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El Gobierno pone en marcha la recuperación de la sanidad universal

La situación actual dejaba fuera del sistema a 800.000 personas aunque muchas comunidades autónomas han creado sistemas para dar acceso sanitario

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado así la decisión: "Es cuestión de decencia"

Una vez se apruebe el nuevo decreto "no habrá ninguna comunidad que lo incumpla", incluso regiones gobernadas por el PP "estaban muy incomodas", ha dicho Celaá

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Sin incidencias en atención a inmigrantes aunque las ONG alertan de restricciones

Una semana para recuperar la sanidad universal en España. El Gobierno derogará la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que impuso el Ejecutivo del Partido Popular en 2012. 800.000 personas se vieron privadas de golpe del derecho a acudir a la sanidad pública. 

La ministra portavoz, Isabel Celaá ha explicado este viernes tras el Consejo de Ministras que se ha iniciado una ronda con las comunidades autónomas para revertir esta situación: "Tendremos que actuar con otro real decreto ley para proceder a la eliminación de este real decreto para devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud. Es cuestión de decencia". 

La exclusión sanitaria fue impulsada por el Ministerio de Sanidad que dirigía Ana Mato (PP) dentro del paquete que denominó de "medidas para garantizar la sostenibilidad". La justificación estaba en ahorrar "hasta 5.000 millones de euros". Unos datos que, a la postre,  nunca fueron corroborados según se aplicó la norma. 

La muerte de Alpha Pam en las Islas Baleares por una tuberculosis tras denegarle la atención regular puso nombre y apellidos concretos a las consecuencias de este plan. La cuestión evolucionó de tal manera que el Ministerio, ya bajo la dirección de Alfonso Alonso, anunció una especie de tarjeta sanitaria específica para inmigrantes que nunca se materializó. 

De hecho, desde el mundo sanitario, se explicó que sacar a un grupo tan numeroso de la asistencia primaria podría convertirse en un bumerán económico al precisarse tratamientos más costosos si se detectaban patologías en estados más avanzados: una tuberculosis, una pulmonía, un tumor... ya que no podría negarse –sobre el papel– la asistencia sanitaria de urgencias. También se explicó que era imprudente eliminar un colectivo tan voluminoso de las políticas de salud pública (que se hacen en la base del sistema sanitario).

Con todo, muchas comunidades autónomas, las administraciones encargadas de gestionar la sanidad concreta, pusieron en marcha diversos programas para paliar o evaporar los efectos del decreto. Una de las primeras fue la Comunitat Valenciana, cuya consejera de Sanidad era la actual ministra Carmen Montón. De hecho, en abril pasado, Montón pidió a la ahora exministra Dolors Montserrat que derogara la exclusión.

Con ese panorama autonómico, la ministra Celáa se ha atrevido a aventurar que, una vez que tengan el nuevo decreto, "no habrá ninguna comunidad que lo incumpla. Había muchas que lo estaban incumpliendo [el actual decreto]. Incluso algunas afectas al Gobierno estaban muy incomodas". En Galicia, en Castilla y León, en Madrid se habían arbitrado diferentes sistemas que cubrían en diferentes grados la sanidad de los inmigrantes.

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