El Sindicato de Inquilinos celebra la regulación del precio del alquiler prevista en los Presupuestos pero no cree que frene la burbuja

¿Las medidas previstas en los Presupuestos de 2019 sobre alquileres servirán para frenar la escalada de precios en las principales ciudades españolas? No, según los Sindicatos de Inquilinos de Barcelona y Madrid, que consideran que el acuerdo entre el Gobierno y Podemos no modificará los “privilegios” que tiene el propietario sobre el arrendatario. Aun así, consideran positivo que se extienda la duración de los contratos desde los tres años actuales a hasta siete y que los ayuntamientos puedan limitar los precios en determinadas zonas de la ciudad. 

Esta entidad, que nació hace más de un año para combatir las subidas abusivas de los alquileres en las ciudades, considera que el acuerdo alcanzado este jueves es fruto de la presión ejercida por los colectivos de defensa del derecho a la vivienda, como el suyo o la PAH. Pero lo ve “insuficiente”. De hecho, el Sindicato de Inquilinos teme que la propuesta tenga el “efecto perverso” de “cerrar en falso el problema del alquiler sin emprender una transformación profunda del modelo inmobiliario español ni avanzar en la desmercantilización de la vivienda”. 

En su valoración del acuerdo, el Sindicato analiza las dos principales novedades en materia de vivienda: que los ayuntamientos ganarán capacidad reguladora y que se aumentará la duración de los contratos. Sobre lo segundo, argumentan que aunque se alargue hasta cinco años cuando el propietario sea persona física y siete cuando sea persona jurídica, no garantizará que acabe la “rotación” de inquilinos. “Esto implica poco más que retornar a la situación de 1994”, concretan, y defienden que habría que blindar la continuidad de los inquilinos en sus hogares siempre que se cumplan las “obligaciones contractuales”. 

El problema del “control de precios”

Sobre el “control de precios”, que podrán ejercer las comunidades autónomas o los ayuntamientos, creen que es una medida “fundamental”, pero desconfían que funcione tal como la plantea el Gobierno. La propuesta recogida en los Presupuestos es que las Administraciones puedan limitar las subidas de precio en zonas llamadas “tensionadas” y en función de un índice de precios de referencia. El problema, según el Sindicato de Inquilinos, es que esta herramienta que hace un cálculo supuestamente “objetivo” sobre lo que debe costar el m2 puede “reflejar” los precios del mercado actual, que ya de entrada consideran abusivos. 

Además de valorar lo que recoge el acuerdo, también denuncian lo que no contempla. Para esta entidad, debería plantearse la “eliminación” de las socimis (vehículos de inversión inmobiliaria con ventajas fiscales), agilizar la salida al mercado de las viviendas vacías con medidas concretas o contemplar la paralización de los desahucios.