Eliminar la rebaja del impuesto al diésel: una medida tardía pero que podría reducir las emisiones
Durante las últimas semanas el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de eliminar la rebaja del impuesto al diésel, para equipararlo con el de la gasolina. La medida, aunque aún no se ha concretado, ha sido recibida con cierto escepticismo, aunque existen estudios que avalan su implementación como medida para reducir las emisiones a corto plazo y como alternativa a la prohibición de vehículos diésel que se está planteando en varias ciudades europeas.
“Creo que la medida llegaría un poco tarde, porque en unos pocos años, cuando ya se hayan aplicado por normativa todas las medidas de reducción de emisiones, el diésel contaminará igual que la gasolina”, explica a eldiario.es el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, Xavier Querol.
Sin embargo, Querol, que lidera un proyecto financiado por la Comisión Europea destinado a mejorar la calidad del aire en el sur de Europa (AIRUSE), considera que, aunque tardía, la decisión puede servir para paliar los problemas derivados de los malos controles a los que la UE sometía a los vehículos, ya que éstos no reflejaban las emisiones reales.
Aunque a día de hoy la normativa y los controles se han corregido, de forma que los nuevos vehículos diésel y de gasolina tendrán niveles de emisiones similares, la realidad es que el tiempo que se ha tardado en corregir el error ha provocado que el parque automovilístico diésel esté plagado de vehículos demasiado contaminantes.
“La Comisión Europea conocía el problema de los tests de emisiones como mínimo desde 2008. Como no le puso freno, ahora tenemos un parque automovilístico lleno de vehículos diésel mucho más contaminantes de lo que deberíamos”, sentencia Querol.
Subir impuestos como alternativa a la prohibición
Ante este escenario y con el fraude de los motores diésel trucados aún en la retina, muchas administraciones locales y ayuntamientos han decidido tomar cartas en el asunto y están empezando a valorar prohibir la circulación de vehículos diésel a medio plazo.
Sin embargo, no todos los especialistas comparten este tipo de medidas, dado que con los nuevos controles las emisiones serán similares a los vehículos de gasolina Además, Querol asegura que “centrar las restricciones de tráfico solo en los coches diésel no sería justo para todas esas personas que compraron un diésel en 2011, cuando se les decía que era bajo en emisiones”.
Entre las posibles alternativas a la prohibición de estos vehículos está la eliminación de las ventajas impositivas que tiene el gasoil, ya que la mayor parte de los países europeos mantienen diferencias entre los impuestos de la gasolina y el gasoil, siempre favorables a este último. Tan solo Reino Unido ha equilibrado la presión fiscal sobre ambos.
Hasta un 10% menos de CO2 y NOx
El impacto de este tipo de medidas en el nivel de emisiones apenas se ha estudiado. Sin embargo, un estudio publicado el pasado año en la revista Transport Research mostraba que si se aplicara una equiparación de impuestos entre la gasolina y el gasóil, las emisiones tanto de CO como de óxidos de nitrógeno (NO) podrían reducirse hasta en un 10% en países como Alemania o Francia o hasta un 6% en España.
Según los autores del estudio, un equipo de investigadores del Institute for Climate Impact Research y del Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, “una derogación del tratamiento fiscal preferencial para el diésel y una introducción de un impuesto basado en el contenido de carbono, podría evitar cantidades considerables de gases contaminantes que dañan la salud”.
Según los autores del estudio, esto se debe a que los conductores diésel son mucho más sensibles a los cambios en el precio del combustible de lo que se suponía anteriormente, de forma que según su estimación, un alza de 20 céntimos de precio por litro disminuiría su consumo general hasta en un 14%.
Además, la medida provocaría la recaudación de unos 4.000 millones de euros el mismo año de la reforma en países como Alemania y Francia, y de 1.000 millones en España, Italia o Países Bajos, un dinero que los investigadores creen que podría invertirse en transporte público o en la investigación y desarrollo de tecnologías de conducción más limpias.
