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La anulación del permiso ambiental a la minera de Riotinto lastra su plan para expandir el negocio del cobre en Galicia

Atalaya Mining acaba de ampliar la información requerida por la Xunta para su proyecto gallego porque con los informes entregados la mina era "inviable" 

La justicia ha anulado la autorización en Huelva por ocultar información clave durante la concesión. "El proceso en Touro va con muy buen progreso", ha informado Atalaya

"Les deja en una situación financiera muy delicada porque sus ingresos vienen de Riotinto", dice el portavoz de Ecologistas, entidad que interpuso la demanda 

Estado de la balsa de lodos de la mina de Riotinto en mayo de 2018 / EA

Estado de la balsa de lodos de la mina de Riotinto en abril de 2018 / E. Acción.

Un permiso anulado por opaco en Huelva. Un proyecto aún imposible en Galicia. La minera chipriota Atalaya Mining lleva tres años extrayendo cobre en Riotinto, (Huelva) con una autorización ambiental mal concedida por la Junta de Andalucía. Tan mal, que la Justicia acaba de anularla. La decisión de los magistrados andaluces pone más lastre al proyecto que la misma minera intenta sacar adelante en Galicia para ampliar su negocio del cobre en España. El fallo pone el foco en cómo se obtienen los permisos para poner en marcha la explotación de mineral.

La reapertura de la mina de Touro –que controla Atalaya– está todavía en proceso de evaluación, pero, de momento, con la información facilitada por la empresa "no es viable", según ha admitido la Xunta de Galicia que, al mismo tiempo, ha explicado que los trámites todavía están abiertos.

La anulación de la Autorización Ambiental Integrada que los magistrados acaban de firmar sobre Riotinto se refiere, precisamente, al proceso de concesión: se ocultó información importante sobre el proyecto a las partes interesadas. Además, hace solo unos días, Aguas de Galicia multó con 30.000 euros a la misma minera por vertidos fluviales no autorizados. Fue considerada falta leve. Se trató de "un accidente por condiciones climatológicas adversas" ha alegado la empresa, que asegura que las lluvias torrenciales de diciembre arrastraron material hasta los cauces.

Atalaya ha dicho sobre su mina en Riotinto que la decisión judicial afecta "a cuestiones formales de carácter administrativo que desde la perspectiva de Atalaya no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía. En ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando".

La sentencia en Andalucía, "deja en una situación financiera muy delicada a Atalaya porque sus ingresos vienen de la explotación en Riotinto", opina Antonio Ramos, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, entidad responsable de la demanda sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia.

Aunque Atalaya no ha contestado a eldiario.es sobre la influencia de un proyecto sobre otro, en su informe corporativo del segundo trimestre de este año decía que "el proceso de autorización de Touro continúa con muy buen progreso para facilitar estudios adicionales solicitados por la administración regional". Una visión diferente a ese "inviable" con que calificaba la Xunta el expediente. La socia española de Atalaya, Cobres San Rafael, ha informado que presentó el 13 de septiembre "una batería de informes" de respuesta.

"Eso no lo van a abrir", insiste Ramos sobre el plan gallego de Atalaya. "Allí se han encontrado con mucha más oposición social que en Huelva", sentencia. 37 concellos de la zona se han mostrado en contra de la mina, aunque los dos ayuntamientos en cuyos suelos se desarrolla el proyecto, Touro y O Pino, lo apoyan. Desde luego, la reapartura de Riotinto (Huelva) en 2015 contó con respaldo local. ¿El principal motivo? La promesa de creación de empleo.

Esta esperanza, no completada al cien por cien, es lo que ha estado detrás de las protestas extendidas en la cuenca minera onubense en marzo pasado al trascender la llegada de operarios portugueses a la explotación de Minas de Riotinto. "Ante la polémica hemos pedido información a la empresa minera", informaba el Ayuntamiento al tiempo que incidía en que la relación del consistorio con Atalaya era "magnífica en lo personal y en lo profesional".

Atalaya explicó que todo se trataba de una operación puntual subcontratada y que, en caso de que se prolongase esa necesidad, "tendría preferencia el empleo de personal natural de la cuenca minera". En este sentido, el consejero delegado de la mina, Alberto Lavandeira, ha cuantificado el proyecto de Touro en 15 años de actividad y "al menos 400 puestos de trabajo directos".

'Boom' de la minería

El regreso de la minería a yacimientos antiguos y abandonados en España es un fenómeno del nuevo boom extractivo en busca de minerales: el aumento de la demanda y la subida de precios asociada han convertido en rentables vetas que se olvidaron cuando dejaron de arrojar beneficios económicos para las operadoras. Así, en el caso de Atalaya, su objetivo ha sido el cobre de la faja pirética andaluza y los filones gallegos.

El precio internacional del cobre no ha parado de crecer hasta junio de este 2018 cuando marcó su pico histórico (por encima de los 6.000 euros la tonelada). La batalla comercial a base de aranceles entre China y EEUU ha tirado para abajo del precio, según los analistas. Con todo, sectores económicos con un supuesto futuro pujante como la motorización eléctrica del transporte otorgan una perspectiva halagüeña a quien controle este metal: los coches eléctricos precisan, de media, tres veces más cobre que los de combustión.

"Si la Junta quisiera podría paralizar cautelarmente la actividad de Atalaya Mining en Riotinto", opina Antonio Ramos. El Gobierno regional ha asegurado que recurrirá la anulación. Según las cifras de la empresa, la minera sacó en el segundo trimestre de 2018 10.446 toneladas de cobre de la corta de Huelva, un 15% más que en el trimestre anterior. Ese ritmo de extracción colma la expectativa de la minera que prevé sacar unas 40.000 toneladas en 2018. Un valor de mercado de más de 200 millones de euros.

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