Bolaños explica a las víctimas de abusos la ‘letra pequeña’ del acuerdo que obligará a la Iglesia a repararlas

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

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