El movimiento #MeToo aún está lejos de calar en las Fuerzas Armadas
La justicia militar está investigando tres nuevas denuncias de acoso sexual en el Ejército de Tierra. Estos casos, sucedidos en Girona, Palma de Mallorca y la Academia militar de Zaragoza, junto a las presuntas agresiones sexuales a una militar de la base del acuartelamiento aéreo de Bobadilla en Antequera (Málaga) vuelven a poner el foco en el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Cada vez son más los casos que trascienden en un ambiente más proclive que antes a escuchar y creer a las víctimas. Pero, ¿están viviendo las Fuerzas Armadas su propio #MeToo?
Las expertas en violencia sexual y las asociaciones militares coinciden en afirmar que algo se está moviendo, pero la denuncia generalizada aún queda lejos. “En general, los medios de comunicación están sacando a la luz más casos y hay un empeño por visibilizar la violencia sexual, junto al empuje del movimiento feminista y la voz de las víctimas, pero no es comparable a un #MeToo, que ni siquiera lo ha habido en las artes españolas”, argumenta la doctora estudios interdisciplinares de género Bárbara Tardón refiriéndose al movimiento surgido tras el caso Harvey Weinstein en EEUU.
Los hechos conocidos este martes evidencian que las víctimas actuaron por su cuenta antes de denunciar: una pidió abandonar el Ejército y la otra solicitó la baja médica. En el Regimiento Arapiles 62 de Girona el caso trascendió cuando la soldado decidió no solicitar la renovación de contrato. Al preguntarle el capitán de la base por los motivos de esa decisión, ella le contó que otro soldado y un cabo la habían acosado, según ha informado Europa Press.
En el segundo caso, la militar pidió la baja médica debido al presunto acoso sufrido por parte de un teniente en el Regimiento 47 de Infantería de Palma de Mallorca. La denuncia más reciente fue presentada el 12 de febrero por una alférez cadete de la Academia Militar de Zaragoza, en ella asegura que un compañero “intentó acosarla”. Esta joven trasladó estos hechos al director del centro formativo que lo comunicó el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y los comunicó en una comisaría de la capital aragonesa.
La diputada socialista, Zaida Cantera –víctima de acoso sexual cuando era capitana del Ejército por parte de un superior que terminó condenado a menos de tres años de cárcel– considera que ante estos casos “ha habido una mejora” aunque reseña que queda mucho por avanzar. “¿Cómo es posible que solo se llegue a actuar cuando una víctima está tan harta que se marcha? ¿por qué no denunció? ¿por qué se ve obligada a dejar su trabajo?”, se pregunta sobre al caso investigado ahora en Girona y cuestiona que ningún otro compañero de trabajo tuviese constancia de ese episodio hasta ese momento.
Una estructura jerarquizada y masculinizada
El Ministerio de Defensa ha reconocido en menos de un mes la existencia de cinco denuncias investigadas por la justicia militar pero creen que se debe a “una coincidencia procesal”, ya que los hechos sucedieron en diferentes meses. Para Mariano Casado, miembro del Observatorio de la Vida Militar y asesor jurídico de la Asociación de Militares Españoles (AUME), esta información podría contribuir a “que afloren más episodios y situaciones de este tipo” en el futuro.
Sin embargo, apunta que las circunstancias de las Fuerzas Armadas, con solo un 12% de presencia femenina y una jerarquía que domina las relaciones laborales, no contribuyen a que pueda surgir un movimiento parecido al #MeToo. “No hay capacidad. Es un mundo más complejo, más difícil y tiene que superar muchos obstáculos. Es un escenario complejo que no favorece acciones coordinadas como puede ser esa campaña”, responde Casado.
La abogada penalista Carla Vall asegura que actualmente “hay un acompañamiento social” que puede influir en que las víctimas “se sientan, por primera vez, animadas a romper con el corporativismo”, pero al mismo tiempo las expertas insisten en que el tipo de estructura de las Fuerzas Armadas, masculinizada, jerárquica y cerrada, dificulta la denuncia y hacen hincapié en que las que se conocen “son probablemente la punta del iceberg”: “No son casos puntuales y en las instituciones muy jerarquizadas hay más posibilidades de que haya muchos ocultos”, explica Vall.
En 2015, tras el caso de Zaida Cantera, el Ministerio de Defensa aprobó un protocolo de actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Con él permitieron que las militares vejadas por su superior no tuviesen que acudir a su presunto acosador para iniciar una denuncia interna. También anunciaron la creación de unas unidades de de protección frente al acoso para atender y asesorar a las víctimas. Con todo, estas unidades siguen formadas por personal militar, por lo tanto, dependiente de la cadena de mando y sus miembros trabajan a tiempo parcial.
Por ello, las expertas en violencia sexual piden protocolos garantistas que desvinculen la denuncia de la cadena de mando y califican esta dinámica, la de denunciar obligatoriamente ante superiores militarizados, de “perversa”. “Cuanta más jerarquía hay en las instituciones es más complicado que existan canales democráticos para denunciar vulneraciones de derechos porque son una especie de bloques infranqueables”, esgrime Tardón.
El patriarcado se reproduce
Ambas expertas en violencia sexual recuerdan que ninguna institución ni sector escapa de las condiciones sociales que legitiman el acoso y el abuso sexual porque “toda la estructura patriarcal se reproduce en la calle y en las instituciones”, explica Tardón. Al mismo tiempo, las dificultades que se encuentran las víctimas para denunciar y el cuestionamiento al que son sometidas también se da en todos los ámbitos. Es decir, los mitos de la violencia sexual, entre los que se encuentra la desconfianza hacia el relato de la denunciante, se repiten.
Según los datos publicados recientemente por el Observatorio de la Vida Militar en 2016 se iniciaron 16 procedimientos por acoso sexual en la vía penal de la jurisdicción militar. De ellos, 11 se encontraban en fase de instrucción el pasado mes de enero. La información de este organismo adscrito a las Cortes reseña que el 76% de las denuncias presentadas entre 2004 y 2015 por acoso sexual o laboral acabaron en nada.
“Si solo 12% de los casos acaban en sentencia, algo muy grave está pasando por el camino. ¿De qué te sirve denunciar si luego archivan el caso?”, reseña Cantera. De las 174 denuncias, la Justicia militar archivó 110 casos durante la fase de diligencias previas y otros 24 no acabaron con sentencia condenatoria contra los acusados. Sólo se han producido 22 condenas, mientras que el resto de casos se dejó en manos de mandos militares u otros órganos internos.
En los casos de Catalunya y Baleares los capitanes adoptaron un papel proactivo para comunicar los hechos, en Girona el superior informó al Jefe de Estado Mayor del Ejército y en Palma se dirigió directamente a la justicia. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, considera que esta actuación es un avance en la gestión de casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas. “Puede ser el comienzo de una pequeña revolución de mandos intermedios”, incide. Y recuerda los obstáculos internos que se han encontrado las víctimas para denunciar históricamente estos casos.
