Icónica anuncia su primer concierto para 2026 en Sevilla en plena polémica por el uso exclusivo de la Plaza de España

Los responsables del Icónica Santalucía tienen muy claro que el festival sigue adelante, por mucho que ni mucho menos haya terminado la tormenta por el uso que se hace de la Plaza de España. Pese a las denuncias de promotoras musicales y a las quejas vecinales, la organización ya ha anunciado el que será concierto de clausura de la edición del año que viene, que protagonizará Jamiroquai el 16 de julio. De hecho, las entradas saldrán a la venta este mismo viernes.

El paso adelante se da pese a que una quincena de compañías musicales amaga con ir a los tribunales si el evento no sale a concurso público, criticando el uso exclusivo que se está haciendo del conjunto monumental mediante una concesión directa del Ayuntamiento de Sevilla. En paralelo, la asociación vecinal Sevilla se Muere y el grupo municipal Podemos-IU critican que, al margen, se están dando los permisos municipales sin garantías patrimoniales.

La promotora es Green Cow Music, que ideó en 2021 un festival que contó con el respaldo del Consistorio, entonces gobernado por el PSOE. El ahora alcalde, José Luis Sanz (PP), evolucionó de un rechazo inicial durante la campaña electoral a anunciar por sorpresa el pasado mayo que el evento se prorrogaba hasta 2031.

“Más fácil reservar la Plaza de España que un centro cívico”

Pero una vez que se conoció la denuncia de las promotoras musicales, el propio regidor reconoció que se está buscando una fórmula jurídica para blindar el evento. Green Cow Music argumenta que siempre ha contado con todos los permisos municipales, que concede Contursa, la empresa turística municipal. En cambio, para las compañías denunciantes, al tratarse de un espacio declarado Bien de Interés Cultural y de uso público, su gestión debería haberse licitado públicamente para que cualquier empresa interesada pudiera optar a organizar eventos allí. Por eso, acusan al alcalde de actuar sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia pública.

La penúltima vuelta de tuerca se vivía en la pasada sesión de control al gobierno local, en la que la concejal de Podemos, Susana Hornillo, volvió a denunciar que hablamos del “espacio más emblemático de Sevilla y se está cediendo, año tras año, para uso privativo”. “Resulta más fácil reservar la Plaza de España que un centro cívico”, ironizó al respecto, remachando que estamos ante “un asunto lleno de sombras y ausente de garantías”.

La respuesta llegó de la mano de la concejal de Turismo, Angie Moreno, quien reconoció que “hay un contrato firmado con Contursa para seis años” con el compromiso, “que está bien recogido” de que año tras año Green Cow Music “cumpla con todos los requisitos necesarios para hacer el evento en la Plaza de España”. Eso sí, admitía que se está analizando la forma jurídica “más adecuada que garantice la continuidad con seguridad legal, con transparencia y en igualdad de condiciones”.

Que se siga celebrando Icónica

Eso sí, Consistorio tiene clara que su intención es que Icónica siga llevando a cabo ese festival en Sevilla, por la que la pasada edición desfilaron casi 280.000 personas, “de las que un 70% son sevillanos”. La delegada de Turismo, de hecho, esgrime este dato para subrayar que “no se está privando a ningún sevillano del uso de la Plaza de España, al revés, están disfrutando del uso para el que fue concebida” como auditorio de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Con el anuncio del concierto de clausura, la promotora de Icónica lanza un mensaje de normalidad y de que no le quitan el sueño especialmente las posibles demandas de sus competidoras. Jamiroquai regresa en 2026 a los escenarios “tras seis años desaparecidos”, recuerda la organización, que subraya que su gira europea tendrá Sevilla como única fecha en España.

Por su parte, la quincena de promotoras denunciantes han reclamado al Ayuntamiento hispalense que le permita revisar los contratos y permisos, algo que aseguran no han conseguido hasta la fecha. Ante esta situación han anunciado que acudirán a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, a la Fiscalía Anticorrupción e incluso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque hasta la fecha los pasos que se han dado han consistido en denuncias contra el Consistorio ante el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.