Una operación contra un ministro le añade otra mancha al Gobierno de Temer

Un allanamiento realizado hoy por la policía en la casa del ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, enredó aún más al Gobierno de Michel Temer, quien se enfrenta al riesgo de ser objeto de una nueva denuncia por corrupción.

Aunque la operación policial llevada a cabo en la residencia de Maggi en Brasilia no se relaciona con ninguna de las investigaciones que implican directamente a Temer, el asunto sí afecta la imagen del Gobierno y del propio presidente, que tiene en su gabinete a diez ministros sospechosos de incurrir en prácticas corruptas.

El allanamiento ocurrió en momentos en que la Fiscalía analiza la posibilidad de formular una nueva denuncia contra Temer, después de que una primera acusación por corrupción fue rechazada por la Cámara baja, que según la Constitución brasileña debe avalar el inicio de un juicio penal contra un mandatario en el ejercicio del poder.

La nueva denuncia, que podría ser presentada entre hoy y mañana, se apoyaría en la presunción de que Temer incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, según confesiones de los dueños del grupo empresarial JBS en las que se basó la primera denuncia, ya rechazada por los diputados.

En el caso de Maggi, un importante empresario agropecuario con negocios en el sector de la soja, las sospechas se remontan al período 2003-2010, cuando fue gobernador del estado de Mato Grosso, una de las principales zonas productoras de alimentos del país.

El político Silval Barbosa, preso hace dos años por corrupción y quien le sustituyó en ese cargo, pactó colaborar con la justicia y denunció que en Mato Grosso existía una trama de sobornos y diversas irregularidades en las que también actuaba Maggi.

Al margen de ese asunto, el ministro también es investigado por la Corte Suprema como parte del caso Petrobras, por supuestamente haber recibido 12 millones de reales (unos 4 millones de dólares) en donaciones ilegales para la campaña que llevó a su reelección como gobernador en 2006.

El Gobierno optó por no pronunciarse inmediatamente sobre el caso, pero el propio Maggi difundió una nota en la que rechazó todas las sospechas en su contra y aseguró que probará su inocencia.

“Respeto el papel de la Justicia en el cumplimiento de su deber de investigación, pero dejo claro que usaré todos los medios legales necesarios para defenderme y restablecer la verdad de los hechos”, dijo Maggi en la nota difundida tras el allanamiento, en el que la policía se incautó de algunos documentos y un ordenador personal.

El ministro también aseguró que “jamás” se valió de “medios ilícitos” en su vida pública, que siempre respetó “el papel de las instituciones” y que se guía por “los pilares del respeto a la cosa pública y la ética institucional”.

Sin embargo, el magistrado Luiz Fux, uno de los once miembros de la Corte Suprema y quien autorizó la operación policial, afirmó que existen “vehementes indicios” de que Maggi incurrió en diversos delitos de corrupción e incluso de obstrucción a la justicia.

Ello habría implicado valerse de su poder político para intentar impedir las investigaciones, el mismo cargo que la Fiscalía General analiza presentar contra Temer sobre la base de acusaciones formuladas por los dueños de JBS.

Sin embargo, el acuerdo de colaboración judicial firmado por JBS está en duda, pues la Justicia ha comprobado que los directivos de ese grupo omitieron información o no llegaron a comprobar algunas de sus acusaciones, lo que pudiera llevar a declarar la nulidad legal de sus testimonios.

Aún así, la Fiscalía estudia presentar nuevas denuncias contra Temer ante el Supremo, que en ese caso serían remitidas otra vez a la Cámara Baja, para que repita todo el proceso que el pasado 2 de agosto concluyó con el rechazo de la mayoría de los diputados a las primeras acusaciones.