El Supremo ratifica las condenas al Gobierno vasco por no dar EPI adecuados a sanitarios y policías en la primera ola

Efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos de San Sebastián ayudan a trabajadores del Servicio Vasco de Salud Osakidetza a trasladar a una persona enferma.

La Sala Social del Tribunal Supremo ha ratificado que el Gobierno vasco lesionó derechos fundamentales de sanitarios y ertzainas por no facilitarles elementos de protección adecuados durante la primera ola de la pandemia. Por unanimidad, los jueces del Alto Tribunal han ratificado dos sentencias del Tribunal Superior Justicia del País Vasco que habían considerado lesionados el derecho a la vida y a la integridad física del personal sanitario y la policía por las “extraordinarias circunstancias” en las que tuvieron que efectuar su trabajo durante el periodo inicial de la pandemia.

El Gobierno Vasco dice que el fallo del TSJPV califica la falta de EPI de "puntual"

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Según ha informado el tribunal, el Pleno de la Sala de lo Social ha desestimado los recursos de casación presentados y ha reafirmado su propia competencia en materia de prevención de riesgos laborales para el personal laboral, estatutario y funcionarial de las Administraciones Públicas y, en concreto, del Servicio Vasco de Salud y de la Ertzaintza. Y ha reconocido a los sindicatos legitimación para solicitar la tutela de dichos derechos fundamentales dado que los posibles afectados constituyen “un grupo de personas genérico e indeterminado”. 

La sentencias, que se harán públicas en los próximas semanas, tendrán más efecto simbólico que práctico, reconocen fuentes jurídicas, porque el Tribunal Superior Justicia del País Vasco no condenó al Gobierno vasco a pagar las indemnizaciones que demandaron los sindicatos y se limitó a  dictaminar que se tomaran las "medidas oportunas” para la “protección” de los empleados públicos. 

En un comunicado, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha dicho que "respeta" la decisión judicial pero afirma que "no la comparte". De hecho, la relaciona con el fallo del juez Luis Garrido de la pasada semana que permitió la reapertura de la hostelería en las localidades con alta incidencia de la COVID-19. El Ejecutivo afirma que "el material [...] escaseaba en todo el mundo", por lo que pide que se "contextualice" la falta de suministros en Osakidetza y Ertzaintza. Añade también que "en el momento actual el Gobierno vasco garantiza equipos de protección individual adecuados a todas las personas que trabajan en la Administración pública vasca".

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18 de febrero de 2021 - 11:24 h

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