Burocracia, subjetividad y comités discrecionales: las críticas a los cambios en la evaluación de los investigadores

Aunque la propuesta de la Aneca para reformar la manera en que se evalúa la investigación científica ha tenido buena acogida entre buena parte de quienes se dedican a ello, otros científicos también han manifestado en los últimos días sus reparos al cambio planteado por la agencia gubernamental. Implicará una mayor burocracia y se amplía la subjetividad a la hora de conceder o no los sexenios (periodos de seis años de investigación demostrable, que conlleva un complemento salarial y méritos para ascender), dicen los críticos, y con ella crece el poder de decisión discrecional de los comités evaluadores.

Además, la reforma va a provocar con toda probabilidad un aumento de los plazos de resolución de las convocatorias –y las reclamaciones– porque lo que antes se medía de manera automática ahora habrá que estudiarlo a mano, ítem a ítem. También hay quien sostiene que ampliar los formatos y soportes válidos para conseguir un sexenios más allá de los artículos en revistas significa rebajar el nivel y quien cuestiona que, pese al cambio, el sistema sigue centrado en los sexenios como principio y fin de todas las cosas.

De manera lateral, porque no está directamente relacionado con la convocatoria pero esta tampoco lo resuelve, la Federación de Jóvenes Investigadoras / Precarias denuncia que la mayoría de las universidades no permiten solicitar sexenios a los trabajadores temporales, aunque reúnan los requisitos y pese a que hay jurisprudencia que les reconoce ese derecho.

Más subjetividad

Un grupo de 50 docentes de varias universidades se han unido para denunciar que la nueva convocatoria no arregla el principal problema de la evaluación de la actividad investigadora: la subjetividad. Víctor Arufe, director de la Unidad de Investigación del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad (UNIDEF) de la Universidade de A Coruña, explica que la frase “las aportaciones solo serán valorables si contribuyen al avance del conocimiento” –condición previa e imprescindible para que una investigación cuente de cara a los sexenios y heredera de “las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento” que figuraba en la convocatoria del 2022– “es ambigua, y eso da lugar a que las comisiones puedan maniobrar y dar sexenios” (o no) a quien consideren.

La Aneca es consciente de que tiene una situación delicada con los comités evaluadores, y muestra su disposición a hacer una renovación de calado aprovechando que toca en muchos comités. La directora de la agencia, Pilar Paneque, destituyó al poco de llegar a Antonio José de Pro Bueno como responsable del D17 (Ciencias de la Educación), junto a otros dos miembros, por “mala praxis”, aunque no especificó concretamente por qué. Este era uno de los comités más cuestionado por profesores y sindicatos por los retrasos en la tramitación de expedientes y la disparidad de criterios a la hora de resolverlos.

Arufe defiende que la publicación en revistas como indicio de calidad es más objetivo. “Un artículo científico cuesta mucho redactarlo, publicarlo también según en qué revistas, que tienen una tasa de rechazo del 90%. Si es aceptado [en una publicación] ya debería servir”, opina. Y recuerda lo que ha venido sucediendo en convocatorias pasadas. “En la anterior normativa, tanto de sexenios como de acreditación del profesorado, la Aneca señalaba constantemente en su normativa aportaciones de 'calidad', término que junto a 'discrecionalidad técnica' fue el más utilizado por los miembros de las comisiones para tumbar el excelente trabajo de muchos docentes e investigadores españoles”, relata.

Sin coincidir con este discurso general porque la reforma le parece pertinente es crítico con el sistema de revistas, Isidro F. Aguillo, responsable del laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sí cree que el nuevo sistema puede aumentar el número de reclamaciones. “Algún miembro de comité, quizá incluso comités completos, le va a cerrar la puerta a alguno de los criterios, indicadores o indicios de calidad a los que apunta esta convocatoria”, advierte. “Puede haber un cierto rechazo a los conceptos de calidad que se presenten. Esto pude molestar un poco a la Aneca porque puede dar lugar a reclamaciones y litigios”, y sostiene que ya le han llegado noticias de evaluadores –“algún rector”, incluso– que ha expresado sus dudas con el sistema propuesto.

Problemas de aplicación

Esto puede dar pie a posibles problemas de aplicación, según Damián García Olmo, catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los investigadores de más éxito del país. Este experto, que a diferencia de Arufe defiende que es “bueno” que la Aneca “esté evolucionando, no se puede ser inmovilista”, admite que “puede costar aplicar” algunos cambios.

“Hasta ahora el sistema era muy cartesiano”, explica. “Eran cinco publicaciones con un determinado índice [de impacto]. Una máquina podía hacerla [la evaluación]. Ahora se introducen más criterios y eso puede dar paso a la subjetividad”, coincide con quienes advierten de este elemento, pero difiere en que sea necesariamente negativo. “Esa subjetividad puede estar sujeta a una serie de márgenes”, relativiza.

Esto, unido a que se va a pasar de un sistema de evaluación semiautomático (cinco “aportaciones” válidas equivalían a un sexenio, y el principal indicador era dónde se publicaban esos artículos más que los artículos en sí) a otro en el que los investigadores tendrán que defender y explicar sus méritos, provocarán, auguran muchos, un aumento de los plazos de respuesta de los comités evaluadores. “Va a significar mucho más trabajo para los comités, pero eso no es malo”, dice García Olmo. “Había que abordar un problema difícil, la publicación científica como fin en sí mismo. Y la explosión de revistas depredadoras es uno de los problemas más serios que tiene la ciencia a nivel mundial”, dice en relación a las prácticas de editoriales como MDPI, que se aprovechan de la necesidad de publicar de los científicos y de que paguen por hacerlo para editar muchas revistas poco exigentes y de calidad, a veces, cuestionada.

También, sostienen tanto Arufe como Aguillo, habrá un aumento de la burocracia por la misma razón. Y no es que ahora mismo sea escasa, pero a lo ya existente hay que añadir una “narrativa” (que ahora ya se pide, pero pasará a ser más compleja) en explicación de los méritos que puede convertirse en ganancia de las consultoras privadas que se dedican a preparar sexenios.

¿Rebaja del nivel?

Abrir las posibles fuentes, soportes y formatos válidos para la investigación puede provocar, sostienen algunos investigadores, una rebaja en el nivel de la ciencia que se hace. El sistema de valoración de las revistas, explican quienes defienden esta visión, garantiza que lo que en ellas se publique sea de calidad, sostiene Fernando Bruna, profesor de Economía en la Universidade de A Coruña. “En Q1 [cuartil 1, donde están indexadas las teóricamente mejores revistas de cada especialidad] no hay un artículo malo. Si es Q1 es bueno. Otra cosa son las categorías más bajas, donde sí hay revistas que no son buenas”, asegura.

Pero para este profesor “la ciencia es publicar. No es acumular artículos”, responde a quienes critican que el anterior sistema estaba basado en la mera acumulación de publicaciones, sin que necesariamente tuvieran que aportar algo. “Es el proceso. Presentas el artículo en congresos, recibes críticas, escribes un borrador, recibes sugerencias, lo envías, te lo rechazan y te lo argumentan, corriges, lo mandas a otra revista, recibes evaluaciones de tus pares más la del editor... y te pasas tres años recibiendo críticas hasta que publicas. El resultado final es un paper que le da mil vueltas a tu borrador inicial. También haces comunicación científica. Y un estudiante de doctorado de Japón te lo lee al día siguiente y sabe que lo que está haciendo ya está publicado y le da una vuelta. Eso es la ciencia”, reflexiona.

Bruna no está en contra de que se recompensen otros formatos, como propone la Aneca, pero cree que debe ser secundario. Y, sostiene –“sé que es polémico, pero las críticas vienen de mucha gente que no publica porque no le da”–, “el nivel de exigencia debe ser alto”. Aunque un 85% del profesorado tiene al menos un sexenio, solo la mitad tiene los máximos que puede en función de los años que lleva en la carrera académica (estos son los “sexenios óptimos”), los que teóricamente demuestran que existe una actividad investigadora continua a lo largo del tiempo.

Aguillo cuestiona la política de sexenios en su totalidad. “La filosofía es que los sexenios fueron siempre, aunque se pueda discutir, un criterio de mínimos. Que a nada que investigaras puedas conseguir el sexenio, y los que no podían conseguirlo (que son relativamente muchos) era porque o no investigaban o porque estaban en áreas que no estaban correctamente evaluadas o no existían [este último problema lo aborda la reforma creando un campo 0 interdisciplinar]. Ahora un porcentaje de quienes no pedían sexenios o no los lograban podrán hacerlo. Se reducen aún más los mínimos, va a ser todavía más fácil”, advierte.

Los excluidos del sistema

Además del personal que no entraba en la lógica del “publica o perece” que domina la investigación científica (bien por hacerlo de otra manera, bien por falta de interés o capacidad), existe todo un colectivo que salvo contadas excepciones está fuera de los sexenios: los trabajadores laborales con contratos temporales.

Las universidades han decidido motu proprio que estos investigadores (postdoctorales habitualmente) no tienen derecho a que se les reconozcan los sexenios, según denuncia la FJI. “Ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) reconociendo que no se le puede negar este derecho al Personal Docente Investigador (PDI) laboral temporal. Pero mientras puedan, las universidades se resisten así que toca denunciar (y renegociar Convenios Colectivos y Estatuto del PDI)”, lamenta Francisco Palazón, exresponsable de la Federación y que ha denunciado a su universidad por esta cuestión. Además del TS, tribunales como el Superior de Justicia de Madrid o el Gobierno cántabro han reconocido este derecho.