El PP rechaza debatir que la alteración del padrón sea delito electoral
El pleno de las Cortes Valencianas ha rechazado, con los únicos votos en contra del PP, tramitar una proposición de ley presentada por Compromís para reformar la ley orgánica de régimen electoral (LOREG) con el fin de que sea considerado delito electoral la alteración del padrón municipal.
Los populares han apoyado el criterio negativo del Consell a esta iniciativa, en el que se destacaba que la ley electoral “regula lo concerniente estrictamente al censo electoral y no al padrón municipal”, que es “una pieza fundamental para la elaboración del censo”, pero “no es su única finalidad”.
Por ello, el Gobierno valenciano, y también el PP, considera “más conveniente la remisión al Derecho Penal vigente en materia de falsificación de documento público los posibles delitos que pudieran cometerse en el momento de la confección de los correspondientes padrones municipales”.
También recuerda el Consell que en 2011 se reformó la LOREG y se introdujeron propuestas, tanto de la Junta Electoral Central como del Consejo de Estado, para reforzar los controles de la Administración Electoral sobre la formación del censo electoral.
La diputada de Compromís Mònica Oltra ha calificado de “inverosímil” el criterio desfavorable del Ejecutivo valenciano al afirmar que no entiende “por qué no están de acuerdo con que se castigue a los que alteran un proceso electoral”.
“¿Las personas que falsifiquen el padrón deben o no deben ser castigadas?”, ha preguntado Oltra, quien ha afirmado que la alteración del padrón lleva a “un fraude” y supone “robarle la decisión al pueblo y a los ciudadanos que viven en esos municipios”, sobre todo en localidades pequeñas en las que esos cambios pueden alterar los resultados.
Oltra ha asegurado que todos conocen “casos concretos y sangrantes” de municipios que han cambiado el censo con personas de otros pueblos e incluso de otras comunidades autónomas, especialmente en comarcas de la provincia de Castellón.
“Que esto se haga en Valencia obviamente no altera el resultado, pero en municipios con decenas de habitantes sí lo altera y no entiendo por qué no debe tener una respuesta penal”, ha insistido la diputada, para quien cambiar el censo “es un delito electoral y debe estar en la LOREG”.
El diputado del PP Antonio Peral ha acusado a Compromís de traer a las Cortes una propuesta que corresponde debatir al Congreso de los Diputados con el único objetivo de poder decir después que el PP no quiere que se castigue la alteración del censo, algo que ha rechazado.
“El PP está absolutamente a favor de que se persiga hasta las últimas consecuencias a quien altera un padrón municipal”, ha defendido Peral, quien se ha mostrado totalmente de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo valenciano para no apoyar la iniciativa.
Además, ha criticado que la propuesta es “incompleta” porque excluye la necesidad de que la supuesta infracción sea cometida de forma dolosa, ya que según ha dicho, “el padrón puede ser modificado por innumerables circunstancias que no tengan que ver con el fraude electoral”.
En concreto, ha señalado que es posible que un municipio esté interesado en aumentar el número de habitantes para tener “una consideración mejor administrativamente”, por lo que “no puede considerarse que una modificación del padrón sustanciosa persigue siempre un fraude electoral”.
El PSPV y Esquerra Unida han apoyado la iniciativa, ya que, según el socialista Víctor Sahuquillo, este tipo de fraudes son “indignos” y quienes los promueven “deben recibir el rechazo de todos los demócratas” y, según Ignacio Blanco (EU), “si el censo no corresponde con los habitantes, se falsea la democracia”.
Sahuquillo ha advertido de que todavía están pendientes de resolución judicial “supuestos delitos electorales por empadronamientos fraudulentos en diversos municipios” de Castellón, en cuyos partidos judiciales “la elección del único diputado provincial garantizaba la mayoría del presidente con mayor suerte en los sorteos de la lotería en la historia de este país”.
