El Tribunal Superior de Madrid imputa a un diputado de Cifuentes por una mordida de 240.000 euros
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de sumar un nuevo cargo del PP madrileño a la abultada nómina de imputados por la trama Púnica. El exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo, hoy diputado del grupo popular en la Asamblea de Madrid, será investigado después de que la Sala Civil y Penal haya aceptado indagar sobre la participación del exregidor en un contrato supuestamente amañado a Cofely, una empresa dedicada al ahorro energético, que está en el epicentro de la red corrupta liderada por Francisco Granados y David Marjaliza.
La imputación de Ortiz estaba cantada después de que el titular del juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, enviase una exposición razonada al Tribunal Superior para que asumiese la investigación del parlamentario autonómico, por su condición de aforado. El auto de inhibición de Velasco remitido el pasado 31 de mayo al Tribunal Superior ya determinaba en su exposición razonada que “se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de Cofely España con un ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla-Palombi y el hermano de este, que se erigieron como intermediarios de todos ellos en las negociaciones del cobro de las dádivas”.
Velasco partió de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario el pasado septiembre que señalaba a Ortiz y su concejal Utrilla-Palombi como autores del amaño de la adjudicación a cambio de “notorias comisiones”. Los investigadores apuntan a una mordida de 240.000 euros en una adjudicación por la que Cofely iba a percibir 75 millones de euros del Ayuntamiento de Móstoles.
Ahora será el Tribunal Superior de Madrid el que siga adelante con las investigaciones que encabezará la magistrada Susana Polo García. El auto de este tribunal incorpora un voto particular del magistrado Jesús María Santos Vijande, quien reprocha a Velasco que no se hubiese inhibido antes, dados los “indicios consistentes” que acumulaba contra el diputado Daniel Ortiz Espejo desde octubre de 2015. Este juez apunta a que el retraso del magistrado en dejar el caso en manos del tribunal competente para investigar a aforados amenaza con invalidar alguna de las pruebas incorporadas al sumario, entre ellas un informe policial realizado en marzo de 2016.
La imputación de Ortiz pone a prueba el discurso de regeneración de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien ha repetido que los imputados no tienen hueco en su equipo. Ortiz es una de las herencias que le dejó en la lista de las autonómicas de 2015 la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
