El PP adjudicó contratos al arquitecto cuya incorporación al Gobierno cuestiona por ser amigo de Sánchez

El PP ha dejado clara su estrategia de guerra sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las últimas batallas la ha lanzado por la designación del arquitecto Iñaqui Carnicero para la dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura, un organismo que se creó con la composición del nuevo organigrama ministerial y que está bajo el mando de José Luis Ábalos. Para Pablo Casado, ese nombramiento -realizado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio- es un ejemplo de “enchufismo” e “hipocresía” ya que es amigo del presidente, Pedro Sánchez. A la crítica se han sumado Vox y Ciudadanos, pero los conservadores han lanzado una ofensiva parlamentaria en la que preguntan al Ejecutivo los “criterios” para ese nombramiento. Varias administraciones gobernadas en distintos momentos por el PP adjudicaron relevantes proyectos a las empresas de Carnicero.

Una de esas adjudicaciones para Estudio Rica, por un importe de 57.000 euros más IVA, fue el diseño en 2016 del pabellón de España en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se ejecutó a través de la Sociedad de Acción Cultural a partir de un acuerdo con el Ministerio de Fomento. Carnicero fue co-comisario y co-diseñador de esa exposición, que recibió el León de Oro -el galardón que se concede en esa muestra en la que compiten todos los países-. A pesar de que lo entregó el primer ministro italiano en el momento, Mateo Renzi, la entonces ministra de Fomento, la conservadora Ana Pastor, reeditó la entrega en un acto en el Colegio de Arquitectos. España solo ha conseguido ese galardón en dos ocasiones. La anterior, en el año 2000, contó con la colaboración de Carnicero en el proyecto dirigido por Alberto Campo. José María Aznar recibió al equipo en el Palacio de la Moncloa.

La victoria en Venecia motivó un nuevo contrato en mayo 2017 para llevar la exposición 'Unfinished' a República Dominicana así como conferencias y actividades vinculadas a la exposición en Santo Domingo y Sydney a instancias del Ministerio de Fomento, que selló un contrato menor por 21.755, 80 euros, ya con Iñigo de la Serna al frente. “En esta segunda etapa recorrerá varias ciudades dentro y fuera de España”, recogía entonces la página web de Acción Cultural.

Pero la administración central no fue la única que contrató los servicios de Carnicero. ICA Arquitectura -en la que además de Carnicero participaban Alejandro Virseda Aizpún e Ignacio Vila Almazán- resultó vencedora del concurso para el proyecto del edificio de la Fiscalía de Madrid por más de un millón de euros. “Además de Norman Foster, Richard Rogers o Zaha Hadid, por ejemplo, la Consejería de Justicia, que dirige Alfredo Prada, ha seleccionado a un joven estudio de arquitectura madrileño (ICA Arquitectura) para proyectar el edificio de la Fiscalía del nuevo Campus de la Justicia de Valdebebas”, recogió entonces la crónica de ABC.

El mismo estudio se impuso a 100 participantes para el diseño de la Nave 16 del Matadero de Madrid, una rehabilitación impulsada por el Ayuntamiento en tiempos de Alberto Ruiz Gallardón. Ese mismo año, 2009, recibió el encargo de la construcción de 39 viviendas para la empresa municipal de la vivienda por 150.410 euros más IVA a partir de un concurso anónimo.

Una de las adjudicaciones que se ha utilizado para denunciar el “dedazo” de Sánchez es la que recibió Estudio Rica en noviembre de 2018 para la “adecuación del proyecto de obras en la rampa de acceso no discriminatorio en el Museo Nacional de Antropología de Madrid” por un importe de 8.470 euros, de los que se han abonado en torno a 3.600. No obstante, esa decisión parte de que ya existía en el Ministerio de Cultura un proyecto elaborado por el despacho de arquitectura de Carnicero desde 2014. Entonces, también bajo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, se le encargó la “redacción del proyecto de mejora y optimización de las condiciones de accesibilidad y facilidad de uso de en el área pública” de dicho museo. La ejecución de ese proyecto no se llevó a cabo por parte del ministerio y, ante la denuncia presentada por la Federación de asociaciones de personas con discapacidad, se decidió ejecutar de forma inmediata solo una parte del proyecto inicial, la correspondiente a la rampa. La decisión se adoptó en 2017, cuando el PP seguía en el Gobierno, aunque el proceso terminó tras la moción de censura.

La única ocasión en la que el Gobierno socialista contrató a la empresa de Carnicero fue un trabajo de consultoría “para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de Instituciones Internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura” por un importe de 14.990 euros. La galardonada exposición de la Bienal de Venecia le había llevado de forma itinerante con la exposición a una decena de países.

A las críticas vertidas en Twitter, el PP ha sumado una ofensiva en el Congreso, donde este miércoles el diputado Antonio González Terol interrogará a Ábalos por la designación de Carnicero. “¿Qué criterios guían la política de nombramientos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?”. También ha registrado una batería de preguntas para que sean respondidas por escrito. La principal pega que ponen es que se incorpore como director general alguien que no es funcionario -una práctica que está a la orden del día-. Así, se interesan por “qué características específicas ostenta la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura para exceptuar que su titular haya de ostentar la condición de funcionario” y “qué especificidades concretas ostenta José Ignacio Carnicero que no puedan ser tenidas por funcionarios de carrera”. “¿Qué hechos motivan que desde el día 29 de enero de 2020 hasta el día 2 de junio de 2020 no se haya nombrado al titular de la Dirección General de Agencia Urbana y Arquitectura?”, inquieren.

Hasta ahora, Carnicero vivía en Estados Unidos, donde impartía clases en universidades como M.I.T , Yale y Cooper Union. Desde el departamento que dirige Ábalos recuerdan que su sueldo era en ese trabajo muy superior a lo que va a percibir ahora como alto cargo del Gobierno (en torno a 90.000 euros). La portavoz, María Jesús Montero, defendió el nombramiento de “una persona que tiene las condiciones óptimas, que está capacitado y que tiene un currículum brillante” y denunció que “se quieran mezclar” otros temas que “nada tienen que ver” con sus relaciones personales. “En política no todo vale”, expresó Montero antes de explicar que el Gobierno tiene capacidad para elegir para los puestos de libre designación a aquellas personas que entienda que mejor pueden desempeñar una labor que es “complicada” y para quienes “muchas veces” aceptar estos cargos supone una “renuncia” de su carrera profesional.