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El PSOE cierra filas con Iglesias y vota en contra de que dé explicaciones en el Congreso sobre la financiación de Podemos

Pedro Sánchez, junto a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, durante un Pleno en el Congreso.

Irene Castro / Elena Herrera

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El PSOE ha votado en contra este martes de que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para explicar la causa abierta en un juzgado de Madrid sobre las presuntas irregularidades en las cuentas de Podemos, como habían solicitado el PP y Ciudadanos. La petición de comparecencia ha quedado finalmente rechazada al contar con la oposición de PSOE, Unidas Podemos y otros aliados de la investidura como el PNV o ERC. “Corresponde a la Justicia aclarar una denuncia sobre la supuesta financiación irregular de Podemos”, ha señalado el portavoz socialista, Felipe Sicilia, que ha recordado que otras investigaciones sobre las cuentas de la formación de Iglesias han acabado archivadas. “Que un partido condenado por beneficiarse de la corrupción venga a pedir responsabilidades resulta curioso”, ha añadido. 

Cuca Gamarra, que se ha estrenado este martes como portavoz del PP tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, ha destacado durante su turno la “incapacidad” de Iglesias para “respetar las leyes del juego democrático” y le ha pedido de nuevo que dimita. Pero la portavoz del PP también se ha dirigido al presidente del Gobierno, al que ha acusado de tener una “doble moral” por su “silencio cómplice” con Podemos. “Si Sánchez es quien nombró a Iglesias es Sánchez quien le tiene que quitar”, ha subrayado. Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha señalado, por su parte, que “sobran motivos” para la comparecencia de Iglesias en el Congreso. “Toda la campaña electoral de Podemos se basó en el caso de las cloacas, ahora resulta que las cloacas eran Podemos. Que todo era teatro”, ha asegurado. 

Al rechazo a la comparecencia de Iglesias se han sumado algunos de los socios de investidura como el PNV, si bien s--u portavoz, Aitor Esteban, ha sido crítico con Podemos en su intervención. “Podemos ha actuado de acusador, de juez sumarísimo, ha utilizado rumores para hacer política… y ha hecho daño a mucha gente con esa forma de actuar. Nosotros no vamos a actuar así”, ha aseverado. Por su parte, Carolina Telechea, de ERC, ha dicho que Podemos es víctima de “una operación más de las cloacas del Estado” y de una “campaña mediática” de la derecha para tapar los escándalos de Juan Carlos I. “Hablar de caja B de Podemos es banalización de las prácticas corruptas del partido que ha pedido la comparecencia”, ha asegurado. 

La Diputación Permanente se ha reunido este martes para analizar las solicitudes de comparecencia realizadas por varios grupos de la oposición, principalmente del PP, que ha reclamado la presencia en el Congreso de Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Exteriores, Industria y Turismo, Seguridad Social y Migraciones, Sanidad, Educación y Hacienda. A seis días de que termine el mes de agosto se ha convocado ese organismo que pilota la actividad parlamentaria en los periodos inhábiles.

Finalmente, solo han salido adelante la petición de la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso, por parte del Gobierno, del superávit de los ayuntamientos, y la de la titular de Educación, Isabel Celáa, para dar explicaciones sobre el inicio del curso escolar.

Unidas Podemos, que anunció durante el debate que apoyaría la comparecencia del titular de Sanidad, Salvador Illa, ha votado en contra finalmente y la solicitud ha quedado rechazada. No obstante, el titular de Sanidad comparecería igualmente la semana que viene al haberlo solicitado a petición propia. El PNV ha cuestionado en la mayoría de casos la urgencia de esas peticiones.

Críticas a la gestión del Gobierno

PP, Vox y Ciudadanos han sido muy críticos con la gestión del Gobierno en las últimas semanas ante el repunte de contagios de coronavirus en España. “Seis meses después de la pandemia, España lidera las peores cifras —ha expresado la diputada conservadora Valentina Martínez—. Hoy la responsabilidad la tiene la desidia. Es hora de rendir cuentas y de asumir responsabilidades y consecuencias. No se puede ni perder ni pedir más tiempo”. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha asegurado que el país está siendo “un ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Sin embargo, los grupos que sustentan al Gobierno y sus aliados parlamentarios han sido críticos con el principal partido de la oposición, al que han acusado de tener un “interés partidista” en las solicitudes de comparecencias y algunos de los intervinientes han recriminado la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

También al Congreso ha llegado uno de los principales conflictos que ha encarado el Gobierno este verano: la negociación con los ayuntamientos para que puedan gastar sus ahorros. La FEMP sacó adelante la propuesta de Hacienda con el voto del PSOE y la abstención de Unidas Podemos-IU-Comunes, por lo que fue necesario el voto de calidad del presidente, Abel Caballero. En este caso, Unidas Podemos ha apoyado la solicitud de comparecencia de Montero y ha reconocido que no le gusta el decreto, que ha considerado un acuerdo del “PSOE con el PSOE”. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo también son muy críticos con esa iniciativa por lo que algunos han apoyado la petición de comparecencia de María Jesús Montero —entre ellos PNV, ERC o EH Bildu, que han criticado con dureza el “camino” adoptado por el Gobierno. “Se ha roto el consenso en la FEMP”, ha reprochado Ciudadanos, que ha avisado de que están “a tiempo de llegar a un acuerdo”: “Son ustedes los que han decidido ir en solitario”.

De hecho, el debate ha puesto de manifiesto el complicado camino que tiene Montero para sacar adelante el decreto ley que aprobó en agosto y para el que por ahora no cuenta con los apoyos suficientes. La mayoría de grupos han reclamado que el Gobierno haga una nueva propuesta pese a que el decreto ley está vigente. “Esto no se soluciona con una posterior tramitación como enmiendas —ha avisado Aitor Esteban—. Hay que sustituir este decreto por otro”. “Es el momento de rectificar, de consensuar”, ha advertido Joan Baldoví, de Compromís.

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