Amnistía de Pedro Sánchez en Twitter: abre su cuenta a todos los usuarios que había bloqueado

Pedro Sánchez ha desbloqueado todas las cuentas que había bloqueado antes de ser presidente del Gobierno. Lo ha anunciado desde su perfil oficial con una imagen que deja constancia de la medida.

“Este es un Gobierno de transparencia, cercanía y servicio a la ciudadanía”, ha dicho para argumentar la decisión, que también se ha tomado para la cuenta de La Moncloa.

Muchos usuarios habían protestado a lo largo de este tiempo por haber sido bloqueados por Sánchez. A veces el ahora presidente lo hacía como respuesta al trolleo, otras de manera menos justificada.

Pero su perfil de Twitter, que ha sido causa constante de chistes por tuits antiguos como su clásico “ser malos”, es ahora institucional y puede tener carácter de servicio público. De hecho, lo ha empleado ya en ocasiones como vía para emitir anuncios –por ejemplo, sus instrucciones para que España recibiera el barco Aquarius– o pronunciarse sobre acontecimientos –como cuando dio la bienvenida al nuevo ministro de Cultura, José Guirao–.

Por su parte, la cuenta de la Moncloa, que también ha hecho amnistía de bloqueos, ya ha sido protagonista de alguna pequeña polémica en Twitter por la manera de llevarla de los nuevos responsables. Este mismo martes tuvieron que borrar un tuit escrito por el Día Mundial del Emoji debido a las críticas acusándoles de poca seriedad.

Sánchez no era el único representante público con cierta controversia por su política en esta red social. Fue muy comentado el bloqueo de Albert Rivera a varias feministas tras el 8M. Pero el más famoso en este sentido es el también diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, de quien incluso se hizo un hilo colaborativo con el hashtag #GirautaBlock.

En EEUU, una jueza federal condenó a Donald Trump el pasado mayo por haber bloqueado a siete usuarios, ya que, como presidente, su cuenta no es solo personal sino un “foro público”. Aunque hay distintas interpretaciones sobre si una sentencia así podría producirse en España, varios juristas coincidían entonces en eldiario.es opinando que si los cargos electos utilizan sus redes para difundir mensajes, impedir que los usuarios les hagan llegar sus críticas viola su libertad de expresión.