Un estudio alerta de que los datos que marcan el desarrollo de las ciudades provienen de intereses privados
“Hay una necesidad urgente de desarrollar una teoría científica de las ciudades”. En 2011, el físico Geoffry West insistía en una charla sobre la necesidad de desarrollar teorías que pudieran ofrecer predicciones sobre la evolución de las ciudades. El trabajo de West era uno de los muchos esfuerzos para resaltar la importancia de la toma de decisiones informadas, algo que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, que albergará un Foro Urbano Mundial el mes que viene. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de su importancia, la ciencia urbana sigue estando poco desarrollada y los datos que podrían ayudarla a despegar a menudo están en manos de compañías privadas.
“Las ciudades están cada vez más a la vanguardia de la desigualdad social, los desastres y las recesiones económicas”, con lo que “informarles de manera apropiada y responsable es un deber moral, científico y político”, asegura el investigador de la Universidad de Melbourne, Michele Acuto. En un artículo publicado el pasado jueves en la revista Science, este investigador destaca las dificultades para recopilar los datos y cómo las agendas no siempre responden a necesidades públicas, sino a intereses privados.
En la actualidad la producción combinada de datos de los objetos conectados a Internet es de unos 6 petabytes al año y la mayor parte son recopilados en operaciones rutinarias de entidades comerciales y gubernamentales. “Sin embargo, la disponibilidad de datos no se traduce inmediatamente en una gestión urbana mejor, ni en ciudades más justas, más verdes y más prósperas”, afirma Acuto.
Además, a medida que esta nueva ciencia urbana se pone en práctica, se van planteando muchas inquietudes sobre el futuro de la gobernanza de las ciudades, como la necesidad de una mayor transparencia en la toma de decisiones automatizadas o las implicaciones que la recogida masiva de datos puede tener sobre la privacidad de los ciudadanos.
Las empresas privadas y los datos de movilidad
Una de las fuentes de datos más útiles para la gobernanza de una ciudad es el de la movilidad urbana. Saber cómo y por dónde se mueven los ciudadanos es crucial para mejorar el funcionamiento de una urbe. Los registros de ubicación de teléfonos móviles o los datos de compañías de transporte pueden servir para analizar fenómenos a gran escala y tomar decisiones sobre cómo y dónde mejorar el transporte público.
Pero la cesión de los datos de movilidad no es algo trivial y la posibilidad de que las administraciones públicas puedan acceder a historiales de viaje personales no parece que sea algo deseable. Sin embargo, existen alternativas para que las empresas puedan ofrecer los datos agregados y convenientemente anonimizados sin necesidad de poner en riesgo la privacidad de sus clientes y sin perder utilidad.
Algunas empresas como Uber ya ofrecen sus datos de esta forma para que sepa en qué zonas es más utilizado el servicio e incluso el pasado mes de diciembre la compañía anunció que se uniría a la Asociación Internacional de Transporte Público, con el objetivo de mejorar el tráfico en las ciudades.
Sin embargo, según Acuto, en muchos países “aún hay barreras comerciales y legales que impiden el uso de estos datos para un bien público” y recuerda que la mayor parte de los datos de movilidad suelen estar en manos de gigantes tecnológicos como Apple y Google, que aún se resisten a cederlos.
¿Quién marca la agenda?
Acuto también llama la atención sobre la falta de independencia a la hora de abordar el estudio de los datos. “Gran parte del análisis urbano más reconocido […] no proviene de instituciones académicas, lo que desvirtúa aún más el asesoramiento científico urbano y dificulta la consecución de un análisis imparcial”. En este sentido, Acuto recuerda que es el gigante global de seguros Swiss Re, y no la ONU, quien tiene algunos de los análisis más completos sobre riesgos urbanos por desastres naturales.
En resumen, los investigadores se quejan de la falta de mecanismos que faciliten el acceso a los datos y que permitan hacer un análisis independiente de los mismos, por lo que algunos han llegado a pedir la creación de un organismo supranacional que ofrezca asesoramiento científico a las ciudades, de forma similar al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático que se creó para asesorar sobre el calentamiento global.
En este sentido, Acuto recuerda que la principal agencia “urbana” de la ONU, llamada ONU-Hábitat, está “plagada de problemas presupuestarios” y afirma que “sin una reforma efectiva, hay pocas esperanzas de que se pueda llevar a cabo una acción global que vaya más allá de los intereses privados”.
