fue consejera andaluza durante una década y media bajo las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 

Médica de profesión, entró con el aura de independiente en el Gobierno andaluz en 2002, como viceconsejera de Salud después de haber sido directora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dos años después ya era consejera.

Montero acumuló dieciséis años en la Junta los que estuvo al frente de los departamentos de Sanidad, primero, y de Hacienda, después, y en donde aplicó los duros recortes impuestos desde Bruselas y el Gobierno de Mariano Rajoy tras el estallido de la crisis financiera y la apuesta de Europa por las políticas austericidas.

Cuando Sánchez la llamó para su Gobierno era una de las mujeres de más peso del Gobierno de Susana Díaz, quien apenas unos meses después perdería el control de la Junta en favor del PP de Juan Manuel Moreno. El nombre de Montero había sonado un año antes como posible sustituta de Díaz cuando los socialistas andaluces pensaban que la entonces presidenta Díaz derrotaría a Pedro Sánchez en las primarias de mayo de 2017, lo que la obligaría a dejar el Gobierno autonómico en manos de una persona de confianza antes de marcharse a Madrid. Quien acabó dando el gran salto a la política nacional fue ella. Díaz también acabó en la capital, pero como senadora.

De Hacienda a vicepresidenta

Montero ha consumado este viernes un nuevo paso en su escalada en la pirámide del poder en España tras un lustro como una de las principales colaboradoras de Pedro Sánchez. Cinco años en los que ha ido ganando importancia tanto en el Ejecutivo como en el PSOE, de la que es vicesecretaria general desde 2022, cargo en el que sustituyó a Adriana Lastra.

La nueva vicepresidenta primera entró al Gobierno en junio 2018 tras la moción de censura que sacó de Moncloa a Mariano Rajoy. Con un pasado de contención presupuestaria en Andalucía, Pedro Sánchez la situó al frente de Hacienda para su primer Gobierno, todavía en solitario. 

Con un papel público todavía menor, Montero fue una de las negociadoras de los primeros acuerdos programáticos con Unidos Podemos una vez que el PSOE asumió el Gobierno.  Como el de los Presupuestos de 2019 , que no vieron la luz por el veto de ERC. Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Aquel documento iba más allá de las cuentas públicas, y sentó las bases programáticas del primer Gobierno de coalición en casi un siglo. Tras la doble cita electoral de 2019, PSOE y Unidas Podemos cerraron un Ejecutivo conjunto. También entonces Montero fue quien echó horas en la mesa de negociación para la arquitectura programática y ministerial.

En ese Gobierno Montero ganó peso político al asumir la Portavocía que dejaba libre Isabel Celaá. La ministra de Hacienda se convirtió en el rostro del Consejo de Ministros tras bregarse en el Parlamento con la oposición, e incluso con algunos de sus aliados. Montero demostró dotes discursivas y comunicativas que Sanchez quiso explotar en un contexto político muy complejo: un Gobierno conjunto con una izquierda muy combativa dentro, alianzas parlamentarias con independentistas, y una derecha que buscó el derribo del Ejecutivo desde antes incluso de su toma de posesión. Por cualquier método.

La legislatura tenía como principales objetivos pactados por las partes el recuperar partidas económicas que habían casi desaparecido durante los mandatos del PP, así como afrontar la normalización política en Catalunya. Pero la pandemia del coronavirus hizo saltar todo por los aires. O casi todo.

En aquellos primeros meses de 2020 el Gobierno de coalición vivió un duro e intenso debate interno que marcó de inicio cómo iba a reaccionar España ante el shock económico derivado del confinamiento y demás medidas destinadas a reducir el impacto económico del virus.

Había dos posiciones, como recuerdan a elDiario.es fuentes conocedoras del desarrollo de aquellos días en los que la tensión fue máxima: una parte apostaba por hacer una intervención mínima frente a quienes pedían un derroche de estímulos de corte keynesianos. En el primer grupo estaban Nadia Calviño y Montero. En el segundo, Unidas Podemos en bloque apoyados por el Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

“Antes de responder al teléfono ya te ha dicho que no, es su estrategia negociadora”, apuntan quienes han tenido que hacerlo en estos 16 años con cargo ejecutivo. Su actitud, dicen otros, es de “contable”. Es decir, le tiene aversión, sostienen, al descuadre de las cuentas.

Pero a Montero también le reconocen una habilidad política que Calviño no acabó de demostrar: la adaptabilidad. La flamante vicepresidenta primera pasó de los recortes al equilibrio contable y, ante la ruptura del dique de la austeridad en la lucha contra la pandemia, primero, y contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, después, se ha echado en brazos de la expansión presupuestaria.

El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el techo de gasto para 2024: 199.120 millones. El más alto de la historia. Gracias, en parte, a los fondos europeos que negociaron Calviño y el nuevo responsable de Economía, Carlos Cuerpo

El reparto de tareas que ha ideado Sánchez para el nuevo Gobierno no da más funciones a Montero, que gana peso político, pero no competencias. “La coordinación de la política económica y la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (Cdgae) se queda en Economía”, explican desde Moncloa a elDiario.es. Esa comisión es la que reúne a los ministros económicos y donde se negocian buena parte de las políticas del Ejecutivo, y ha sido escenario de fortísimos enfrentamientos entre las dos partes de la coalición desde 2020.

Montero también pierde una pata habitualmente asociada a Hacienda, la Función Pública, que pasa a depender del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá.  

Desde el PP inciden en la redistribución de tareas que salen del departamento que gana Montero para arremeter contra una de sus rivales más duras en el Gobierno. “Sánchez demuestra lo que le importa la economía quitando la Vicepresidencia al Ministerio”, ha dicho el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en redes sociales. “Que la ‘número dos’ del PSOE sea la ‘número dos’ del Gobierno, mientras la portavoz del Ejecutivo es también la portavoz de Ferraz, es la demostración de que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y más preocupado por ir al choque con el PP que por dignificar la gestión pública”, añaden desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

“Políticamente gana muchísimo peso”, defienden las fuentes de la Moncloa consultadas. El motivo, no solo que gestionar los Presupuestos otorga un gran poder a la persona que debe hacerlo. Sino porque esta legislatura está llamada a ser la de la revisión de la financiación autonómica. Un asunto de gran relevancia económica, política y por supuesto, mediática.

Sobre la mesa está la quita de deuda a Catalunya, que irá acompañada de una cesión de tributos todavía sin concretar. Dos medidas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez con los votos de ERC y Junts que el Gobierno, por boca de Montero, ha comprometido extender al resto de comunidades autónomas del régimen común: todas menos País Vasco y Navarra.

Montero pilotará esa negociación a varias bandas, bilaterales y multilaterales a la vez, y que ocupan y preocupan a partidos y administraciones con intereses contrapuestos, a veces incluso entre quienes comparten ideario. Una oportunidad para confirmar esas dotes negociadoras que dicen que tiene, o para estrellarse y naufragar donde otros ya lo hicieron antes. Si triunfa, su nombre ganará muchos enteros en una futura y todavía no abierta carrera sucesoria en el PSOE.

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