Marlaska asciende a número 3 de la Policía a un mando de la época del PP responsable hasta ahora de aplicar el régimen disciplinario

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resuelto tres nombramientos que tenía pendientes en la cúpula policial haciendo que corra el escalafón y que los ocupen mandos aupados durante la época del último Gobierno del Partido Popular. El más relevante de estos nombramientos es el del núevo número 3 de la Policía, Agustín Alonso-Carriazo, que se convierte en subdirector general de Recursos Humanos y Formación. Alonso-Carriazo fue nombrado por el exministro Juan Ignacio Zoido jefe de la División de Personal en diciembre de 2017, de la que depende Régimen Disiciplinario, y durante el mandato de Grande-Marlaska ha continuado con la política de laxitud en las investigaciones y eventuales sanciones en el seno de la institución.

Como ejemplo de esa política en la aplicación del Régimen Disciplinario de la que ha sido responsable Alonso-Carriazo está la decisión de no abrir expediente al comisario que intentó favorecer al imputado por la financiación irregular del PP Javier López Madrid en el caso de la doctora Pinto, por el que va a ser juzgado el empresario; la negativa a abrir una investigación formal al mando que invitó a Billy el Niño a un festejo oficial en su comisaría; o la permanencia de varios mandos de la brigada política del Partido Popular en servicios activos pese a sus imputaciones en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Bárcenas. Uno de ellos, el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, captó al chófer que actuó de topo en el seno de la familia del extesorero y se ha convertido, recientemente, en jefe de la comisaría de Villa de Vallecas.

El nuevo subdirector de Recursos Humanos y Formación, Agustín Alonso-Carriazo, accede al puesto después de que el actual ministro del Interior fracasara en su intento de que una mujer integrara por primera vez el puente de mando de la Policía Nacional. La comisaría principal Pilar Allúe solicitó la Consejería de Interior en Roma después del ninguneo al que era sometida por el director adjunto del Cuerpo, José Ángel Jiménez, aupado por Grande-Marlaska a la jefatura operativa de la Policía, y por el propio director general de la Policía, Francisco Pardo.

El director adjunto operativo de Marlaska, José Ángel Jiménez, es un mando procedente de la academia militar y con una carrera desarrollada en los antidisturbios, un perfil similar al de Eugenio Pino, el DAO de la primera legislatura del PP, artífice de la brigada política, que está imputado por el espionaje a Bárcenas y al que es próximo el actual DAO de la Policía.

El segundo nombramiento anunciado esta tarde por el Ministerio del Interior es el de Rafael Pérez Pérez como comisario general de Policía Judicial. Esta estructura de los servicios centrales engloba la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción, entre otros delitos especializados. Pérez actuaba ya de número dos de esta Comisaría General, a las órdenes de Eloy Quirós, que se ha jubilado. Pérez se convirtió en jefe de Unidad de Investigación Tecnológica en uno de los últimos nombramientos policiales del Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura.

Pérez, aseguran fuentes policiales, era el candidato de Quirós para sustuirle. El recién jubilado también fue uno de los miembros de la cúpula policial del PP que Grande-Marlaska perpetuó en el cargo. La decadencia de la UDEF, uno de los emblemas policiales del Gobierno de Zapatero, arrancó en la primera legislatura de Rajoy, como instrumento para blanquear los manejos de la policía política, y sea perpetuó a partir de 2016 con Quirós al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, de la que depende la unidad especializada.

Uno de los últimos episodios de su descomposición de la UDEF ha sido la salida del inspector jefe que dirigió las investigaciones de la caja B del PP, quien solicitó una plaza en Huesca después de ascender y no recibir ninguna oferta para continuar en su especialidad, los delitos económicos y de corrupción política. La exigencia de acabar con la investigación de la caja B, que dirige el juez José de la Mata, ha obligado a conceder una comisión de servicio a Manuel Morocho para que remate las pesquisas sobre la financiación irregular del PP.

El tercer nombramiento es el de Alicia Malo, que de secretaria general de Cooperación Internacional pasa a la jefatura de la misma, esto es, del puesto dos al uno. Lo hace después de que su antecesor en el cargo, Carlos Antonio Vázquez Ara, ganara la plaza de consejero de Interior en Washington, una de las más demandadas, pese a integrar el órgano que propone a Interior los candidatos más idóneos para los codiciados cargos en las delegaciones diplomáticas. Los tres nombramientos, informa el Ministerio del Interior en una nota de prensa, han sido propuestos por el director general de la Policía, Francisco Pardo, al ministro.