Comienza el curso definitivo para la Lomloe, con el PP y Vox preparados para dar la batalla contra la nueva ley
En la Comunitat Valenciana –y un poco en Madrid– hay caos con la asignación de profesores; las 11 comunidades autónomas donde gobierna el PP –en algunas con Vox y su veto parental– se preparan para dar la batalla política contra la Lomloe, que este año se acaba de extender por todo el sistema; el alumnado de 2º de Bachillerato va a estudiar con la nueva ley, pero se examinará de Selectividad con la antigua. Los precios se disparan en el sector y el alumnado se desploma en infantil, anticipando una caída que se extenderá hacia arriba y provocará el cierre de escuelas en el medio plazo (un mal que suele aquejar más a la pública que a la privada). Este miércoles arranca el curso escolar, en primer lugar en Catalunya y Madrid y poco a poco en el resto de comunidades autónomas.
Durante el verano las familias también han sufrido el ya clásico apretón económico de la vuelta al cole en un sistema teóricamente gratuito que luego no lo es tanto. Más aún: España es el país europeo en el que más caros son los libros de texto. Además, según denuncia la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés), el coste del material escolar “más básico” está aumentando “dos veces más rápido que los salarios en toda Europa”, informa Efe. Para España el incremento del coste de los artículos de papelería entre enero y mayo de 2023 fue del 12%, mientras que la subida de las remuneraciones este mismo año llegó al 5%, según esta organización.
Lomloe para todos
Este curso concluye la implantación total (que no definitiva) de la no tan nueva ley de educación, que se extiende a los cursos pares de Primaria y Secundaria. Tras el rodaje de un primer año caótico, en el que en media España ni siquiera había currículums cuando empezaron las clases y buena parte del profesorado se pasó meses intentando adaptarse a lo que se le pedía por la premura con la que se bajó la norma a las aulas, este 2023-2024 se espera que todo fluya más.
Falta va a hacer, a tenor de lo que los docentes explicaron que fue el curso pasado: un sálvese quien pueda en el que la Lomloe no se acabó de aplicar del todo, con una buena dosis de confusión con los nuevos términos de la ley, grandes dificultades para evaluar por competencias por la falta de formación y medios desde la administración y con una burocracia que sepulta a los profesionales de la educación.
¿Qué pasa con la Selectividad?
Lomloe para todos... pero no todo en todo. El alumnado de 2º de Bachillerato se va a encontrar una situación peculiar este curso: les toca estudiar en base a la nueva ley, que se basa en las competencias, pero se van a tener que examinar de la Ebau con el antiguo formato, centrado en los contenidos.
La fecha elegida para las elecciones generales y el resultado incierto que estas arrojaron han dejado la reforma de la prueba de acceso a la universidad en un limbo. El Ministerio paralizó la aprobación de una reforma que ya tiene lista a la espera de ver qué deparaban las urnas. Casi mes y medio después, la incertidumbre es la misma que entonces, por lo que seguimos sin la reforma a la que obliga la ley. Del nuevo Ejecutivo, cuando haya uno, dependerá el diseño.
Caos docente en la Comunitat Valenciana
El nuevo Gobierno valenciano, de PP y Vox, ha tenido un arranque complicado, al menos en el sector educativo. A principios de agosto saltaron todas las alarmas en la comunidad educativa, al retrasarse el proceso de adjudicación de plazas de un tercio del profesorado respecto a los años anteriores. Casi 22.000 docentes permanecían en vilo en plenas vacaciones estivales. El 10 de agosto, por fin, salieron las listas de adjudicaciones, repletas de errores, que afectaban a entre 14.000 y 15.000 docentes, según los cálculos del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV). La situación se ha ido solventando poco a poco, pero a pocos días de que arranque el curso las reclamaciones se agolpan en la consellería. La habitual falta de profesorado en algunos centros a principio de curso (los interinos se incorporan a ultimísima hora o incluso con el curso ya empezado porque las consejerías apuran para ahorrarse dinero en nóminas) amenaza con ser histórica en la Comunitat Valenciana.
Aunque no al nivel valenciano, en Madrid también ha habido retrasos en el reparto de profesorado, según los sindicatos. CCOO asegura que el Gobierno de Ayuso ha ofertado este curso 426 puestos menos que el verano anterior y que, además, han quedado vacíos otros 1.353, datos que la Comunidad niega.
El PP, dispuesto a dar guerra
Además de los puramente educativos, el curso también augura un frente político. A la espera de lo que suceda con la investidura y quién vaya a ser el próximo presidente del Gobierno, el PP se prepara para dar la batalla en el sector. Tiene armas para hacerlo: su poder territorial se ha multiplicado (ha pasado de gobernar en cinco comunidades a hacerlo en 11 y apoyar a Coalición Canaria en las islas), lo que implica que tiene competencias sobre casi cuatro de cada cinco estudiantes.
El PP ya ha ido laminando la ley todo lo que ha podido este curso. Aunque muchas de las medidas han sido más cosméticas que reales, porque una cosa es decir que te opones a una ley orgánica y otra ir contra ella, otras sí han ido en la línea de cambiar eso que se conoce como “el espíritu” de una norma. Un ejemplo de boicot: ¿que el Gobierno limita la extensión de una de las asignaturas de Historia de España en el Bachillerato a la Historia moderna bajo el argumento de que dar toda la historia desde el principio de los tiempos en un solo curso es imposible? Pues se coge la parte autonómica del currículo y se incluye toda la historia. Otro: implantar el distrito escolar único para esquivar la exigencia de la ley de que el alumnado se matricule en el centro que le corresponde por zona de residencia en vez de favorecer que las familias que se lo pueden permitir elijan centro y las que no, se conformen con lo que haya.
En el lado de los cambios más retóricos que otra cosa está, por ejemplo, la polémica con las notas. La Lomloe cambió la manera de calificar en Primaria: las notas numéricas se sustituyeron por el antiguo sistema que va desde el insuficiente hasta el sobresaliente. Muchas comunidades gobernadas por el PP pusieron el grito en el cielo y anunciaron que se mantendrían con los números (otras prometen sumarse ahora) y enviaron a las familias los boletines trimestrales de esa manera. Pero estos boletines son meramente informativos. Lo que cuenta son las actas oficiales. En el Ministerio dudan de que vayan a atreverse a ir contra la ley.
También podrán los populares decidir qué se aprueba y qué no en la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas. Pero en Educación no parecen muy preocupados con esta circunstancia. Fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría explican que ya es tarde para grandes cambios en este ente. Con la ley y los reales decretos de desarrollo aprobados, apenas tiene nada que discutir ya. “Queda repartir fondos territoriales”, explican las fuentes, “y a eso no creo que se nieguen”.
El efecto Vox y el veto parental
La derivada de este aumento del poder popular es que en algunas comunidades viene Vox de la mano, sea dentro de los ejecutivos o apoyando desde fuera. Y algunos de los pactos de gobierno que ha firmado la derecha con la ultraderecha incluyen la aplicación del veto parental, por ejemplo en la Comunitat Valenciana, Aragón o Extremadura.
Qué sucede con esta cuestión será uno de los puntos de interés del curso. El Ministerio de Educación ya recurrió a los tribunales cuando Murcia amenazó con implantar este veto hace ya casi cuatro años. También está por verse el efecto que tiene la presión de Vox en las comunidades donde los populares gobiernan solos, toda vez que el veto empezó siendo una exigencia de los ultras para acabar siendo asumido como una política propia por el PP. Sin embargo, hace apenas unos meses un Gobierno tan confrontativo con Moncloa como el madrileño prohibió a un colegio aplicarlo.
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