El nuevo número tres del PP, implicado en la investigación judicial por el hundimiento de Caja España
El nuevo vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, está inmerso en la investigación judicial por el hundimiento de Caja España. La jueza que investiga el caso citó a declarar en calidad de imputado al dirigente del PP junto al resto de consejeros de la caja de ahorros. A finales de mayo decidió retrasar las declaraciones “para dar más tiempo a las partes”, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En el PP aseguran que no está imputado.
La jueza investiga si los consejeros tienen responsabilidades por su gestión al frente de Caja España. Los citados en calidad de imputados participaron en la reunión del consejo de administración en la que se autorizaron operaciones de refinanciación a los créditos mantenidos por las empresas propiedad del presidente y constructor Santos Llamas. Un informe de los peritos del Banco de España cuestiona esa operación y sostiene que Santos LLamas no podía formar parte de los órganos de gobierno de la entidad por tener deudas con la misma.
La magistrada investiga, a instancias de IU, Ecologistas en Acción y la Fiscalía, si con esa autorización incurrieron en un delito de administración desleal que provocó un perjuicio millonario a la caja de ahorros.
La instructora suspendió temporalmente las declaraciones de los imputados porque algunas de las defensas aducieron falta de tiempo para examinar la documentación de la causa.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aseguran que las declaraciones “se suspendieron en el tiempo”. “Solo ha cambiado la fecha”, explican esas fuentes, que no saben precisar cuándo serán llamados a declarar de nuevo Martínez Maíllo y el resto de consejeros de la entidad que participaron en la reunión celebrada en 2009.
La última providencia de la magistrada del juzgado de instrucción número 5, con fecha dos de junio de 2015, demuestra que el procedimiento sigue en marcha. La jueza instaba a los querellados a notificar en el plazo de cinco días si requerían la práctica de alguna diligencia antes de fijar el “señalamiento para las declaraciones de los imputados”.
Martínez Maíllo, que también era presidente de la Diputación de Zamora, fue imputado junto al resto de consejeros de la caja de ahorros. Además de dirigentes del PP, estaban citados a declarar los miembros nombrados por PSOE, UGT, Asaja, CSICA y UPL.
Génova asegura que el nuevo número tres del PP ya no está imputado. La situación de Martínez Maíllo es comparable a la de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que tuvieron que declarar en el Tribunal Supremo aunque no se les imputa ningún delito en concreto. El PP siempre recrimina a los socialistas que mantengan a los expresidentes andaluces en sus escaños, pese a su situación procesal.
