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Solo dos comunidades autónomas bajarán el precio de las tasas universitarias el próximo curso

Madrid y Cataluña están a la cabeza de subidas de tasas en los últimos años.

Daniel Sánchez Caballero

Cuando la crisis apretaba y el Gobierno del PP, José Ignacio Wert mediante, decidió permitir a las comunidades autónomas que subieran el precio de los estudios universitarios, pocas dudaron. Casi todos los Ejecutivos regionales se aferraron a la idea con interés y jugaron al alza, con más o menos entusiasmo, con el margen que les daba el Ministerio de Educación.

Hoy, cuatro años después, cuando la normativa estatal permite comenzar a abaratar las tasas públicas, el interés para devolver los precios a donde estaban en 2012, o al menos acercarse, es más pequeño.

Solo dos comunidades autónomas han anunciado que bajarán el precio de las tasas universitarias: Aragón y Canarias. Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y las Islas Baleares ya han anunciado que las mantendrán congeladas.

El resto aún no lo ha hecho oficial, pero es la línea que han mantenido en los últimos años. Queda la duda de Madrid, que si sigue en la dinámica que mantiene Cristina Cifuentes desde que es presidenta hace dos años, las bajará (aunque todavía está muy lejos de compensar la subida previa que sufrieron).

Subir sí, bajar no

Así, las comunidades optan por mantener los precios públicos y no bajarlos en el primer curso en el que el Gobierno anunció que de alguna manera empezaba otra etapa: por primera vez desde la crisis y la subida de precios, el Ministerio de Educación permitía a las comunidades bajar el precio de los másteres no habilitantes (que el propio Ejecutivo había subido). Con el coste del grado, no necesitaba hacerlo porque ya podían bajarlas, pero nunca lo hicieron. Contrasta por tanto esta congelación generalizada de los precios con la subida mayoritaria que sí se registró cuando se pudo.

Esta situación de casi libre subida de los precios, dentro de una horquilla fijada por Educación (las comunidades podían cargar a los estudiantes entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios), provocó que se dispararan las diferencias existentes en el coste de la tasa que existían entre estudiar en una comunidad u otra.

No solo eso. Cada región ha seguido su propia política a la hora de fijar precios, pero también para establecer qué cuesta más y qué cuesta menos. Así, en algunas comunidades los grados más experimentales (los de ciencias) son sensiblemente más caros, mientras que en otras cuestan todos lo mismo. Las diferencias, por tanto, no son ya solo entre autonomías, también dentro de las propias autonomías.

“Sin justificación aparente”

El Observatorio del Sistema Universitarios de Cataluña, que estudió en un informe los precios de la universidad en toda España para el curso que ahora finaliza, concluyó respecto a este galimatías que “en general, los precios y los criterios para su establecimiento no son coherentes entre comunidades autónomas, no tienen justificación aparente, explicitada en los decretos de precios, y, en algunos casos, no se atienen a las normas dictadas en la ley”.

Ahora mismo, estudiar el mismo grado puede ser hasta tres veces más caro en una universidad que en otra. Cataluña, Madrid y Castilla y León fueron las comunidades que más subieron sus precios cuando pudieron. Galicia, Extremadura y Cantabria, en el otro extremo, apenas los han tocado.

El informe del observatorio catalán divide los estudios en seis grandes bloques en función de la rama del conocimiento (ciencias de la salud, ciencias experimentales, ingenierías y arquitectura, formación del profesorado, ciencias sociales y jurídicas y humanidades).

Sin entrar a desgranar cada uno, en los gráficos se observa que Cataluña aparece destacada del resto en todas las categorías, con precios de hasta 2.372 euros en los grados más caros, más que triplicando los 757 que indica para Andalucía. La diferencia se reduce a algo más del doble en las carreras más baratas (1.516 euros en Cataluña, 596 en Galicia). Entre la región catalana, la más cara siempre, y la más barata (a veces Galicia, a veces Andalucía) la diferencia nunca baja del doble.

Las diferencias entre comunidades son tan grandes que se llega a dar el caso de que una cuarta matrícula en un grado de ciencias sociales y jurídicas en Galicia (a partir de la segunda matrícula los precios se disparan hasta acercarse, y a veces sobrepasar, el 100% del coste real de la asignatura) es más barato que la primera en Cataluña.

De másteres y alumnos

La situación no es mucho más clara en cuanto a las políticas de precios en los másteres no habilitantes (los que no son necesarios para ejercer un oficio, como sí ocurre en la abogacía, por ejemplo). Sí se mantiene, sin embargo, la situación dispar del precio del grado: un máster en Cataluña cuesta, de media, 3.952 euros al año. En Castilla-La Mancha, la más barata, el coste mínimo es de 728 euros (más de cinco veces menos) y el máximo 1.132 (casi cuatro veces menos).

Entre medias se sitúan el resto de regiones, aunque con algunas particularidades. Por ejemplo, los “másteres a precios especiales”, como relata el Observatorio catalán que ocurre en determinadas comunidades: Asturias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y el País Vasco. En estos casos, el precio de un curso se puede ir hasta los 13.500 euros al año.

En paralelo a esta subida de precios en la universidad pública, en los últimos años se ha producido un trasvase de alumnos de estos centros a los privados. La causalidad no está demostrada, por lo que quizá habría que hablar de correlación, pero muchos expertos y representantes de profesores y estudiantes achacan este proceso, en parte, a la escalada en los costes de estudiar en campus públicos. “Si me va a costar casi lo mismo, considero las universidades privadas”, vendría a ser el razonamiento.

Así, en el periodo entre los cursos 2008-09 y 2014-15, los estudiantes de máster en los centros públicos han subido un 167% (de 42.753 alumnos a 114.198) y los de los privados se han disparado un 587% (de 7.668 estudiantes a 52.710). Traducido, esto quiere decir que las universidades privadas han pasado de tener un 15% de los alumnos que cursan máster a que un 32%, prácticamente uno de cada tres, lo hace en uno de sus centros.

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