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Unidas Podemos ve “imprescindible” incluir en el decreto anticrisis la congelación de los alquileres

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España).

Alberto Ortiz

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Unidas Podemos considera “imprescindible” incluir en el decreto anticrisis que saldrá mañana del Consejo de Ministros la congelación de los precios del alquiler cuando se renueven los contratos. Fuentes de la formación confederal afirman a este diario que ahora mismo las conversaciones con el PSOE están bloqueadas en este punto aunque confían en poder llegar a un acuerdo antes de la reunión de este martes.

El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión de los ministros de mañana la prórroga del llamado escudo anticrisis que vence el 31 de diciembre y que ha permitido hasta ahora, entre otras cosas, rebajar el precio del abono de transporte, el IVA de la electricidad o aumentar las pensiones no retributivas. Ese paquete se negoció en junio y ha supuesto un coste estimado de 9.000 millones de euros, que se suman a los 6.000 millones del primer plan, aprobado en marzo para dar respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que en aquel momento acababa de estallar. 

Las negociaciones para la tercera renovación de estas medidas comenzaron hace ya varias semanas. A principios de diciembre, Yolanda Díaz convocó una “comisión negociadora” con el socio mayoritario del Gobierno con el objetivo de incluir una serie de medidas en el real decreto que se negocia ahora. La vicepresidenta segunda del Gobierno pidió entonces trabajar en paliar los efectos de la inflación en la cesta de la compra y congelar las hipotecas. También propuso ir más allá en las medidas para proteger el aumento de los alquileres.

En ese momento, EH Bildu había llegado a un acuerdo de presupuestos con el Ejecutivo que preveía extender el límite del 2% a la revalorización de los alquileres, que hasta el primer decreto anticrisis estaba vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Díaz elevó las exigencias en esta materia y pidió a la parte socialista incluir en el decreto la congelación del precio del alquiler en la renovación de los contratos que se firmen a partir de ahora, una medida similar a la que se acordó durante la pandemia. 

Casi un mes después de que se abriese esa comisión negociadora y a menos de un día de que se celebre el Consejo de Ministros del que saldrá el decreto, las negociaciones están ahora mismo bloqueadas, según fuentes de Unidas Podemos. Mientras se producen las conversaciones sobre el contenido del real decreto, la ministra de Trabajo ha escrito un tuit para recalcar las prioridades de su espacio. “Es imprescindible dar garantías a las personas trabajadoras en estos momentos inciertos: prohibir el despido o garantizar el contrato de relevo, pero también proteger frente a las subidas del precio de la vivienda o de los alimentos”, ha afirmado.

En paralelo, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha afirmado este lunes en declaraciones a los medios que esas conversaciones están siendo “difíciles”. “Creemos que es importantísimo prorrogar el escudo social. No está siendo una negociación fácil. Proponemos unas medidas imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía: congelar los alquileres y congelar las hipotecas a tipo variable, reducir al 50% del abono transporte o crear un cheque de 300 euros para pagar la cesta de la compra y de los alimentos”, ha dicho la secretaria de Estado para la Agenda 2030, que ha insistido en que “la prioridad es que estas medidas salgan adelante”.

Aunque ha afirmado que los dos socios de la coalición están negociando “todo el paquete”, esas cuatro medidas “son imprescindibles” para ellos, y en especial, según fuentes de la formación, la congelación de los alquileres para evitar subidas desproporcionadas.

El problema, explican, se produce cuando vence un contrato de alquiler y ambas partes quieren renovarlo, porque el propietario tiene libertad para exigir al inquilino un nuevo precio y, según alertan desde la formación confederal, en los últimos meses se están produciendo incrementos del 20 o el 30%. El inquilino entonces se ve en la tesitura de aceptar esa subida o buscar otra opción en un mercado cada vez más tensionado.

Desde el Ministerio de Transportes, de quien depende la regulación de alquileres, se limitan a defender que el Gobierno ya se comprometió a prorrogar el límite del 2% para la revalorización anual de los arrendamientos y que habrá que esperar al término de la reunión de este martes para conocer qué medidas adicionales se incluyen.

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