La suerte de Temer vuelve a estar en las manos de la Corte Suprema de Brasil

La nueva denuncia por corrupción que amenaza al presidente de Brasil, Michel Temer, está desde hoy en manos del Supremo, que decidirá si remite el caso a un Congreso que en agosto pasado ya se negó a avalar un juicio contra el gobernante.

La Corte Suprema deberá definir el trámite que será seguido tras los duros cargos presentados por la Fiscalía General contra Temer y otros importantes dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), entre los que figuran dos ministros del Gobierno.

Parte de la acusación, por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, se apoya en confesiones hechas por los dueños del grupo JBS, que han dicho que sobornan desde hace años a Temer y a otros líderes del PMDB, en el poder desde mayo de 2016, cuando empezó el juicio que desalojó del Gobierno a Dilma Rousseff.

La justicia, sin embargo, ha anulado esos testimonios tras comprobar que en el acuerdo que libró de la cárcel a los dueños de JBS éstos omitieron u ocultaron información, pero aún así la Fiscalía sostiene que las “pruebas” recogidas pueden ser utilizadas.

La defensa de Temer ha contestado esa tesis y exigido al Supremo que, así como anuló esos testimonios, invalide toda la documentación obtenida en ese proceso.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el tribunal, ha decidido someter esa apelación al pleno de la corte, que tiene previsto debatir el asunto el próximo miércoles.

Sólo entonces Fachin decidirá si la nueva denuncia contra Temer será remitida a la Cámara baja, que por normas constitucionales debe avalar el inicio de un juicio contra un mandatario en ejercicio del poder.

Si la apelación fuera aceptada, la acusación pudiera ser archivada sin más por el propio tribunal, pero en caso de que sea rechazada, Fachín debería enviar el caso para el debido análisis parlamentario.

En esa última hipótesis, la Cámara de Diputados iniciará un engorroso trámite que ya realizó entre julio y agosto pasados tras una primera denuncia por corrupción pasiva que el fiscal general, Rodrigo Janot, formuló contra Temer, también apoyado en acusaciones del grupo JBS.

El primer paso sería en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, cuyos 66 miembros tendrían un plazo de hasta quince sesiones para analizar los cargos y decidir sobre su valor legal.

El dictamen de la comisión, en cualquiera de los casos, sería sometido al pleno de los diputados, que sólo autorizaría el juicio penal contra Temer si así lo aprobase una mayoría calificada de dos tercios, que representan 342 votos.

La aceptación de la denuncia separaría a Temer del poder durante los 180 días que tendría el Supremo para el proceso, que acabaría con su destitución si fuera hallado culpable.

En los círculos políticos ese extremo se considera virtualmente imposible, pues Temer aún conserva una clara mayoría parlamentaria que en agosto pasado ya lo libró de la primera denuncia.

En esa ocasión, los cargos fueron rechazados por 263 votos, ante los 227 que se inclinaron por el juicio penal.

En ese proceso, algunas alas del oficialismo, e incluso del PMDB, votaron en favor de que Temer fuera enjuiciado, pero ahora se duda que eso pueda repetirse cuando faltan trece meses para las próximas elecciones presidenciales y la economía del país insinúa una tenue recuperación tras dos años en recesión.

Según muchos analistas, el hecho de que la nueva denuncia incluya a otros dirigentes del PMDB puede neutralizar a los sectores más rebeldes del partido y reagruparles en torno al mandatario.

Otro factor ayudaría a Temer es la “compulsión” que mostró en las últimas semanas el fiscal Janot, quien dejará el cargo el próximo domingo y en el tramo final de su mandato ha presentado acusaciones a diestra y siniestra.

Así como denunció al PMDB, también lo hizo con el Partido de los Trabajadores (PT) y otras formaciones menores tanto oficialistas como de oposición, lo que ha valido duras críticas de parlamentarios en ambos bandos.

Temer, de momento, aunque este jueves descalificó las denuncias en una dura nota oficial, se ha mostrado tranquilo, tal como se le vio hoy en un acto público celebrado en Río de Janeiro, en el que no hizo una sola alusión al asunto.