Unidas Podemos retira su firma de la Ley de Vivienda de los colectivos sociales para facilitar el acuerdo con el PSOE

Archivo - Edificio de viviendas en venta en Madrid

Iñigo Aduriz


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Unidas Podemos ha decidido en el último momento retirar su firma de la proposición de Ley de Vivienda redactada por los colectivos sociales que trabajan por el derecho a una vivienda digna, que se ha debatido este martes en el Congreso de los Diputados y que finalmente no ha podido iniciar su tramitación parlamentaria por falta de apoyos en la votación de su toma de consideración. Aunque el grupo confederal ha votado 'sí' a la misma, no ha sido grupo proponente con el fin de facilitar el acuerdo con el PSOE en el seno del Gobierno, donde ambos grupos negocian un anteproyecto distinto sobre vivienda desde hace meses, y que se aprobará "próximamente", según han indicado los socialistas.

El precio de la vivienda crece un 4,2%, el dato más alto desde el tercer trimestre de 2019

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La iniciativa elaborada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el Movimiento Nadie Sin Hogar y el Sindicatos de Inquilinas –organizaciones que este martes se han manifestado frente al Congreso para pedir la admisión a trámite de su propuesta–, principalmente, junto a los sindicatos de trabajadores mayoritarios (CCOO y UGT), y que cuenta con más de 120 adhesiones de entidades sociales, ha sido en todo caso tumbada en el Pleno de este martes, con 57 votos a favor, 280 en contra y seis abstenciones.

Tanto los socialistas, que aducen que el texto "choca frontalmente" con el del Gobierno, según explicó esta mañana el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, como PP, Vox o Ciudadanos, han votado en contra de su toma en consideración. El PNV se ha desmarcado, por su parte, por una cuestión competencial y también ha votado 'no'.

El texto sí ha contado con los apoyos de Unidas Podemos y de grupos que habitualmente son socios del Gobierno como ERC, Compromís, Más País o EH Bildu, además de la CUP, BNG, Junts y Nueva Canarias, que firmaron el texto junto los colectivos sociales y lo registraron en el Congreso de los Diputados el pasado septiembre. Pero esos respaldos no han sido suficientes.

El debate en el Pleno

El hecho de que Unidas Podemos se encontrara entre los firmantes de esta ley alternativa a la que prepara el Gobierno había causado un profundo malestar en su aliado en el Ejecutivo. "Vamos a votar a favor por nuestro compromiso con los colectivos de Vivienda y su ley, ya que sin su trabajo no se entendería ninguno de los logros que hemos alcanzado para garantizar el derecho a la vivienda. Hemos retirado la firma como muestra de nuestro compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle ninguna excusa al PSOE para romper el acuerdo", han explicado fuentes de Podemos.

Durante el debate que se ha producido este martes en el Congreso, la diputada de ERC Pilar Vallugrera ha defendido que la propuesta por su grupo, y otros ocho partidos, "no es una ley de vivienda, tampoco urbanística", es "una ley de garantía del derecho a una vivienda adecuada". "Estamos intentando romper la idea, subsumida en muchos discursos, que si no te funciona la vida es tu culpa", ha añadido.

También ha querido dejar claro que la propuesta "no prevé la expropiación de la gente" sino que "lo que sí intenta parar es que ese derecho fundamental sea un bien de mercado que solo sirva para el lucro y el enriquecimiento".

Íñigo Errejón, de Más País, ha querido dejar claro que esta proposición busca "reforzar" y "acelerar" la planteada por el Gobierno porque el anteproyecto del Ejecutivo "no tiene herramientas efectivas" para garantizar el derecho a la vivienda. Y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha denunciado que "muchas veces se utiliza el derecho a la vivienda como un eslogan, se recoge en proclamas, hasta en la Constitución viene recogido, se repite pero no se cumple". "El derecho a la vivienda no es un enunciado", ha zanjado. 

El PP, por su parte, ha asegurado que "la segunda" razón por la que se destruye una ciudad hoy en día es la regulación de los precios del alquiler. "¿Saben cuál es la primera?", se ha preguntado la diputada popular Ana Zurita. "Bombardearla", ha zanjado.

Las reticencias del PSOE

Junto con los partidos firmantes del texto, Unidas Podemos también exige la regulación de los alquileres, algo que sí contempla la ley que se ha debatido hoy en el Congreso, pero que no ha podido iniciar su tramitación parlamentaria por falta de apoyos. La parte socialista del Gobierno, sin embargo, se resiste a regular los precios de los alquileres pese a que se incluyó en el pacto de Gobierno con el grupo confederal y en algunos de los acuerdos suscritos con otras fuerzas políticas para lograr su apoyo a los Presupuestos de este año.

La proposición de la que finalmente se ha descolgado Unidas Podemos, aunque la haya apoyado en el Pleno, recoge "la consideración real y efectiva del derecho subjetivo que toda persona tiene a una vivienda digna, adecuada y asequible, poniendo prioritaria y necesariamente a disposición de los ciudadanos una primera vivienda, ya sea en régimen de propiedad, de alquiler, de cesión de uso, o de cualquier fórmula legal de tenencia temporal y, supletoria o subsidiariamente, la implementación de un adecuado sistema de ayudas y prestaciones económicas destinada al efecto".

Por otro lado, la norma contempla "la delimitación conceptual, a efectos prácticos y no sólo teóricos, que comporta la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, estableciendo para ello vías positivas de fomento y concertación, sancionando asimismo, en su caso, su falta de cumplimiento injustificado". También plantea "medidas para evitar los desahucios de personas y unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión residencial". 

Diferencias entre los socios

La Ley de Vivienda es, hoy por hoy, la principal zona de fricción en el Gobierno de coalición. Cuando se entregó el anteproyecto al Consejo de Ministros a finales de octubre, ya se vieron los distintos posicionamientos de las dos almas de la coalición: el PSOE lo apostaba casi todo a los incentivos fiscales a pequeños propietarios para que bajen los precios del alquiler, y al aumento de parque público de vivienda a medio y largo plazo, mientras que Unidas Podemos decidió tirar de épica para vender precipitadamente la victoria de que el derecho a una vivienda digna podría tener su desarrollo legislativo.

El anteproyecto gubernamental ha sido ampliamente criticado por las entidades de defensa del derecho la vivienda y creadoras del texto alternativo, por su poca concreción en temas como la regulación de alquileres, que deja en manos de las comunidades autónomas y de su color político, la declaración de zona tensionada que permita el control de precios.

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