Los vocales contrarios a la reforma que limita al Poder Judicial fracasan en su intento de impugnarla ante el Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no impugnará ante el Tribunal Constitucional la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones, una situación en la que está desde diciembre de 2018 y que le hace mantener una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.

La propuesta de ocho vocales del ala conservadora de presentar un conflicto de atribuciones con las Cortes Generales no ha obtenido el apoyo mayoritario del pleno que, reunido este miércoles en sesión extraordinaria, la ha tumbado por 13 votos a ocho. El mismo resultado ha tenido la votación sobre la otra vía de impugnación planteada por este grupo de vocales, que proponían instar al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad.

Las propuestas suscritas por ocho de los miembros propuestos en su día por el PP —Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Rafael Fernández Valverde, José Antonio Ballestero y Gerardo Martínez Tristán— no han contado en esta ocasión con el respaldo de otros miembros del CGPJ que, en los últimos meses, sí avalaron posicionamientos muy duros contra esta reforma durante su tramitación parlamentaria. El presidente, Carlos Lesmes, también ha votado en contra.

El CGPJ no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, por lo que la única vía posible de impugnación directa era el conflicto de atribuciones, un procedimiento del que puede hacer uso el CGPJ si entiende que otro órgano constitucional —en este caso, las Cortes Generales— ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución le confiere al órgano de gobierno de los jueces. Es decir, si considera que ha invadido sus competencias en alguna materia.

En un comunicado, los firmantes de las propuestas que han sido rechazadas sostienen que el pleno “debió” dirigirse a las Cortes Generales solicitando que dejasen sin efecto la “supresión de competencias” que establece la reforma y que, a su juicio, produce un “menoscabo” en algunas de las “principales competencias” que la Constitución le encomienda. En ese mismo texto afirman que ninguno de los asistentes al pleno ha defendido la “bondad constitucional” de dicha ley, si bien este asunto no era objeto de debate.

El CGPJ no ha hecho un posicionamiento expreso sobre esta modificación legislativa, aunque no es del agrado de parte de sus miembros. No obstante, no ha habido una mayoría favorable a plantear una impugnación al Tribunal Constitucional que varios vocales veían con pocas posibilidades de éxito, según las fuentes consultadas, que recuerdan que Vox ya ha presentado una recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y que el PP ha anunciado que registrará otro en próximas fechas.

Sí hubo un cuestionamiento claro por la mayoría del CGPJ sobre la forma en que fue tramitada esta reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos como respuesta al bloqueo del PP para renovar un órgano que lleva más de dos años con el mandato caducado. En enero, con el voto a favor de 16 de sus 21 miembros, el CGPJ acusó a ambos partidos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés, pues esta reforma fue tramitada por procedimiento de urgencia y con una modalidad legislativa que permite hacerlo sin recabar la opinión de los órganos consultivos.

Ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar, lo que elevó la tensión entre ambos poderes del Estado. Pero, en esta ocasión, el sector del CGPJ más crítico con esta reforma no ha logrado conseguir el respaldo suficiente como para dar la batalla en el Constitucional. 

El órgano de gobierno de los jueces sí ha aprobado por 17 votos a favor a contestación a las preguntas remitidas por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, donde se advierte de que el principal impacto de esta reforma se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir. Han votado en contra Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV; Clara Martínez de Careaga, elegida a propuesta del PSOE; y Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU; y Roser Bach, también del sector progresista, ha votado en blanco. 

El pasado 22 de abril, durante otro pleno, los mismos ocho vocales de las propuestas rechazada este miércoles por el pleno se quedaron solos en la votación de otra propuesta que pretendía solicitar a la Red Europea de Consejos de Justicia —un organismo en el que están representados los Consejos del Poder Judicial o instituciones similares de los Estados miembros de la UE— que examinara y se pronunciara sobre la norma, que precisamente recibió el visto bueno de la Comisión Europea la semana pasada.